Homicidio tras homicidio. Sicariato tras sicariato. Lo que más preocupa no es el aumento de la violencia y de muertos, sino que estemos empezando a ver esto como parte de nuestro día a día y no podemos normalizarlo en el área metropolitana de Bucaramanga.
Por: Álvaro Leonel Rueda Caballero | El pasado 23 de julio se registraron dos nuevos sicariatos en el área metropolitana, aumentando de manera preocupante la cifra de casos reportados durante este año. Mientras muchos reaccionamos con indignación, otros parecen comenzar a asumir esta violencia como parte de la rutina. Ese es, quizás, uno de los mayores riesgos: olvidar que detrás de cada cifra hay una familia destruida, un barrio que pierde la tranquilidad y miles de ciudadanos que sienten cómo la inseguridad gana terreno.
Pero existe un fenómeno aún más preocupante y es que cada vez es más frecuente que las organizaciones criminales utilicen menores de edad para ejecutar los delitos más graves.
Las autoridades y los medios de comunicación han venido alertando sobre una modalidad que crece silenciosamente en nuestra región: adolescentes reclutados por estructuras delincuenciales para cometer homicidios, cobrar extorsiones, transportar armas o participar en otras actividades criminales. Lo que hace algunos años parecía excepcional, hoy empieza a convertirse en un patrón que no podemos ignorar.
Hace un año, el país se estremeció por el atentado que acabó con la vida de Miguel Uribe Turbay. Según las investigaciones, el presunto autor material era un adolescente reclutado por una organización criminal. Ese episodio, que conmocionó a Colombia, no está tan lejos de lo que hoy estamos viendo en el área metropolitana de Bucaramanga. Hace apenas unas semanas, el empresario Joussef Charlie Najm fue víctima de un atentado y, de acuerdo con la información conocida hasta ahora, uno de los presuntos agresores también era menor de edad.
Estos no son hechos aislados. Por el contrario, evidencian que las bandas criminales entendieron algo que el Estado todavía no ha querido reconocer. Descubrieron que reclutar menores les resulta útil. Muchos de esos adolescentes saben perfectamente que matar, extorsionar o participar en un atentado es un delito y conocen la gravedad de sus actos; aun así, deciden hacerlo. Sin embargo, también es cierto que buena parte de ellos proviene de entornos marcados por la pobreza, la deserción escolar, la violencia, el consumo de drogas o la ausencia de oportunidades. Esa realidad es aprovechada por las organizaciones criminales, que encuentran en su vulnerabilidad una forma de fortalecer sus estructuras y reducir los riesgos para quienes realmente dirigen el negocio del crimen.
Comprender esa realidad no significa justificarla. La necesidad nunca puede convertirse en una excusa para relativizar delitos que destruyen vidas y nuestra sociedad tiene derecho a exigir respuestas proporcionales frente a conductas de extrema gravedad, especialmente cuando afectan la vida, la integridad y la tranquilidad de la gente.
Precisamente por eso resulta importante abrir una discusión seria sobre el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, no porque el problema sean únicamente los adolescentes. El verdadero problema es que las organizaciones criminales encontraron en ellos un instrumento para seguir delinquiendo y lograr, en últimas, que las consecuencias penales sean más cortas.
Durante mi paso por el Congreso, junto con varios colegas, presentamos un proyecto de ley para actualizar ese sistema. La iniciativa no buscaba eliminar el tratamiento diferenciado que la Constitución reconoce a los menores de edad ni desconocer las garantías propias del debido proceso. Lo que pretendía era fortalecer un sistema que hoy presenta vacíos evidentes: establecer respuestas ajustadas a la gravedad de los delitos, robustecer los procesos de resocialización, diferenciar el tratamiento de quienes cometen homicidios y otros delitos de alto impacto frente a quienes incurren en conductas de menor gravedad, e impedir que al alcanzar la mayoría de edad continuaran compartiendo espacios con adolescentes dentro del mismo sistema.
Como integrante del Consejo Superior de Política Criminal defendí esa iniciativa y voté para que recibiera concepto favorable. Lamentablemente, apenas dos integrantes del Consejo respaldamos esa posición. Aunque ese concepto no era vinculante, su rechazo terminó cerrando una discusión que el Congreso, infortunadamente, tampoco dio.
Ahora bien, tampoco podemos caer en el error de creer que todo se resuelve endureciendo las sanciones. Soy consciente de que esa reforma, por sí sola, tampoco resolvería el problema, pues sería un error concentrar toda la discusión en los menores que ejecutan los delitos y olvidar a quienes verdaderamente los promueven. Detrás de cada adolescente que empuña un arma suele existir un adulto que recluta, financia, planifica y ordena el crimen. Son esos cabecillas quienes convierten la vulnerabilidad de nuestros jóvenes en un negocio y quienes deben enfrentar consecuencias mucho más severas cuando utilizan menores de edad para cometer delitos.
La primera política de seguridad siempre será la prevención. Como Estado, tenemos la obligación irrenunciable de garantizar educación, oportunidades, acompañamiento familiar, atención en salud mental y alternativas reales para que ningún niño, niña o adolescente encuentre en la delincuencia un proyecto de vida. Pero la prevención y la responsabilidad no son conceptos opuestos; son complementarios. Un Estado que ofrece oportunidades también debe responder con firmeza cuando un adolescente participa en delitos de extrema gravedad y, sobre todo, debe actuar con toda contundencia contra quienes los reclutan y los convierten en instrumentos del crimen organizado.
En este debate también hay víctimas. Hay padres que han perdido a sus hijos, comerciantes que viven bajo amenaza, familias que sienten miedo de salir a la calle y comunidades enteras que reclaman algo tan básico como poder vivir en paz.
La seguridad no se construye únicamente con más policías ni con más cárceles. Se construye fortaleciendo la familia, mejorando la educación, recuperando el espacio público, generando oportunidades para nuestros jóvenes, modernizando nuestras instituciones y golpeando con toda la fuerza del Estado a las estructuras criminales que se aprovechan de ellos.
Hoy, el nuevo Congreso tiene una responsabilidad que ya no admite más aplazamientos: debe entrar a discutir este tema. Llegó el momento de revisar el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, fortalecer la prevención, proteger a nuestros jóvenes del reclutamiento criminal y endurecer las consecuencias para quienes los utilizan como instrumentos de la violencia. Las bandas criminales ya cambiaron las reglas. La pregunta es si el Estado tendrá la capacidad de hacerlo también, antes de que otra familia colombiana tenga que llorar una nueva tragedia.
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*Excongresista de la República – Abogado
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