Denunciaron reunión clandestina entre la ministra de Ambiente y el Comité de Santurbán en un hotel de Bucaramanga, a una semana de la mesa de concertación sobre Santurbán. A puerta cerrada y por la participación excluyente se generaron más dudas que certezas. Esquema de seguridad mantiene férreo acceso.
En medio de la tensión y las preocupaciones por la intención de realizar una mesa para la delimitación de Bucaramanga a menos de un mes de terminar el actual Gobierno, las organizaciones sociales, juntas de acción comunal, campesinas y de pequeños mineros de Bucaramanga y Soto Norte denunciaron que sin convocatoria alguna, de forma clandestina y a escondidas, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez, llegó a Bucaramanga para reunirse a puerta cerrada, en un hotel, con el denominado Comité de Santurbán este jueves 9 de julio de 2026.
La polémica reunión, que levanta graves sospechas sobre acuerdos que se estén planteando ilegítimamente por fuera de las mesas de delimitación y sin la participación de todas las partes involucradas, se realiza desde las 8:00 de la mañana en el Hotel Chicamocha de Bucaramanga, acompañada por un esquema de seguridad de la Policía, y con la participación del Comité de Santurbán y el Sindicato del Acueducto de Bucaramanga, organizaciones que abiertamente anunciaron su público respaldo al actual Gobierno Nacional, al excandidato Iván Cepeda y al Pacto Histórico en Santander.
“Las preguntas que todos nos hacemos es ¿qué están escondiendo? ¿Por qué necesitan hacer las cosas en la oscuridad y de espalda a la opinión pública? ¿Qué están acordando o negociando a puerta cerrada? Denunciamos que el Ministerio está ignorando por completo a las comunidades directamente afectadas, las advertencias y solicitudes de transparencia y garantía de participación de la Gobernación de Santander, de la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo”, afirmó Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del río Alto Lebrija.
Según indicó la líder del sector, “exigiremos a los tribunales, autoridades y organismos de control que la mesa citada para el 18 de julio sea suspendida y que este proceso que abandonaron durante más de 3 años, sea retomado por el nuevo Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Esperamos que la Alcaldía de Bucaramanga no se siga prestando para este juego politiquero, y vamos a llevar este caso hasta los tribunales, nacionales e internacionales, que sean necesarios”.
Más de 30 organizaciones sociales, comunales y ambientales, junto con las 136 Juntas de Acción Comunal (JAC) de los municipios de Tona, Vetas, California, Suratá, Matanza y Charta, que representan a cerca de 25 mil habitantes de la Provincia de Soto Norte y los corregimientos 1,2 y 3 de Bucaramanga, han denunciado la manipulación sistemática de este proceso en contra de lo ordenado en la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.
“Esta reunión clandestina evidencia la falta de transparencia con la que se actúa, de espalda a la ciudadanía y a los organismos de control, y haciendo caso omiso a las advertencias del Tribunal Administrativo de Santander y a las solicitudes de aplazamiento presentadas por la Gobernación de Santander, los alcaldes de Soto Norte, las veedurías ciudadanas y las organizaciones firmantes”, dijo la señora González.
«Nos declaramos en desobediencia civil pacífica ante el centralismo y la imposición de grupos que quieren cuadrar a puerta cerrada una delimitación a su conveniencia, vulnerando nuestros derechos, y hasta creando un aumento en las tarifas del agua para financiar su politiquería. Esto no lo vamos a permitir», señaló González.
En consecuencia, las organizaciones civiles ratificaron su desobediencia civil pacífica ante este proceso, y exigieron el aplazamiento de la mesa de concertación programada para el 18 y 19 de julio.
