Colombia transita entre lo local y lo nacional mientras se consolida como país de migrantes: 2,8 millones de venezolanos y once millones de flujos fronterizos exigen gobiernos locales fuertes y un Estado articulado.
Por: Édgar Mauricio Ferez Santander | En Ciudades en Disputa: Imaginarios, Poder y Planificación, el libro que escribí junto a Carlos Enrique Paternina Contreras, argumentamos que las ciudades no colapsan por accidente: se fragmentan, se excluyen y se vuelven violentas como resultado de decisiones políticas que terminan materializándose en el territorio. Esa tesis, pensada originalmente para el suelo urbano y los modelos de planificación, adquiere hoy una dimensión adicional cuando se le suma el fenómeno migratorio: Colombia es, al mismo tiempo, un país que expulsó a su gente durante décadas y un país que hoy recibe, transita y despide a millones de personas. Comprender esa doble condición migratoria es indispensable para pensar la relación entre lo local y lo nacional.
La discusión conecta también con la idea de los «Estados en disputa», una noción que en el debate latinoamericano reciente se usa para describir una doble crisis: por un lado, territorios y regiones atravesados por tensiones geopolíticas crecientes; por otro, el propio Estado como institución, cuestionado no solo en su capacidad de intervención sino en su legitimidad y en su relación con la sociedad. Esa doble crisis —geopolítica y de legitimidad institucional— es precisamente el terreno donde se libra hoy la disputa migratoria en Colombia.
Las ciudades y municipios colombianos no son ya simples divisiones administrativas; son puertas de entrada, salida y tránsito de un fenómeno humano que ningún alcalde ni ningún ministerio puede gestionar en solitario. La migración, más que ninguna otra dinámica contemporánea, obliga a repensar la arquitectura del Estado desde el municipio hacia la nación, y no al revés.
Colombia es un país de migrantes, pero conviene precisar de qué tipo de experiencia migratoria se trata, porque ahí está la clave del problema. A diferencia de Argentina, Uruguay o Brasil, que se construyeron demográficamente sobre olas masivas de inmigración europea entre finales del siglo XIX y mediados del XX, Colombia nunca fue, hasta hace muy poco, un país receptor a gran escala. Entre 1880 y 1930 llegaron al país entre 10.000 y 30.000 inmigrantes sirio-libaneses —la oleada extranjera más significativa de esa época—, junto a comunidades más pequeñas de judíos, alemanes, italianos, franceses, británicos y jamaiquinos. Su huella económica y cultural fue notable en ciudades como Barranquilla, Cartagena y Cali, pero su volumen fue modesto frente a los patrones migratorios del Cono Sur: Colombia recibió a miles, no a millones.
La verdadera experiencia migratoria acumulada del país, la que de verdad define su capacidad institucional, es otra: el desplazamiento forzado interno. El conflicto armado ha producido, según el Registro Único de Víctimas, un acumulado histórico cercano a 8,9 millones de personas desplazadas dentro del propio territorio nacional, mientras que el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC) calculaba 7,2 millones de personas aún en esa condición al cierre de 2025 —cifra que ubica a Colombia como el segundo país del mundo con más desplazados internos, solo detrás de Sudán—. Es decir: Colombia ha desarrollado, a lo largo de dos décadas de política pública, una institucionalidad robusta para atender la movilidad forzada dentro de sus propias fronteras, pero apenas está aprendiendo a hacer lo mismo con la movilidad que llega desde afuera.
Durante la segunda mitad del siglo XX, la bonanza petrolera venezolana y el recrudecimiento de ese mismo conflicto armado llevaron a más de un millón trescientos mil colombianos a cruzar la frontera hacia Venezuela en busca de trabajo y seguridad. Ese país fue, por generaciones, el destino de nuestra diáspora, mientras Colombia permanecía casi ausente del mapa de los países receptores. La historia se invirtió con el colapso económico e institucional venezolano de la última década, y Colombia pasó, en apenas un puñado de años, de ser un emisor marginal a convertirse en el principal receptor de la migración venezolana en el continente: una transición demográfica sin precedentes en la historia republicana del país.
Ese giro no fue automático ni instantáneo. Los censos colombianos del siglo XX registraban una presencia venezolana marginal: apenas 16.224 personas en 1964 y 43.285 en el censo de 1993. La cifra comenzó a crecer de forma sostenida entre 2002 y 2003, con la llegada de trabajadores petroleros desplazados por la crisis institucional venezolana, y se disparó de manera exponencial a partir de 2015, cuando el colapso económico del país vecino convirtió a Colombia, por primera vez en su historia, en el principal punto de acogida de la diáspora más numerosa de la historia reciente de América Latina.
