En Colombia, la memoria histórica ha dejado de ser camino hacia la reconciliación para convertirse en campo de batalla: izquierdas y derechas la instrumentalizan políticamente, produciendo polarización permanente en lugar de comprensión compartida del pasado.
Por: Édgar Mauricio Ferez Santander | Por décadas nos enseñaron que recordar era un deber moral. Que la memoria era una vacuna contra la barbarie. Que una sociedad que olvida está condenada a repetir sus errores. Pero, ¿qué ocurre cuando la memoria deja de ser un ejercicio de comprensión y se convierte en un arma política? ¿Qué pasa cuando recordar ya no sirve para entender el pasado, sino para derrotar al adversario en el presente?
La pregunta parece incómoda en una época donde la memoria se ha convertido en una especie de religión civil. Quien recuerda tiene razón; quien cuestiona la forma de recordar es sospechoso de complicidad con los verdugos. Sin embargo, pensadores como David Rieff en su provocador In Praise of Forgetting: Historical Memory and Its Ironies y Tzvetan Todorov en Los abusos de la memoria han advertido que la memoria no siempre produce reconciliación. A veces produce exactamente lo contrario: resentimiento, polarización y una competencia permanente por el monopolio del sufrimiento.
Durante buena parte del siglo XX, las luchas de izquierda construyeron su identidad alrededor de las víctimas de la exclusión, la violencia estatal, el paramilitarismo y las desigualdades estructurales. Esa reivindicación tenía una legitimidad evidente. Un país que había ocultado durante décadas numerosas formas de violencia necesitaba escuchar a quienes habían sido silenciados.
Sin embargo, en algunos sectores de las nuevas izquierdas colombianas muy cercanas a lo woke ha surgido un fenómeno distinto: la memoria dejó de ser únicamente una búsqueda de verdad para convertirse en una fuente de autoridad moral. No basta ya con tener argumentos; es necesario demostrar que se representa a las víctimas correctas. La historia deja de ser una investigación abierta y se transforma en un tribunal permanente donde ciertos grupos poseen la condición exclusiva de víctimas y otros son ubicados automáticamente en el lugar de los victimarios. Disentir ya no es simplemente discrepar: puede interpretarse como negacionismo o complicidad con los responsables históricos.
La memoria se convierte, entonces, en un certificado de superioridad ética. No importa tanto lo que se propone para el futuro como la posición moral que se ocupa frente al pasado.
La reacción no se hizo esperar. Las nuevas derechas colombianas que van cercana a lo libertario, Armas, alcohol irracional y admiradores de Trump (GUNS) comprendieron rápidamente que no podían combatir la política de la memoria ignorándola. Decidieron disputar el pasado con sus propias narrativas.
Si la izquierda hablaba de las víctimas del Estado y del paramilitarismo, la derecha reivindicó a los secuestrados, extorsionados y asesinados por las guerrillas. Si la izquierda construía héroes alrededor de movimientos sociales, la derecha los construía alrededor de militares, empresarios y líderes que enfrentaron a los grupos armados. El resultado fue una guerra de memorias: cada sector elaboró una versión del pasado donde sus muertos eran los verdaderamente importantes y donde las responsabilidades propias aparecían minimizadas o justificadas.
Así se banalizó la memoria dejó de ser un puente hacia la reconciliación y se convirtió en una trinchera ideológica. La nueva derecha, sin embargo, no se limitó a disputar los hechos. También disputó quién tiene la autoridad para interpretarlos. En esa batalla apareció un concepto recurrente: el llamado «marxismo cultural».
Conviene ser precisos sobre qué es esta categoría. No se trata de un concepto académico consolidado sino de una narrativa política construida, principalmente, en sectores conservadores y de derecha radical. Según esta visión, el marxismo no desapareció con la caída del Muro de Berlín: simplemente cambió de escenario. Habría abandonado la lucha económica tradicional y trasladado el conflicto hacia la cultura, la educación, las universidades, el lenguaje, la identidad de género, el feminismo, el ambientalismo y las políticas de memoria histórica.
Desde esta perspectiva, la memoria histórica no sería únicamente un ejercicio de reparación para las víctimas, sino una herramienta mediante la cual ciertas élites intelectuales buscarían redefinir la identidad nacional, reescribir la historia y establecer nuevas jerarquías morales. En Colombia, esta narrativa ha encontrado eco en sectores que consideran que la academia, los medios de comunicación y algunas instituciones del Estado han construido una lectura del conflicto donde las responsabilidades estatales ocupan el centro explicativo mientras otros actores —particularmente las guerrillas— aparecen relativizados.
