La legalización de asentamientos urbanos no premia la ilegalidad; reconoce una deuda histórica del Estado. Mientras miles de familias esperan seguridad jurídica, nuevos loteos ilegales siguen apareciendo por la insuficiencia del control urbanístico. El verdadero desafío consiste en formalizar la ciudad sin permitir que la informalidad continúe creciendo.
Por: Oscar Humberto Cote Cote | Cuando cerca del 35% del área construida del municipio de Piedecuesta está conformada por asentamientos humanos, el problema en realidad refleja décadas de un vacío administrativo que permitió el crecimiento urbano sin suficiente planificación, controles urbanísticos ineficaces y omisiones institucionales que permitieron que urbanizadores ilegales comercializaran la necesidad de vivienda de miles de familias vulnerables. Por ello, el debate sobre el saneamiento urbanístico no consiste en decidir si la legalización premia la urbanización informal, sino en reconocer una deuda histórica del Estado y preguntarnos si existe la voluntad política para saldarla.
Suele afirmarse que legalizar un asentamiento humano equivale a premiar a quienes incumplieron la normatividad urbanística. Sin embargo, esa interpretación desconoce cómo se construyen realmente las ciudades. La pregunta que debería hacerse cualquier ciudadano es otra: ¿cómo fue posible que durante décadas se consolidaran barrios completos, con miles de habitantes, sin que las autoridades actuaran oportunamente? La informalidad no surge únicamente por la necesidad de las familias de acceder a una vivienda; también aparece cuando la planeación urbana resulta insuficiente, el control urbanístico falla y las instituciones permiten, con alarmante permisividad, que terceros conviertan esa necesidad en un negocio altamente rentable.
Por esa razón, el saneamiento urbanístico no debe representar un «premio a la ilegalidad». Debe constituir el reconocimiento de una responsabilidad del Estado, quien construye ciudad mediante las decisiones que adopta, pero igualmente mediante las omisiones que permiten que un problema crezca hasta convertirse en una realidad consolidada. Legalizar barrios históricos significa asumir las consecuencias de no haber aplicado oportunamente la ley y brindar seguridad jurídica a miles de familias que hoy hacen parte integral del municipio.
Un caso reciente de Piedecuesta evidencia con claridad esa realidad. El actual Plan de Desarrollo Municipal reconoce la existencia de 19 asentamientos humanos, los cuales ocupan aproximadamente el 35 % del área urbanizada del municipio. Esa situación difícilmente puede atribuirse únicamente a las familias que hoy habitan esos sectores; también es el resultado de una negligente capacidad institucional para orientar y controlar el crecimiento urbano durante décadas.
Pero el problema no pertenece únicamente al pasado. Continúa ocurriendo. Así lo documenta la respuesta emitida por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), luego de una inspección realizada en julio de 2026 en un sector ubicado entre el barrio La Cantera y la vereda Barroblanco. La autoridad ambiental encontró construcciones activas, movimientos de tierra, subdivisiones prediales y nuevos desarrollos urbanísticos en un área clasificada como Bosques Relictuales del POMCA del Alto Río Lebrija, sin que fuera posible identificar a los propietarios ni verificar la existencia de licencias urbanísticas para las obras observadas.
La propia respuesta de la CDMB consigna que habitantes del sector manifestaron que los terrenos venían siendo objeto de subdivisiones y ventas informales de lotes por valores entre 25 y 35 millones de pesos. Ante esa situación, la Corporación solicitó a la Alcaldía de Piedecuesta ejercer de manera urgente las actuaciones de control urbano de su competencia, verificar la existencia de licencias urbanísticas y de subdivisión e informar sobre los procesos administrativos relacionados con esos predios, actuaciones que, al parecer, aún no existen.
La preocupación aumenta porque, hace apenas algunos días, habitantes del barrio San Carlos solicitaron a la administración municipal y a la autoridad ambiental verificar la intervención de un terreno contiguo al asentamiento Halcón de Granada, donde se realizaban movimientos de tierra con maquinaria amarilla y volquetas. Temen que se esté preparando un nuevo loteo ilegal, con las consecuencias urbanísticas y ambientales que ello implicaría, especialmente por el eventual manejo inadecuado de las aguas residuales de un futuro asentamiento.
Estos hechos demuestran que la informalidad urbana sigue reproduciéndose cuando el control institucional resulta permisivo o ineficiente frente al urbanizador irregular. Los urbanizadores ilegales encuentran espacios para desarrollar su actividad, mientras familias vulnerables adquieren lotes creyendo que están construyendo un patrimonio para sus hijos y terminan enfrentando problemas jurídicos, urbanísticos y ambientales. Al final, las principales víctimas son quienes actuaron impulsados por la necesidad de acceder a una vivienda digna.
Es preocupante que mientras continúan apareciendo nuevos procesos de urbanización ilegal, el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 «Hagamos Equipo por Piedecuesta» contempla como meta adelantar el saneamiento urbanístico de un solo asentamiento humano durante el cuatrienio, objetivo que hoy parece difícil de cumplir, pese a que el propio municipio reconoce la existencia de 19 asentamientos informales.
La contradicción es evidente. Si la ciudad continúa produciendo nuevos desarrollos irregulares mientras la formalización de los existentes avanza a un ritmo mínimo, el problema nunca dejará de crecer. Las desiciones administrativas deben corregir el rezago histórico, pero también impedir que ese rezago siga aumentando.
Hoy los municipios cuentan con herramientas jurídicas suficientes para actuar. La Ley 2044 de 2020, el artículo 298 de la Ley 2294 de 2023 y su reglamentación mediante el Decreto 1470 de 2024 fortalecieron los procedimientos para adelantar el saneamiento o la legalización urbanística de asentamientos humanos, brindando mayor seguridad jurídica y facilitando su incorporación al ordenamiento territorial. El desafío ya no consiste en expedir nuevas normas, sino en aplicar con decisión las que ya existen.
El saneamiento urbanístico y el control del desarrollo urbano no son políticas independientes, sino obligaciones complementarias. Legalizar los asentamientos históricos significa reparar una deuda institucional con miles de familias que durante años han esperado seguridad jurídica sobre sus viviendas. Fortalecer la inspección, vigilancia y control urbanístico significa impedir que nuevas familias vuelvan a ser víctimas de quienes lucran ilegalmente con la necesidad de vivienda.
Las ciudades solo cambian cuando las instituciones cumplen las funciones que la ley les asigna. Si el Estado permitió que una parte importante de Piedecuesta creciera al margen de la legalidad, tiene el deber de corregir esa realidad mediante el saneamiento urbanístico. Pero también debe garantizar que esa historia no vuelva a repetirse. Mientras continúen apareciendo nuevos procesos de urbanización ilegal, ese propósito seguirá siendo una deuda pendiente. Solo cuando ambas responsabilidades se asuman de manera simultánea y se impida que los urbanizadores ilegales continúen actuando con impunidad, podremos afirmar que legalizar barrios también es hacer justicia.
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*Veedor municipal e integrante del Comité de Control Social de la Contraloría de Santander.
