Análisis de los primeros desafíos del nuevo Gobierno colombiano. Colombia comenzó un nuevo ciclo político. Abelardo de la Espriella ya no es candidato ni presidente electo: desde este fin de semana gobierna un país dividido, golpeado por la violencia y expectante ante una pregunta decisiva: ¿su firmeza traerá seguridad o nos devolverá al pasado?
Por: Alexander Angulo Ordóñez | Colombia arrastra una cultura de confrontación que penetró sus relaciones sociales y políticas. No nació ayer ni apareció con el gobierno de Gustavo Petro. Es el resultado de décadas de desigualdad, exclusión, violencia, corrupción y abandono estatal.
Desde mi formación sociológica, pero también desde mi experiencia como integrante de una familia de escasos recursos, pude observar desde niño cómo la envidia, el resentimiento y la desconfianza se instalaban en muchos sectores. No porque la pobreza produzca naturalmente violencia, sino porque una sociedad que niega oportunidades termina debilitando la convivencia.
El alcoholismo, la drogadicción, la falta de educación, el desempleo y la exclusión no son problemas aislados. Combinados con la corrupción, rompen el tejido social y convierten al vecino en rival y al adversario político en enemigo.
La corrupción tampoco vive únicamente en los grandes contratos: aparece cuando se desconocen las reglas para obtener una ventaja personal. Este es el país que recibe Abelardo de la Espriella: una Colombia herida, desconfiada y polarizada.
El país que dejó Petro
El gobierno de Gustavo Petro terminó dejando contradicciones evidentes. No logró resolver la inseguridad ni contener suficientemente la expansión de las estructuras armadas y las economías ilegales. Su política de paz permitió que algunos grupos prolongaran las negociaciones mientras fortalecían su control territorial. Esa realidad no puede ocultarse.
Pero tampoco puede borrarse su balance social. Durante su administración aumentó significativamente el salario mínimo real, se ampliaron la gratuidad y la matrícula en la educación superior y se registraron reducciones en algunos indicadores de pobreza. Reconocer esos avances no obliga a ignorar sus errores en seguridad, ejecución presupuestal y conducción política.
Colombia debe evaluar a sus gobernantes sin fanatismos. Petro no fue responsable de todos los problemas, pero tampoco solucionó todo lo prometido. De la Espriella no puede ser condenado antes de gobernar ni presentado como el salvador de la patria.
Lo esperado y lo inesperado
De la Espriella prometió recuperar el control territorial, terminar negociaciones improductivas y enfrentar con mayor fuerza al narcotráfico. Era previsible que su primer discurso tuviera un tono de autoridad y que anunciara una revisión de los procesos de paz y de las relaciones internacionales.
Lo inesperado fue la rapidez con la cual Colombia volvió a sentir la amenaza directa de la violencia. El atentado con carro bomba registrado cerca de Cali, un día después de la posesión, dejó un mensaje inquietante: los grupos armados también pretenden medir la capacidad de reacción del nuevo Gobierno.
El presidente deberá responder. Sin embargo, su primera prueba será hacerlo con inteligencia, institucionalidad y resultados, sin convertir el miedo ciudadano en autorización para desconocer los derechos humanos.
Colombia necesita firmeza
Algunos procesos de paz fueron mal diseñados, carecieron de plazos verificables y permitieron que organizaciones criminales utilizaran el diálogo como mecanismo de reorganización. El país perdió la cuenta de las disidencias mientras las comunidades siguen soportando confinamientos, extorsiones, reclutamiento y desplazamiento.
Muchos grupos abandonaron cualquier propósito político y se transformaron en estructuras narcotraficantes. Ninguna causa puede justificar el secuestro, la extorsión o el sometimiento de las comunidades. El diálogo no puede convertirse en alcahuetería: debe tener condiciones, plazos, verificación y consecuencias.
Sin embargo, firmeza no significa regresar mecánicamente al Plan Colombia. Aquella estrategia fortaleció capacidades militares, debilitó estructuras armadas y mejoró determinados indicadores de seguridad. Pero también estuvo acompañada de desplazamientos, fumigaciones controvertidas, vulneraciones de derechos humanos y una enorme deuda social en los territorios intervenidos.
La seguridad no puede medirse únicamente por capturas, bombardeos o hectáreas fumigadas. Un territorio no está recuperado porque el Ejército ingrese durante una semana. Está recuperado cuando después llegan la escuela, el hospital, las carreteras, la justicia, el crédito agrícola y el empleo.
Los primeros cien días
Los primeros cien días mostrarán si estamos ante un Gobierno firme o simplemente frente a uno autoritario. De la Espriella deberá definir qué instituciones piensa reducir y cuáles fortalecerá. Eliminar burocracia innecesaria puede resultar conveniente; debilitar la educación, la salud, el ambiente, la agricultura o la atención de emergencias sería condenar nuevamente a las regiones.
También deberá comprender la estrechez de su victoria. Cerca de 13 millones de colombianos respaldaron su candidatura y una cifra muy similar votó por Iván Cepeda. Recibió un mandato constitucional, pero no un cheque en blanco. Deberá gobernar para quienes lo eligieron, para quienes se opusieron y para quienes no acudieron a las urnas.
Su desafío no será solamente derrotar grupos armados. También deberá decidir qué hará con la educación gratuita, el salario, las comunidades rurales, la protección ambiental y la atención a las poblaciones vulnerables.
El papel de los medios
Los medios de comunicación tendrán una responsabilidad enorme. No pueden convertirse en fábricas de odio ni en tribunales al servicio del presidente, de la oposición o de los grandes grupos económicos. Su obligación es contrastar, investigar y vigilar; denunciar tanto los abusos de los grupos armados como los excesos del Estado, y medir los hechos con el mismo criterio.
Muchas veces la polarización no nace exclusivamente de Gustavo Petro o de Abelardo de la Espriella. También es alimentada por medios amarillistas funcionales a intereses económicos y políticos que inclinan la balanza nacional según su conveniencia.
¿Qué país necesitamos?
La pregunta no es si Colombia necesita autoridad. Claro que la necesita. La verdadera discusión es qué clase de autoridad construirá el nuevo presidente: una que garantice la ley y reconstruya el tejido social, o una que convierta la fuerza en sustituto de las políticas públicas.
La mano dura puede contener temporalmente la criminalidad, pero no educa, no genera empleo y no cura las heridas sociales. La permisividad tampoco construye paz. El reto consiste en ejercer autoridad sin abandonar la justicia social.
Hoy, cuando los colombianos se preguntan qué viene para el país, la respuesta todavía no está escrita. Los próximos cien días comenzarán a mostrar si tendremos firmeza con oportunidades, seguridad con derechos y autoridad con justicia social, o si simplemente regresaremos al pasado.
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*Político, agrónomo, asesor de proyectos y sociólogo en formación.
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor)
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Fuentes consultadas
- Reuters. ‘Colombia’s new president pledges robust fight against crime, fiscal austerity in maiden speech’, 7 de agosto de 2026.
- Associated Press. Información sobre la posesión presidencial y el nuevo enfoque de seguridad, 7 de agosto de 2026.
- Ministerio de Educación Nacional. Cifras del SNIES sobre matrícula, cobertura, financiación y gratuidad en educación superior, julio de 2026.
- ColombiaCheck. Verificación de afirmaciones sobre el balance social y económico del gobierno de Gustavo Petro, junio de 2026.
- Registraduría Nacional del Estado Civil. Boletines y resultados de la segunda vuelta presidencial de 2026.
