Una democracia sólida necesita gobernantes elegidos por el voto, pero también preparados para administrar. Diplomados gratuitos y obligatorios fortalecerían las capacidades de alcaldes, mejorarían decisiones públicas y protegerían recursos ciudadanos.
Por: Édgar Mauricio Ferez Santander | En Colombia, más de mil alcaldes toman posesión cada cuatro años con la legitimidad que les da el voto popular, pero sin ninguna garantía de que sepan cómo administrar un presupuesto, tramitar un proceso de contratación o formular un proyecto que atraiga recursos de regalías o cooperación internacional. El sistema electoral resuelve la pregunta de quién gobierna. Nunca ha resuelto la pregunta de cómo gobierna. Esa brecha, silenciosa y poco discutida, es una de las fallas estructurales más costosas de la democracia territorial colombiana.
La elección popular otorga legitimidad política, no competencia técnica. Un alcalde recién posesionado puede ser un líder comunitario extraordinario, con un conocimiento profundo de las necesidades de su territorio, y aun así desconocer por completo el régimen de contratación estatal, las reglas del presupuesto público o los límites del derecho administrativo. Esa persona, de un día para otro, queda a cargo de decisiones que comprometen miles de millones de pesos y que, si se toman mal, pueden derivar en hallazgos fiscales, sanciones disciplinarias o incluso la pérdida del cargo.
El costo de esa improvisación no lo paga el alcalde: lo paga la comunidad. Proyectos mal formulados que pierden acceso a recursos nacionales, contratos viciados que terminan en litigios, decisiones presupuestales tomadas sin criterio técnico. La democracia local pierde eficacia no porque falten mandatos populares, sino porque falta capacidad instalada para ejecutarlos.
Frente a ese diagnóstico, vale la pena poner sobre la mesa una propuesta concreta: la creación de un Sistema Nacional de Formación para Alcaldes, basado en diplomados gratuitos, obligatorios y progresivos, financiados por el Estado y desarrollados junto con universidades públicas e instituciones de educación superior.
Es clave subrayar el orden: la formación llegaría después de la elección, nunca antes. La propuesta no busca convertir un título universitario en requisito para ser candidato, ni restringir el derecho constitucional a ser elegido. El principio sería sencillo —el pueblo entrega el mandato, el Estado entrega las herramientas para ejercerlo— y con eso se evita el riesgo real de tecnocratizar la democracia o excluir a líderes comunitarios sin trayectoria académica formal.
El diseño tendría dos niveles. Primero, un diplomado básico y obligatorio en Administración Pública Territorial, con Constitución, régimen municipal, contratación estatal, presupuesto, planeación y control fiscal: las reglas mínimas para no gobernar a ciegas. Segundo, una etapa de especialización según las necesidades de cada municipio (infraestructura, salud, desarrollo rural, gestión del riesgo, construcción de paz, PDET), porque un municipio petrolero no enfrenta los mismos retos que uno agrícola, ni una ciudad intermedia los mismos que un territorio históricamente golpeado por el conflicto. La iniciativa podría completarse con una Alta Escuela de Gobierno Territorial, enfocada en gestión pública y no en formación partidista, que además reduciría la dependencia excesiva de asesores externos para entender procesos que deberían dominar quienes toman las decisiones.
Aquí está el punto más delicado de la propuesta, y el que exige más cuidado institucional. El mandato surge del voto popular y no puede quedar sometido a mecanismos arbitrarios de evaluación política. Por eso, el incumplimiento de la capacitación no debería traducirse automáticamente en pérdida del cargo. Se necesitarían mecanismos proporcionales —inscripción obligatoria, seguimiento, plazos para subsanar incumplimientos, consecuencias administrativas claramente definidas por ley— que fortalezcan la democracia sin convertirse en una herramienta para desestabilizar gobiernos legítimamente elegidos. Diseñar bien ese equilibrio es, probablemente, el mayor desafío técnico y político de toda la propuesta.
La misma lógica podría extenderse a los concejales, que participan en decisiones tan sensibles como el presupuesto, los acuerdos municipales y el control político. No haría falta la misma intensidad formativa que para un alcalde, pero sí una base mínima sobre contratación, planeación territorial y funcionamiento de la administración municipal. Una democracia local más preparada necesita, al mismo tiempo, buenos administradores y buenos órganos de control.
La pregunta de fondo es si formación y democracia son compatibles o si una amenaza a la otra. Bien diseñada, la formación no le resta legitimidad al voto: la protege. Un alcalde que entiende las reglas de contratación puede ejercer mayor control sobre sus funcionarios; uno que comprende el presupuesto toma decisiones más responsables; uno que sabe formular proyectos accede con más eficiencia a recursos que hoy se pierden por desconocimiento técnico. La ciudadanía, no el alcalde, es la principal beneficiaria.
El riesgo existe, pero está en el diseño, no en la idea misma. Si la capacitación se convierte en un filtro para remover gobernantes incómodos, o si se usa como pretexto para intervenir mandatos populares, terminaría erosionando exactamente lo que busca proteger. Por eso el diseño institucional —obligatoriedad sin sanción automática, gratuidad universal, contenidos técnicos y no ideológicos— no es un detalle secundario: es la condición que separa una política de fortalecimiento democrático de una herramienta de control político.
El voto determina quién gobierna. La formación determina cómo gobierna. Tratar ambas dimensiones como si fueran la misma cosa o como si una excluyera a la otra, es lo que ha mantenido esta discusión fuera de la agenda pública durante demasiado tiempo. Colombia tiene la oportunidad de construir una cultura de gobierno en la que ganar una elección sea el comienzo de una responsabilidad, no el final de una exigencia. Ganar es recibir la confianza de un pueblo. Gobernar bien es demostrar que esa confianza fue bien entregada.
…
*Historiador, Magíster de la Universidad de Murcia y Candidato a doctor en estudios migratorios Universidad de Granada-España.