Los críticos señalan, con razón, que el concepto de «marxismo cultural» tiene problemas importantes. Agrupa fenómenos muy distintos bajo una misma etiqueta y funciona frecuentemente como herramienta de combate político más que como categoría analítica rigurosa. No explica: estigmatiza. No describe: acusa. Pero, independientemente de sus limitaciones intelectuales, su influencia política es evidente. Buena parte de la nueva derecha colombiana ha construido su identidad precisamente en oposición a lo que considera una hegemonía cultural progresista que monopoliza la interpretación legítima del pasado.
Existe una paradoja fascinante. Tanto la nueva izquierda como la nueva derecha afirman defender la memoria para evitar la repetición de los errores históricos. Pero muchas veces terminan produciendo exactamente el efecto contrario.
La memoria se transforma en una industria del agravio. Cada sector necesita mantener viva la indignación de sus seguidores. Cada elección requiere recordar una masacre, una traición, una persecución o una injusticia. Cada campaña necesita demostrar que el adversario no es simplemente un competidor político sino el heredero directo de una culpa histórica. La consecuencia es que el pasado nunca termina de pasar. Se convierte en una presencia permanente que coloniza el presente e impide construir proyectos comunes de futuro.
David Rieff plantea una pregunta incómoda: ¿es cierto que recordar siempre ayuda? Su respuesta es negativa. La historia mundial muestra numerosos casos donde las guerras fueron alimentadas precisamente por recuerdos colectivos transmitidos durante generaciones. Los Balcanes, Irlanda del Norte, Oriente Medio muestran cómo la memoria puede transformarse en combustible político de largo aliento.
Tzvetan Todorov llega a una conclusión similar por otra vía. Para él existe una diferencia fundamental entre usar la memoria para comprender y usarla para victimizarse eternamente. Cuando una comunidad convierte el sufrimiento pasado en el centro absoluto de su identidad, corre el riesgo de quedar atrapada en una lógica donde toda acción presente se justifica por una herida histórica. La memoria deja entonces de producir justicia y comienza a producir resentimiento.
El resultado es paradójico, pero perfectamente coherente con la lógica de la polarización contemporánea. La izquierda acusa a la derecha de negar la memoria. La derecha acusa a la izquierda de monopolizarla. La izquierda teme el olvido. La derecha teme una memoria convertida en ideología. Ambos relatos contienen hechos reales. El problema aparece cuando cada uno pretende ser el único relato legítimo.
Porque reconciliar significa aceptar que el otro también sufrió. Significa reconocer que ninguna memoria posee el monopolio absoluto del dolor. Y esa concesión, en la política colombiana contemporánea, resulta casi imposible. Admitir que el adversario también tiene víctimas es, en la lógica del agravio permanente, una forma de traición.
Quizás la verdadera pregunta no sea cuánto recordar sino cómo recordar. Una memoria orientada hacia la reconciliación no busca fabricar héroes puros ni villanos absolutos. No busca otorgar certificados de superioridad moral. No convierte el sufrimiento en capital político. Su objetivo es comprender cómo una sociedad llegó a destruirse a sí misma para evitar repetir ese proceso.
Eso implica reconocer responsabilidades múltiples, admitir zonas grises y aceptar que la historia rara vez coincide con las narrativas partidistas. Implica, también, distinguir entre la memoria como acto de justicia —necesario e irrenunciable— y la memoria como arma de guerra cultural —peligrosa y autodestructiva.
Las sociedades maduras no son las que olvidan completamente. Tampoco son las que viven encarceladas por sus recuerdos. Son las que son capaces de recordar sin convertir el pasado en una herramienta permanente de confrontación. Colombia aún no ha llegado ahí. Mientras todos afirman defender la memoria, cada vez parece más difícil construir un relato común que permita imaginar un futuro compartido.
Tal vez la reconciliación no consista en recordar más fuerte que el adversario. Tal vez consista en aceptar que ninguna memoria, ni de izquierda ni de derecha, posee por sí sola toda la verdad sobre el pasado. Y que una nación no puede construirse únicamente sobre el inventario infinito de sus heridas.
…
*Historiador, Magíster de la Universidad de Murcia y Candidato a doctor en estudios migratorios Universidad de Granada-España.
