Creo que Santander no enfrenta únicamente una crisis climática; enfrenta el costo de haber convertido la prevención en discurso y la planificación en archivo. Mientras las sequías y los deslizamientos golpean la región, seguimos pagando las consecuencias de una gestión pública que llega tarde y reacciona mal.
Por: Luis Carlos Heredia Ordóñez | Santander atraviesa una encrucijada estructural donde la falta de prevención y la parálisis institucional en materia de ordenamiento territorial terminan pasándole una factura carísima a la economía regional. No se trata solo del impacto inherente a los ciclos climáticos; el verdadero problema radica en la incapacidad del Estado para anticiparse a las emergencias. El departamento vive atrapado entre la aridez de las sequías y la vulnerabilidad de sus vías principales, mientras los planes de gestión continúan encarpetados en los escritorios.
Por un lado, la recurrencia del fenómeno de El Niño ha vuelto a dejar al descubierto la fragilidad del abastecimiento hídrico en la región. Municipios enteros sufren racionamientos severos, el sector agropecuario acumula pérdidas por estrés hídrico y miles de hectáreas quedan desprotegidas ante los incendios forestales. Esta pérdida acelerada de cobertura vegetal desestabiliza la capa orgánica de los suelos y prepara el terreno para la siguiente tragedia: cuando el régimen de lluvias regresa, los terrenos erosionados no soportan la escorrentía y desencadenan deslizamientos masivos y crecientes torrenciales.
El ejemplo más claro de esta desidia infraestructura-ambiental ocurre hoy en el Cañón del Chicamocha. La socavación del río sobre la banca de la vía Bucaramanga–San Gil, a la altura del sector de Pescadero, no es un hecho fortuito ni impredecible; es la consecuencia directa de no monitorear ni proteger las riberas a tiempo, sumado a la falta de interés real en las políticas de preservación de las cuencas hídricas. Las restricciones y los cierres en este corredor vital paralizan el flujo de carga, encarecen los fletes agrícolas y asestan un golpe demoledor al turismo de la provincia de Guanentá en plena temporada.
¿Dónde están las herramientas de planificación? Santander cuenta con Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) y Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) que diagnostican con precisión estas amenazas. Sin embargo, en la práctica, existe una desconexión total entre lo que se formula en la teoría y lo que ejecutan las administraciones locales y los entes de infraestructura. La Gestión Integral del Riesgo (Ley 1523 de 2012) se sigue reduciendo a la atención reactiva del desastre con pañitos de agua tibia, descartando la inversión previa en obras de bioingeniería y mitigación real.
Santander no puede continuar gestionando su territorio sobre la marcha ni tratando las dinámicas fluviales como sorpresas imprevisibles. Si las obras públicas no se diseñan respetando la geología y la hidrología del cañón, el río Chicamocha seguirá destruyendo la infraestructura. La solución exige superar la tramitología de los esquemas territoriales, exigir rigor técnico a los ejecutores y entender que la prevención cuesta una fracción de lo que hoy se pierde en producción, turismo y vías destruidas.
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*Tecnólogo ambiental, ingeniero ambiental.
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