Las grandes crisis no solo ponen a prueba la capacidad de respuesta del Estado. También revelan qué tan sólida es la estructura económica de una nación y cuáles sectores tienen capacidad real para movilizar recursos, empleo, logística y conocimiento cuando el país más los necesita.
Por: Ismael Enrique Ibáñez Peñuela | El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el 10 de agosto dejó una tragedia humana y material de enormes proporciones. La reconstrucción demandará años, coordinación institucional y recursos extraordinarios. En ese escenario ha emergido con especial fuerza un actor que durante los últimos años fue presentado, demasiadas veces, como antagonista del bienestar social: el sector empresarial.
La respuesta privada ha sido contundente. Al 23 de agosto, los aportes privados comprometidos ya superaban los $2 billones, mientras las estimaciones oficiales situaban las necesidades de reconstrucción alrededor de $30 billones. Es decir, en cuestión de días la empresa privada había comprometido recursos equivalentes a cerca del 7 % de ese enorme desafío nacional.
Entre los aportes más visibles están los $200.000 millones anunciados por Luis Carlos Sarmiento Angulo y Fanny Gutiérrez; $150.000 millones de Jaime Gilinski y Raquel Kardonski; $100.000 millones de David Vélez; y $100.000 millones de la familia Santo Domingo. Solo estos cuatro compromisos suman $550.000 millones. A ellos se han agregado aportes de grandes compañías, fundaciones, gremios y empresarios de diferentes regiones del país.
La solidaridad tampoco se limita al dinero. Empresas como Postobón, D1, Ecopetrol, Grupo Éxito y otras organizaciones han movilizado alimentos, bebidas, elementos de primera necesidad y capacidad logística. En una emergencia de esta magnitud, disponer de redes de distribución, bodegas, transporte, trabajadores y proveedores puede ser tan importante como girar recursos.
Aquí aparece una lección económica que Colombia no debería olvidar cuando pase la emergencia: un país necesita empresas fuertes. Para que una organización pueda donar millones de pesos, primero tiene que haber creado valor; para crear valor necesita invertir, vender, contratar, innovar, asumir riesgos y competir. Y para hacerlo de manera sostenible requiere reglas claras, seguridad jurídica y un entorno institucional que incentive la inversión.
Durante los últimos cuatro años, buena parte del debate político nacional estuvo atravesado por una confrontación innecesaria entre Gobierno y empresa privada. Hubo discursos en los que la utilidad empresarial parecía sospechosa y el empresario era presentado como contraparte del trabajador. La tragedia demuestra las limitaciones de esa visión.
Una empresa rentable no beneficia únicamente a sus accionistas. Genera empleo, demanda bienes y servicios de proveedores, paga impuestos, financia inversión, desarrolla cadenas productivas y fortalece los territorios donde opera. Y cuando llega una calamidad, esa fortaleza económica puede transformarse en capacidad de respuesta social.
Esto no significa que las empresas deban estar por encima del Estado, ni exentas de controles, impuestos o responsabilidades. Significa comprender una realidad elemental: sin generación de riqueza no existe riqueza para redistribuir. El crecimiento empresarial y la política social no deberían concebirse como enemigos; bien articulados, son complementarios.
La reconstrucción exigirá precisamente esa complementariedad. El Estado tiene la responsabilidad constitucional de dirigir la respuesta, garantizar transparencia y priorizar a las comunidades afectadas. Pero la dimensión de la tragedia hace evidente que el Gobierno, por sí solo, no puede hacerlo todo. Colombia necesitará inversión pública, cooperación internacional, organizaciones sociales y una participación empresarial decidida.
El país ya tiene antecedentes de esa cooperación. Después del terremoto del Eje Cafetero de 1999, el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero —FOREC— articuló al Estado con organizaciones privadas y de la sociedad civil. Hoy vuelve a discutirse ese modelo como referencia para acelerar la reconstrucción, corregir sus debilidades y aprovechar sus aprendizajes.
La pregunta de fondo es sencilla: ¿qué capacidad tendría Colombia para enfrentar una tragedia de esta dimensión si durante décadas no hubiera consolidado grandes empresas, grupos económicos, bancos, industrias y redes de distribución? La respuesta debería obligarnos a revisar la forma como hablamos del empresario en el debate público.
Colombia necesita un Estado fuerte, eficiente y transparente. Pero también necesita un sector privado fuerte, competitivo y socialmente responsable. No son objetivos incompatibles. Un buen Gobierno debe crear condiciones para que las empresas nazcan, crezcan y generen empleo; y un buen empresariado debe entender que su papel en la sociedad trasciende el estado de resultados.
Cuando termine la emergencia quedarán carreteras, hospitales, colegios, viviendas y negocios por reconstruir. Pero también habrá algo menos visible que debería reconstruirse: la confianza entre el Estado y quienes producen, invierten y generan empleo.
Quizás esa sea una de las grandes lecciones económicas que nos deje esta tragedia: fortalecer al empresario no significa privilegiarlo por encima del ciudadano. Significa fortalecer una de las principales fuentes de empleo, inversión, impuestos y capacidad productiva de la sociedad.
En tiempos normales, las empresas ayudan a mover la economía. En tiempos extraordinarios, como los que hoy vive Colombia, las empresas fuertes también pueden ayudar a levantar un país.
Nota de verificación: cifras contrastadas con reportes periodísticos publicados entre el 19 y el 23 de agosto de 2026. Los aportes continúan aumentando, por lo que el total puede variar después de la publicación.
…
*PhD. En administración y dirección de empresas, Mg. En dirección y Administración de empresas, Esp. En Gerencia Empresarial, Administrador de Empresas y CEO MP El Porvenir IG SAS.
