Las fiestas terminan, las tradiciones se conservan. La incertidumbre de un trabajador, no. Cuando el Estado celebra mientras quienes le prestan sus servicios esperan un contrato o el pago de su trabajo, la pregunta deja de ser incómoda y se vuelve obligatoria: ¿estamos frente a una posible forma de explotación laboral?
Por: Óscar Humberto Cote Cote | La manera más sencilla de conocer las verdaderas prioridades de un gobierno consiste en observar cómo decide destinar los recursos públicos. Los discursos pueden ser impecables, los planes de desarrollo pueden estar cuidadosamente redactados y las promesas pueden sonar convincentes; sin embargo, la ejecución del presupuesto jamás miente.
Por eso no deja de sorprender lo que hoy parece ocurrir en Piedecuesta. Mientras el municipio habría destinado una cifra que, según los valores que suelen cobrar por presentación los artistas que participaron en los cerca de cuatro conciertos principales y la información publicada en las plataformas de contratación pública, podría superar los $5.500 millones para la realización de ferias, conciertos, logística y espectáculos con ocasión de su aniversario número 250, existen personas que afirman haber trabajado durante algunos meses sin haber recibido el pago de sus honorarios y otras que aseguran continuar prestando sus servicios sin la formalización de un contrato y, además, sin recibir remuneración por su labor.
La importancia de la cultura es incuestionable, ni qué decir de las tradiciones. Sería absurdo sostener lo contrario. Las ferias hacen parte de la identidad de los pueblos y generan dinámicas económicas importantes. Lo que sí resulta cuestionable es la escala de prioridades de una administración que parece encontrar recursos suficientes para financiar el entretenimiento, mientras quienes hacen funcionar diariamente la institucionalidad continúan esperando el cumplimiento de obligaciones laborales básicas.
El sentido común indica que ninguna fiesta puede celebrarse sobre la incertidumbre económica de quienes dependen de un salario para sostener a sus familias.
Las explicaciones que suelen ofrecer algunos secretarios de despacho a quienes reclaman el incumplimiento de sus obligaciones laborales son diversas: la Ley de Garantías, demoras administrativas e incluso dificultades presupuestales. Sin embargo, esas respuestas pierden credibilidad cuando también se conoce, según el último informe auditor de la Contraloría General de Santander para la vigencia 2025, que Piedecuesta incrementó de manera significativa sus ingresos propios durante dicho periodo, especialmente después de la implementación de la actualización catastral multipropósito y de las denuncias formuladas por este columnista sobre una presunta doble contabilidad. Si, como se ha informado, el municipio dispone de mayores ingresos, la pregunta resulta inevitable: ¿por qué no existe la misma diligencia para garantizar el pago oportuno de quienes prestan sus servicios a la actual administración municipal?
Más preocupante aún resulta que algunas de las denuncias conocidas hablen de personas que comenzaron a desempeñar funciones con la promesa verbal de una futura vinculación contractual. Si ello llegara a confirmarse, estaríamos frente a una práctica completamente incompatible con los principios de la administración pública y con el respeto que merece cualquier trabajador. Ningún servidor público debería exigir resultados sin ofrecer primero las garantías legales que protegen a quien presta un servicio.
La corrupción no siempre consiste en apropiarse ilegalmente de los recursos públicos. También existe cuando el presupuesto deja de responder a las verdaderas necesidades de la comunidad para atender prioridades discutibles. Gobernar significa decidir qué es más importante; en otras palabras, priorizar el gasto. Y toda decisión presupuestal constituye un reflejo de la posición ética de quienes administran los recursos públicos.
Lo debatible, en el fondo, no son únicamente las ferias. El verdadero debate consiste en preguntarnos si una administración puede justificar inversiones millonarias en espectáculos mientras existen obligaciones laborales pendientes y necesidades sociales que siguen esperando solución.
Piedecuesta continúa enfrentando enormes desafíos en infraestructura, educación, movilidad y gestión del riesgo. Basta recordar la situación del Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento, construido junto a una zona identificada por el PBOT, vigente desde 2003, como área de amenaza por inundación del río de Oro. También siguen pendientes inversiones estratégicas que permitan transformar realmente la calidad de vida de los ciudadanos. Frente a ese panorama, es legítimo preguntarse si el gasto público está respondiendo a las prioridades correctas.
El Estado colombiano estableció, desde 2017, la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), precisamente para fortalecer la eficiencia administrativa y garantizar, entre otros aspectos, el respeto por el talento humano. El pago oportuno de salarios y honorarios no constituye una muestra de buena voluntad; representa una obligación institucional y una garantía mínima de dignidad para quienes trabajan al servicio de la administración.
En mi opinión, cuando una entidad pública obliga —o permite— que una persona trabaje durante semanas sin contrato o sin recibir oportunamente la remuneración pactada, deja de tratarse de una simple falla administrativa. Estamos frente a hechos que podrían constituir una forma de explotación laboral, pues desconocen principios elementales de respeto por el trabajo humano y merecen ser revisados por los organismos competentes.
Tampoco pueden pasar inadvertidas las denuncias relacionadas con la contratación de las festividades municipales, particularmente aquellas que cuestionan la publicidad y la trazabilidad de algunos contratos asociados a artistas y eventos. No me corresponde establecer responsabilidades, pero sí exigir, como ciudadano y como columnista, que toda inversión pública sea transparente y pueda ser explicada con absoluta claridad. El dinero público pertenece a los ciudadanos, no a los gobiernos de turno, y con mayor razón cuando existen denuncias de incumplimientos laborales.
Es precisamente allí donde la confianza institucional comienza a deteriorarse. Cuando los trabajadores esperan el pago de sus honorarios y la formalización de su vinculación contractual; cuando los ciudadanos observan prioridades presupuestales difíciles de comprender; y cuando las respuestas oficiales no despejan las dudas, sino que las incrementan, la credibilidad de la administración empieza a fracturarse.
Debemos creer profundamente en la cultura. Creo en las tradiciones y en la importancia de fortalecer la identidad de nuestros municipios. Pero también creo que ninguna tradición puede sostenerse sacrificando la dignidad de quienes esperan el fruto de su trabajo.
Porque un concierto termina en pocas horas. Los fuegos artificiales iluminan el cielo apenas unos minutos. En cambio, la angustia de una madre o de un padre que no sabe cómo pagar el mercado, el arriendo o sus obligaciones financieras por culpa del incumplimiento del Estado perdura mucho después de que se apagan las tarimas.
Y mientras eso ocurra, ningún gobierno puede sentirse orgulloso de sus fiestas cuando todavía tiene una deuda pendiente con la dignidad de las personas que le prestan servicios laborales. Como ciudadanos, tampoco podemos considerar una celebración como un verdadero motivo de orgullo si, para hacerla posible, se sacrificó el sustento oportuno de familias piedecuestanas.
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*Veedor municipal e integrante del Comité de Control Social de la Contraloría de Santander.