Las cifras de este cambio demográfico son contundentes. Según el más reciente informe del Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana de Migración Colombia, a corte de enero de 2026 se contabilizaron 2.841.048 personas de nacionalidad venezolana presentes en el país, de las cuales el 82% se encuentra en condición migratoria regular. Entre 2024 y 2025, el número de migrantes venezolanos con presencia regular pasó de 1.116.104 a 1.302.157, un incremento del 16,6%. Y en los primeros tres meses de 2026, la frontera colombo-venezolana registró casi once millones de flujos migratorios pendulares, con un promedio diario superior a 58.000 movimientos en cada sentido. Estas cifras no describen una anomalía pasajera, sino una demografía migrante consolidada, que ha convertido a departamentos como Norte de Santander, Arauca y La Guajira en verdaderos laboratorios de gobernanza fronteriza.
Es importante subrayar un matiz que suele perderse en el debate público: Colombia se ha convertido más en un país de tránsito que de permanencia definitiva. El flujo de instalación de nuevos migrantes venezolanos se ha desacelerado, mientras crece el tránsito hacia Ecuador, Perú, Chile y, de manera creciente, hacia Estados Unidos. Esta transición demográfica exige de los gobiernos locales una capacidad de respuesta distinta a la que exigiría una migración de asentamiento permanente: infraestructura de acogida temporal, sistemas de salud y educación flexibles, y coordinación binacional constante.
Aquí es donde la tesis de Ciudades en Disputa se vuelve más urgente. Si la planificación urbana, lejos de ser neutral, ha sido históricamente un instrumento que profundiza la exclusión territorial cuando se diseña sin considerar las capacidades reales del territorio, lo mismo ocurre con la política migratoria. Los municipios fronterizos reciben, en la práctica, la primera y más intensa carga institucional de la migración: vivienda, salud, educación, empleo y servicios públicos. Sin embargo, carecen sistemáticamente de los recursos fiscales y administrativos necesarios para atenderla, mientras el Gobierno nacional diseña políticas migratorias que con frecuencia ignoran las capacidades reales de los territorios receptores. La migración, lejos de ser un asunto exclusivamente fronterizo o de política exterior, es hoy un problema de gobernanza multinivel que exige coordinación efectiva entre el Estado central, las autoridades locales, la cooperación internacional y las comunidades receptoras.
Pensar el país de lo local a lo nacional significa invertir el orden tradicional de la planificación pública. En lugar de diseñar políticas migratorias, de vivienda o de desarrollo territorial desde Bogotá para luego «bajarlas» a los municipios, el Estado colombiano debería partir de la experiencia acumulada por los gobiernos locales que llevan una década gestionando movilidad humana en tiempo real, y desde allí construir una política nacional coherente. Esa experiencia, además, ya existe parcialmente: la institucionalidad construida en dos décadas para atender el desplazamiento forzado interno —el Registro Único de Víctimas, la Unidad para las Víctimas, los esquemas de atención humanitaria territorial— es un activo que el país apenas ha empezado a poner al servicio de la migración externa, cuando debería ser precisamente el punto de partida. Esto exige fortalecer la autonomía fiscal de los territorios fronterizos, consolidar mecanismos permanentes de coordinación entre Nación y municipios, y construir una política integral de migración basada en la corresponsabilidad.
El crecimiento demográfico que ha traído la migración venezolana —sumado a los más de diez millones de flujos pendulares registrados solo en el primer trimestre de 2026— no es un fenómeno marginal ni transitorio: es ya un rasgo estructural de la demografía colombiana contemporánea. Ignorar esa realidad, o tratarla como un problema exclusivamente de seguridad fronteriza, equivale a desconocer que la nación colombiana se está redefiniendo demográficamente desde sus municipios de frontera hacia el centro del país.
La disputa entre lo local y lo nacional, que en Ciudades en Disputa documentamos para el suelo urbano, no se resuelve centralizando ni tampoco fragmentando la respuesta institucional. Se resuelve reconociendo que los gobiernos locales son hoy la primera línea de un Estado que, como plantea la discusión sobre los Estados en disputa, atraviesa una crisis simultánea de capacidad y de legitimidad, y que solo puede reconstruirse desde el territorio hacia la nación. Colombia, con toda su historia de emigración y su presente de recepción y tránsito, es y seguirá siendo un país de migrantes. El desafío, en última instancia, es construir un Estado-nación inteligente, descentralizado y articulador, capaz de coordinar múltiples niveles de gobierno y de convertir la experiencia migratoria del territorio en política pública, en lugar de dejar que la política pública ignore lo que el territorio ya sabe.
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*Historiador, Magíster de la Universidad de Murcia y Candidato a doctor en estudios migratorios Universidad de Granada-España.
