La confianza ciudadana no se pierde de un día para otro. Se erosiona lentamente cuando las decisiones públicas dejan más preguntas que respuestas. En Bucaramanga, la contratación estatal debe ser motivo de tranquilidad para los ciudadanos, no de incertidumbre permanente.
Por: Christian Diaz Basto | La contratación pública es el corazón de cualquier administración. Allí se decide cómo se invierten miles de millones de pesos provenientes de los impuestos que pagan los ciudadanos. Cada licitación, convenio o contratación directa representa una decisión que impacta la calidad de vida de los bumangueses.
Por esa razón, la transparencia no puede entenderse como una obligación burocrática. Es un deber democrático.
No basta con que los contratos aparezcan publicados en el SECOP o que formalmente cumplan los requisitos legales. La verdadera transparencia exige que cualquier ciudadano pueda comprender por qué se contrató, por qué se escogió determinado mecanismo de selección, quién ganó el proceso y cuál fue el beneficio concreto para la ciudad. La Alcaldía mantiene disponibles sus procesos contractuales mediante el SECOP y su portal de transparencia, lo que constituye una herramienta fundamental para el control ciudadano cuando esa información es utilizada de forma efectiva.
Cuando las administraciones consideran que la publicidad consiste únicamente en cargar documentos a una plataforma, olvidan el verdadero sentido del control social. La transparencia no consiste en esconder la información entre miles de páginas; consiste en hacerla comprensible y verificable.
En Colombia contamos con uno de los sistemas normativos de contratación pública más completos de América Latina. Sin embargo, la corrupción nunca ha dependido exclusivamente de la ausencia de normas. Generalmente aparece cuando disminuyen los controles, cuando la ciudadanía deja de preguntar y cuando los funcionarios consideran que administrar recursos públicos es un acto de discrecionalidad y no de responsabilidad.
Bucaramanga no necesita gobiernos que se ofendan cuando se les pregunta por un contrato. Necesita administraciones que respondan con datos, documentos y resultados. La crítica fundamentada fortalece las instituciones; el silencio y la opacidad las debilitan.
Toda contratación pública debe superar tres pruebas sencillas.
La primera es la legalidad.
La segunda, la conveniencia.
Y la tercera, quizá la más importante, la percepción ciudadana.
Si un contrato es legal, pero genera dudas razonables sobre su necesidad, oportunidad o conveniencia, corresponde a la administración disiparlas mediante explicaciones técnicas claras. Gobernar también implica convencer.
Como abogado especializado en Derecho Administrativo, he aprendido que la mejor defensa de un contrato no es un comunicado de prensa. Es un expediente sólido, estudios previos rigurosos, competencia real entre oferentes, supervisión efectiva y resultados medibles.
La corrupción rara vez comienza con grandes escándalos. Generalmente inicia cuando la sociedad normaliza pequeñas irregularidades, acepta explicaciones insuficientes o deja de ejercer vigilancia sobre los recursos públicos.
El problema no es únicamente cuánto dinero se contrata. El verdadero problema es cuánto valor recibe la ciudadanía por cada peso invertido.
Los organismos de control tienen una responsabilidad enorme, pero la ciudadanía también. No podemos delegar completamente la vigilancia del patrimonio público. Hoy existen herramientas tecnológicas y bases de datos abiertas que permiten hacer seguimiento a la contratación estatal y detectar patrones que merecen revisión. La tecnología facilita ese control, pero solo funciona cuando hay ciudadanos dispuestos a utilizarla.
No escribo estas líneas para señalar culpables. Lo hago porque la confianza pública es un patrimonio mucho más difícil de recuperar que cualquier recurso económico perdido.
Los alcaldes pasan.
Los gobiernos cambian.
Los partidos políticos se reemplazan.
Pero el dinero público pertenece siempre a los ciudadanos.
Por eso, la contratación de Bucaramanga debe convertirse en un ejemplo nacional de transparencia, competencia y rendición de cuentas. Si la administración actúa correctamente, será la primera beneficiada por una ciudadanía que confía. Si existen errores, estos deben corregirse con la misma rapidez con la que se exigen responsabilidades.
La mejor política anticorrupción sigue siendo la misma de siempre: decisiones públicas abiertas, información verificable y ciudadanos que nunca renuncien a hacer preguntas.
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*Abogado especialista en Derecho Administrativo, Práctica Penal y litigante en derecho público y privado.
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