La crisis de las finanzas públicas que el gobierno de Abelardo de la Espriella repite con insistencia parece convertirse en la justificación perfecta para que los colombianos terminemos pagando más impuestos.
Por: Deivy Fernando Vega Herrera | Desde la campaña presidencial, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha insistido en la innegable crisis fiscal del Estado y la necesidad de una reforma fiscal y tributaria para poner “la casa en orden”[1]. Sin embargo, el mismo gobierno también prometió “dejar de castigar a quienes invierten y generan riqueza” a la vez que anunció que se eliminará el impuesto al patrimonio[2]. La cuenta es simple: si el Estado necesita recaudar más dinero, pero decide cobrarle menos a quienes más tienen, la diferencia la pagaremos los demás.
Reconocer la crisis fiscal es apenas el comienzo; lo verdaderamente difícil es encontrar cómo financiar su solución. En términos simples, un Estado con problemas de financiamiento tiene apenas tres caminos: gastar menos, recaudar más o endeudarse más[3]. Frente a estas opciones, el Gobierno de Abelardo ya anunció una reforma fiscal que busca reducir significativamente los gastos del Estado, a la vez que prometió no asfixiar las finanzas públicas con más deuda[4]. Igualmente se propone reactivar la industria petrolera para aumentar los ingresos fiscales vía Ecopetrol y regalías[5]. El problema es que ninguna de estas opciones, por sí sola, resuelve ni atiende realmente la magnitud del problema fiscal.
En este sentido, debemos partir del hecho de que mientras en 2025 el Estado colombiano recaudó 296 billones por impuestos[6], el recaudo que hizo por hidrocarburos (petróleo) entre agosto de 2022 y 2025 fue de alrededor de 32 billones[7], menos de una novena parte de lo que el Estado recauda anualmente por impuestos. Así mismo, reducir el gasto tiene un margen limitado: cerca del 92 % del presupuesto nacional corresponde a gastos inflexibles[8]. Es decir, por importante que sea el petróleo y la reducción de gastos del Estado, su capacidad para resolver el problema fiscal es limitada frente al verdadero peso que tienen los impuestos en las finanzas públicas.
Con este marco es muy probable que el gobierno de Abelardo esté preparando una reforma tributaria para mejorar el cobro de impuestos del Estado. Sin embargo, la forma en que el gobierno ha planteado su política tributaria permite anticipar quiénes no serán los principales llamados a pagar esos impuestos. El presidente ha insistido en que su prioridad será “dejar de castigar a quienes invierten y generan riqueza”, y bajo esa misma lógica anunció la eliminación del impuesto al patrimonio. La consecuencia parece inevitable: si el Gobierno necesita recaudar más, pero reduce la carga sobre quienes tienen mayor patrimonio y capacidad de inversión, el aumento de impuestos terminará recayendo sobre el resto de los colombianos.
Tomando esto en cuenta, es importante rescatar que de los 296 billones que recaudó en impuestos el Estado colombiano en 2025, la mayoría se debió al impuesto de renta (35%) y al IVA (21,7%) (6). Es decir, una posible reforma tributaria que busque mejorar el recaudo del Estado sin “castigar a quienes invierten y generan riqueza” probablemente se enfoque en aumentar la base gravable del IVA y el número de personas que pagan impuesto de renta, o directamente en aumentar las tasas de los dos impuestos. Sea cual sea el mecanismo, estos dos impuestos concentran una parte tan importante del recaudo que cualquier gobierno que necesite “poner la casa en orden” tendrá razones suficientes para considerar modificarlos.
Con esto sobre la mesa, es prácticamente un hecho que este gobierno hará una reforma tributaria que aumente los impuestos para la clase media colombiana. No como un capricho, sino como la consecuencia lógica de sostener dos objetivos de su gobierno: corregir la crisis fiscal y proteger a quienes tienen mayor capacidad de inversión y generación de riqueza. La pregunta que queda es si los colombianos aceptaremos pagar más impuestos para corregir una crisis fiscal, mientras se mantiene la promesa de reducir la carga sobre quienes más tienen.
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*Economista y Magíster en Economía y Desarrollo. Asesor pensional independiente con experiencia certificada con Colpensiones y empresas privados. Investigador interesado en la academia. Docente universitario.
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
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[1] Juan Esteban Lewin (Agosto de 2026). Las claves del discurso de posesión de Abelardo de la Espriella. El País.
[2] Ecos del Combeima (Agosto de 2026). «Debemos dejar de castigar a quienes invierten y generan riqueza en nuestra patria”: Abelardo de la Espriella. Ecos del Combeima.
[3] Rangel, A. S. (2007). Finanzas públicas y las funciones del Estado. Investigación y Ciencia: de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, (37), 45.
[4] Manuel Santiago Sánchez González (Agosto de 2026). Abelardo De La Espriella anuncia que firmará un decreto de congelamiento del gasto público: “Tenemos que poner la casa en orden”. Semana.
[5] Julián Andrés González Vargas (Agosto de 2026). Los cambios que prepara el gobierno de Abelardo De La Espriella para el mercado de los combustibles. Portafolio.
[6] Juan Camilo Colorado (Enero de 2026). Recaudo tributario cerró 2025 en $296 billones, $9,4 billones abajo de meta de la Dian. La República.
[7] Agencia Nacional de Hidrocarburos (Febrero de 2026). Gobierno Nacional recauda $29,6 billones en regalías de hidrocarburos mientras aceleran la Transición Energética Justa. Agencia Nacional de Hidrocarburos.
[8] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2026). Análisis de la calidad del gasto público en Colombia. Minhacienda.
