Caminar a tres mil metros de altura, entre la neblina y el frío helado de Santurbán, revela una verdad incómoda: el debate por el agua fue secuestrado por la ideología urbana. Mientras la montaña sufre el abandono estatal, el discurso político ignora la realidad técnica y socioeconómica del territorio.
Por: Luis Carlos Heredia Ordóñez | Estar en Santurbán, recorrer los senderos del páramo, hablar directamente con los pobladores de la provincia de Soto Norte y pisar la tierra donde nace el agua, da una perspectiva imposible de obtener desde la comodidad de un escritorio en la ciudad o detrás de una pantalla en redes sociales.
Resulta irrazonable que hoy pretenda dictar sentencia sobre el futuro de esta región un sector de la población que jamás ha vivido un solo día en el páramo, que no conoce el rigor de su clima ni las necesidades cotidianas de las familias que lo habitan desde hace generaciones.
Con el paso de los años, movimientos como el Comité por la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán sufrieron una metamorfosis lamentable.
Lo que en su origen nació como una causa ciudadana legítima y necesaria para velar por las fuentes hídricas, paulatinamente fue absorbido y politizado por partidos de la izquierda colombiana. Este colectivo transformó una causa social genuina en una plataforma de populismo y en un punto de partida para conquistas electorales.
Lejos de construir soluciones reales para la sostenibilidad del ecosistema, este activismo derivó en una suerte de «barra brava» del ambientalismo.
Se trata de un grupo altamente radicalizado que desprecia el debate técnico, ignora la evidencia científica y prefiere la arenga ideológica. Peor aún, cayeron en la peligrosa dinámica de señalar, estigmatizar y perseguir a cualquier persona o líder local que intente proponer alternativas equilibradas para el desarrollo de la zona. No es posible proteger un ecosistema mediante la polarización y la imposición de dogmas desde el desconocimiento del territorio.
Mientras este espectáculo mediático y político acaparaba la atención pública, la realidad en la montaña tomaba un rumbo destructivo por culpa de la omisión institucional.
Tras el fracaso del proyecto ambiental de la multinacional Eco Oro y la posterior reversión de sus bienes al Estado, el Gobierno saliente tenía la obligación legal de custodiar los socavones y la infraestructura minera abandonada. Sin embargo, la administración nacional simplemente abandonó estos predios, dejando un peligroso vacío de autoridad.
Esa parálisis gubernamental facilitó que las redes de minería ilegal y el tráfico clandestino de oro tomaran el control de los túneles abandonados. Hoy, el daño en Santurbán no responde a un debate ideológico sobre la megaminería, sino a un negocio criminal no regulado.
Son estas estructuras delictivas las que operan sin ningún estándar técnico, generando vertimientos de agua con acidez extrema y metales pesados que amenazan directamente el ecosistema de los frailejones y la calidad del agua de la región.
Frente a esta crisis, la respuesta no puede ser la prohibición absoluta ni el acorralamiento de quienes han habitado históricamente la zona. La gente de Soto Norte no es invasora en su propia tierra; tiene el derecho fundamental de usar su suelo y mantener la minería ancestral y tradicional como un oficio digno, estable y legítimo.
Por esta razón, se hace urgente implementar un proceso riguroso de formalización minera. Esta medida es la única vía técnica para garantizar que la actividad extractiva cumpla con los estándares ambientales nacionales e internacionales de la minería del oro, permitiendo la supervisión directa del Estado. Salvar Santurbán exige menos consignas populistas y mayor compromiso técnico e institucional con el territorio.
Como ingeniero ambiental, no hablo desde el escritorio ni desde la comodidad de una pancarta en la calle; hablo con la autoridad de quien conoce la ciencia, la técnica y la realidad de una montaña que no necesita más discursos, sino soluciones.
El verdadero desarrollo ambiental de Santander no se construye agitando emociones ni dividiendo comunidades, sino aplicando ingeniería seria, rigurosa y comprometida con el territorio.
La formalización, el control técnico de los vertimientos y la restauración de los ecosistemas son tareas complejas de la ciencia aplicada, no consignas simplistas de tarima. Es hora de entender que la ingeniería ambiental es la única herramienta capaz de articular la protección estricta del agua con la dignidad productiva de su gente, transformando la inacción estatal en una presencia institucional efectiva.
No podemos seguir permitiendo que el populismo ambiental y este activismo de barras bravas continúen secuestrando el futuro de Soto Norte.
Ese ambientalismo dogmático, que predica el odio y incita al señalamiento, no ha sembrado un solo frailejón ni ha tratado un solo litro de agua ácida; solo ha cosechado violencia, polarización y la paradoja trágica de entregarle el páramo en bandeja de plata a la criminalidad.
Quienes usan el agua como bandera política mientras ignoran la técnica, le están haciendo a Santurbán exactamente el mismo daño que las mafias de la minería ilegal.
Proteger la vida y el ecosistema exige madurez técnica: es momento de apagar el micrófono de los fanáticos y darle paso a la ciencia y a la ingeniería para construir la verdadera sostenibilidad que la región exige.
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*Tecnólogo ambiental, ingeniero ambiental.
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