Hablar de los terrenos baldíos es comprender una parte esencial de la historia del campo colombiano. Son tierras que pertenecen a la Nación y representan una oportunidad para construir justicia social, fortalecer al campesinado, proteger el patrimonio público y sembrar esperanza en quienes viven del trabajo honrado de la tierra.
Por: Alexander Martínez Castrillón | La tierra siempre ha sido mucho más que un pedazo de suelo. Para el campesino significa alimento, trabajo, identidad, memoria y futuro. Cada semilla sembrada representa la esperanza de una cosecha y el esfuerzo de una familia que madruga para producir los alimentos que llegan diariamente a la mesa de millones de colombianos. Por eso, cuando se habla de terrenos baldíos, no se habla únicamente de normas jurídicas; también se habla de personas, sueños y oportunidades.
En muchas regiones del país aún se escucha la expresión «esa tierra no tiene dueño». Sin embargo, esa afirmación no siempre corresponde a la realidad. Existen terrenos que parecen abandonados, pero pertenecen legalmente a una persona o a una empresa. Los terrenos baldíos son diferentes. Son aquellos que nunca han salido del patrimonio del Estado y, por esa razón, pertenecen a toda la Nación colombiana.
La Constitución Política reconoce que algunos bienes cumplen una función especial para garantizar el interés colectivo. En ese contexto, los terrenos baldíos constituyen un patrimonio público cuya administración corresponde al Estado. Esto significa que ningún particular puede apropiarse libremente de ellos ni convertirlos en propiedad privada sin cumplir los requisitos establecidos por la ley (Constitución Política de Colombia, 1991).
Cuando decimos que los baldíos pertenecen a la Nación, no significa que pertenezcan al gobierno de turno. Los gobiernos cambian con el tiempo; la Nación permanece. Esa diferencia es importante porque demuestra que estas tierras son un patrimonio de todos los colombianos y deben administrarse pensando en el bienestar común y en las futuras generaciones.
Muchos campesinos recuerdan las historias de sus abuelos, quienes llegaron a regiones apartadas con apenas un machete, unas pocas herramientas y el deseo de construir una vida mejor. Abrían caminos donde solo existía monte, levantaban viviendas con madera de la región y sembraban los primeros cultivos para alimentar a sus familias. Gracias a ese esfuerzo nacieron numerosas veredas y municipios que hoy hacen parte del desarrollo del país.
Sin embargo, la ausencia del Estado en amplias zonas rurales también generó incertidumbre sobre la propiedad de la tierra. Muchas familias ocuparon predios creyendo que algún día podrían legalizarlos. Algunas lograron obtener títulos conforme a la ley; otras permanecieron durante décadas sin seguridad jurídica. Esa realidad demuestra que la historia agraria colombiana está llena de sacrificios, pero también de desafíos que aún requieren soluciones responsables.
La Ley 160 de 1994, considerada uno de los pilares de la política agraria colombiana, estableció que los terrenos baldíos deben destinarse preferentemente a favorecer a los campesinos de escasos recursos que no poseen tierra o que la poseen en cantidad insuficiente. Esta disposición busca reducir las desigualdades históricas en el acceso a la propiedad rural y promover un desarrollo más equitativo del campo colombiano.
Esta norma no fue creada únicamente para repartir tierras. Su propósito es mucho más profundo. Busca que las familias rurales tengan la posibilidad de construir un proyecto de vida digno, aumentar la producción agropecuaria, fortalecer la economía campesina y contribuir al desarrollo social de las regiones donde históricamente ha existido pobreza y exclusión.
Cuando una familia campesina obtiene legalmente un terreno baldío, recibe mucho más que un documento. Obtiene la tranquilidad de saber que podrá invertir en su parcela sin el temor permanente de perderla. Esa seguridad permite sembrar cultivos de largo plazo, mejorar la vivienda, acceder a créditos, participar en programas productivos y planear el futuro con mayor confianza.
No obstante, los terrenos baldíos no pueden verse como una solución automática para todos los problemas rurales. Su administración exige responsabilidad, transparencia y respeto por la ley. Si estos bienes públicos terminan concentrados en pocas manos o utilizados con fines diferentes al interés general, se pierde el verdadero propósito para el cual fueron protegidos por el Estado.
Durante muchos años Colombia ha enfrentado profundas desigualdades en la distribución de la tierra. Mientras algunas personas poseen grandes extensiones, miles de familias campesinas trabajan como arrendatarias, aparceras o jornaleras sin contar con un predio propio donde desarrollar plenamente su actividad productiva. Esa situación ha sido una de las principales causas de conflictos sociales y económicos en el sector rural.
Precisamente por ello, la Corte Constitucional ha reiterado que los terrenos baldíos cumplen una función social y deben administrarse respetando los principios de igualdad, equidad y acceso progresivo a la tierra para la población campesina. El objetivo es que estos bienes sirvan para disminuir las brechas históricas existentes en el campo colombiano y fortalecer la justicia agraria.
El valor de un terreno baldío no debe medirse únicamente por el número de hectáreas que posee. Su verdadera riqueza está en las oportunidades que puede generar. Una parcela bien aprovechada produce alimentos, crea empleo, fortalece la economía local y permite que las nuevas generaciones encuentren razones para permanecer en el campo en lugar de abandonarlo por falta de oportunidades.
Quienes nacimos o crecimos cerca del campo sabemos que la tierra enseña lecciones que ningún libro puede reemplazar. Enseña paciencia cuando la lluvia tarda en llegar; enseña perseverancia cuando una cosecha se pierde; enseña solidaridad cuando los vecinos se ayudan mutuamente durante la siembra o la recolección. Por eso, cuidar el patrimonio público también significa proteger esas formas de vida que han sostenido durante siglos la producción de alimentos en Colombia.
Los terrenos baldíos representan, además, una oportunidad para fortalecer la soberanía alimentaria del país. Cada familia campesina que logra establecer una unidad productiva puede contribuir al abastecimiento de frutas, verduras, cereales, tubérculos, leche, carne y otros alimentos esenciales para la población. Esa producción no solo beneficia a quienes la cultivan, sino también a toda la sociedad.
En los últimos años, el Estado colombiano ha reiterado la importancia de impulsar una reforma agraria orientada a democratizar el acceso a la tierra y promover un desarrollo rural integral. Dentro de ese propósito, los terrenos baldíos continúan siendo un instrumento fundamental para avanzar hacia un campo más justo, incluyente y productivo, siempre respetando los derechos de las comunidades y la protección de los recursos naturales. Hay algo que ninguna ley puede escribir completamente: el sentimiento de un campesino cuando ve florecer por primera vez un cultivo sembrado con sus propias manos en una tierra que puede llamar suya. Esa emoción resume el verdadero sentido de los terrenos baldíos: no son simplemente predios dentro de un inventario estatal, sino semillas de esperanza capaces de transformar vidas, fortalecer familias y construir paz desde el trabajo honrado del campo.
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*Profesional en calidad y agroindustria, líder social, docente, emprendedor y defensor campesino.
Instagram: @alexandermartinezcastrillon
Facebook: Alexander Martínez Castrillon
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
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Referencias citadas en esta primera parte
Constitución Política de Colombia. (1991). Constitución Política de Colombia. Bogotá D. C.
Congreso de la República de Colombia. (1994). Ley 160 de 1994. Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino. Bogotá D. C.
Corte Constitucional de Colombia. (1995). Sentencia C-595 de 1995.
Corte Constitucional de Colombia. (2014). Sentencia T-488 de 2014.
