Muchos santandereanos celebraron el nombramiento del pastor Jaime Andrés como ministro de Vivienda por regionalismo, afinidad política o convicción religiosa. Sin embargo, este entusiasmo inicial, basado en razones personales o de fe, hoy se ve seriamente cuestionado e interpelado a raíz del reciente escándalo que lo involucra.
Por: Andrés Julián Herrera Porras | La vocación de servicio es la base del cristianismo y, al menos como lo veo, también debería ser la base de la función pública en manos de ciudadanos que prestan, precisamente, ese servicio. Esto hace que no sea muy difícil pensar que alguien que vive los valores cristianos a profundidad, más allá de la religión que profese, podría hacer un gran aporte de entrega en favor de la ciudadanía, basada en el amor al prójimo.
El propio Jesús fue claro al hablar de la autoridad: «El que quiera ser grande entre ustedes deberá ser su servidor» (Mc 10,43). La autoridad, desde la perspectiva cristiana, no debería entenderse como un privilegio, sino como una responsabilidad de servicio. Por eso resulta lamentable ver cómo un Pastor que llega a la política parece alejarse de ese principio cuando, con pocos días de iniciada su labor y en medio de una emergencia de la magnitud del terremoto, decide asistir a un matrimonio, según él, para compartir unas horas con su familia y “ser un padre presente”.
Aclaremos algo: nadie está diciendo que Jaime Andrés no pueda tener familia, amigos o vida privada. Tampoco que haya incumplido formalmente sus obligaciones o que asistir a un matrimonio constituya por sí mismo una falta disciplinaria. El problema es otro: la responsabilidad política también exige criterio, prudencia y capacidad para comprender el momento que se está viviendo. Una cosa es aquello que un funcionario puede hacer y otra aquello que, dadas las circunstancias, debería hacer. Y cuando se trata del ministro de Vivienda, en medio de una emergencia que ha dejado a miles de familias afectadas, la decisión adquiere necesariamente una dimensión política.
No es el primer episodio que obliga a preguntarse por la coherencia entre el discurso y el ejercicio público del Pastor. También está involucrado en un escándalo alrededor de un presunto detrimento patrimonial del erario público de todos los bumangueses, tras la pérdida de bienes del alumbrado público cuyo presunto detrimento fue calculado por la Contraloría de Bucaramanga en cuarenta y seis mil seiscientos veintiséis millones de pesos (46.626.000.000). No estoy diciendo con esto que Jaime Andrés haya sido condenado por corrupción. Existe un proceso de responsabilidad fiscal que deberá determinar qué ocurrió y cuáles son las responsabilidades que correspondan. Pero el hecho de que un proceso de esta naturaleza exista hace parte de su trayectoria pública y, por supuesto, puede ser objeto de control y escrutinio ciudadano.
También es bueno recordar que su elección como alcalde de Bucaramanga fue anulada por el Consejo de Estado, al encontrar acreditada la doble militancia en modalidad de apoyo. Beltrán, pese a que el partido que había avalado su candidatura tenía candidatos propios al Concejo, respaldó candidatos de otras colectividades, desconociendo las reglas de juego que regulaban su propia candidatura.
Dicho lo anterior, no quiero decir que un Pastor no pueda ser político. Por supuesto que puede. Lo que quiero mostrar es que, en este caso particular, el ejercicio político de Jaime Andrés está lejos de representar algunos de los valores cristianos que él mismo reivindica públicamente. Y preocupa que esos valores puedan terminar convertidos en una herramienta para seguir jalonando electorado —evidentemente le ha dado resultados—, en lugar de convertirse en un verdadero criterio para ejercer la autoridad.
Porque ser cristiano no convierte automáticamente a nadie en buen gobernante. Tampoco ser pastor garantiza una conducta ejemplar en la función pública. La fe no debería ser un blindaje frente a la crítica; por el contrario, cuando alguien decide hacer de ella parte de su identidad pública, tiene que estar dispuesto a que sus actuaciones sean examinadas también a la luz de aquello que predica.
Ahora, si en la hoja de vida de Jaime Andrés reposa como título profesional el de Comunicador Social, quedan dudas sobre cuáles fueron los criterios que llevaron a elegirlo para dirigir una cartera tan importante como la de Vivienda. Algunos pueden decir que con esto estoy omitiendo la trayectoria que tiene el señor Jaime Andrés como líder religioso, exalcalde y exconcejal. Sin embargo, precisamente por eso debemos mirar esa trayectoria y no solamente el título profesional. Un pastor que abandona sus ovejas —o que al menos genera serios cuestionamientos sobre su capacidad de priorizar el servicio en momentos de angustia— y un alcalde cuya administración terminó vinculada a un proceso de responsabilidad fiscal por la pérdida de bienes públicos, difícilmente pueden presentarse como argumentos suficientes de idoneidad.
Quizá tantos que se sintieron felices con el nombramiento de Jaime Andrés deban replantearse las razones de esa alegría. No basta con que sea santandereano, no basta con que comparta nuestras convicciones políticas y tampoco basta con que comparta la fe. La función pública exige mucho más.
Incluso el mismo Pastor debería preguntarse si está a la altura del cargo que ocupa. Porque Santander no necesita simplemente que uno de sus hijos llegue al Gobierno nacional para sentir orgullo de patria chica. Necesita que quienes lleguen estén a la altura de la responsabilidad que asumieron.
Y quizá ahí está la verdadera lección cristiana que debería acompañar este debate: quien recibe autoridad no recibe un privilegio; recibe una responsabilidad de servicio. Los santandereanos no necesitamos ministros de los que podamos sentirnos orgullosos solamente porque son nuestros coterráneos. Necesitamos funcionarios de los que podamos sentirnos orgullosos porque, por encima de todo, están a la altura del servicio que prometieron prestar.
Apuntaciones:
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*Abogado. Lic. Filosofía y Letras. Estudiante de Teología. Profesor de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Miembro activo del grupo de investigación Raimundo de Peñafort. Afiliado de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino.
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