La reforma pensional, cuya entrada en funcionamiento está prevista para abril de 2027, enfrenta ya una propuesta de contrarreforma que busca recuperar la libertad de elección, modificar el pilar semicontributivo y fortalecer el ahorro individual, mientras el país afronta un acelerado envejecimiento demográfico.
Por: José Genaro García Murillo | La decisión adoptada por la Corte Constitucional el 25 de agosto de 2026 dejó en pie la mayor parte de la Ley 2381 de 2024 y devolvió al Congreso algunas disposiciones para subsanar aspectos de su trámite. El nuevo sistema está proyectado para entrar en funcionamiento el 1.º de abril de 2027, una vez se complete ese proceso.
Pero que una reforma supere un examen constitucional no significa que sea políticamente inmodificable. Precisamente ahí aparece la propuesta de Jerome Sanabria, Jero, líder del movimiento “No con mi ahorro”, quien anunció una “contrarreforma pensional” orientada principalmente a eliminar el pilar semicontributivo, recuperar la devolución de saldos y devolver a los trabajadores la posibilidad de escoger entre Colpensiones y un esquema de ahorro individual. Su propuesta contempla, además, limitar la cotización en Colpensiones hasta 2,3 salarios mínimos para evitar pensiones excesivamente subsidiadas.
¿Derogar el pilar semicontributivo?
Sí, jurídicamente es posible modificarlo, sustituirlo e incluso derogarlo. La Corte Constitucional ha reiterado que el Congreso posee un amplio margen para configurar el sistema de seguridad social, aunque debe respetar la sostenibilidad financiera, los derechos fundamentales, la igualdad y el principio de progresividad. Incluso una modificación que implique algún retroceso puede superar el control constitucional cuando exista una justificación suficiente, razonable y proporcionada.
El pilar semicontributivo está destinado a quienes llegan a determinada edad sin completar las semanas necesarias para obtener una pensión. La Ley 2381 de 2024 transforma parte de esos aportes en una renta vitalicia que no constituye jurídicamente una pensión, no puede superar el 80% de un salario mínimo y, según su reglamentación, no es sustituible ni heredable.
¿Debe el Estado obligar a esa persona a convertir sus recursos en una renta vitalicia o debería permitirle escoger?
La contrarreforma podría ofrecer una solución más equilibrada: mantener la posibilidad de acceder voluntariamente a una renta vitalicia subsidiada para quien la considere conveniente, pero permitir que quien prefiera recuperar los recursos que legalmente le corresponden pueda solicitar la indemnización sustitutiva o devolución de saldos. Eso sería mucho más defendible constitucionalmente que una simple eliminación de protección. Pero desde mi experiencia como abogado, si tenemos en cuenta que los aportes son de los cotizantes no del Estado, ni de los fondos de pensión, someter a un cotizante que no se pensiona a recibir una irrisoria suma, limita la libertad de elección y del consentimiento informado.
Recuperar la libertad de escogencia
Los afiliados sujetos al nuevo modelo deberán cotizar obligatoriamente en el Componente de Prima Media administrado por Colpensiones por sus ingresos entre uno y 2,3 salarios mínimos. Únicamente el ingreso que exceda ese límite irá al Componente Complementario de Ahorro Individual ACCAI.
Es decir, desaparece en buena medida aquella posibilidad de escoger entre dos regímenes diferentes. El trabajador debería poder elegir cómo construir su protección para la vejez, pero esa libertad debe ser informada.
No podemos repetir los errores de las décadas anteriores, cuando miles de colombianos cambiaron de régimen sin conocer adecuadamente las consecuencias financieras de su decisión y después acudieron masivamente a los jueces solicitando la ineficacia de esos traslados.
Una verdadera contrarreforma debería exigir doble asesoría, proyecciones comparativas de la eventual pensión, información estandarizada, simulaciones económicas y constancia verificable de que el ciudadano entendió las consecuencias de escoger Colpensiones o capitalización individual.
Una precisión necesaria
La Ley 100 de 1993 estableció en su artículo 37 la indemnización sustitutiva para quienes llegaban a la edad de pensión sin completar las semanas necesarias. En el Régimen de Ahorro Individual, el artículo 66 permitió devolver el capital acumulado, sus rendimientos y eventualmente el bono pensional cuando no se alcanzaban los requisitos para pensionarse.
Sin embargo, no sería correcto afirmar que la Ley 2381 eliminó completamente estas figuras para los sobrevivientes.
Su artículo 53 establece expresamente que, cuando un afiliado fallezca sin haber causado pensión de sobrevivientes, sus beneficiarios pueden recibir una indemnización sustitutiva y, respecto del Componente Complementario de Ahorro Individual, la totalidad del saldo con rendimientos y bono pensional cuando haya lugar. Si no existen beneficiarios pensionales, los recursos existentes en ese componente individual pueden integrar la masa sucesoral.
Por eso una contrarreforma técnicamente seria debería hacer dos cosas: restablecer una opción más amplia de indemnización o devolución frente al pilar semicontributivo y, simultáneamente, preservar y fortalecer los derechos que ya existen en favor de beneficiarios y causahabientes.
Colombia está envejeciendo.
Según el DANE, durante 2025 se registraron 433.678 nacimientos, 4,5% menos que en 2024. Más preocupante aún: la tasa global de fecundidad se ubicó alrededor de 1,0 hijo por mujer, muy lejos de los 2,1 necesarios para el reemplazo poblacional.
Las proyecciones oficiales del DANE llegan hasta 2070 y muestran una profunda transformación de la estructura demográfica del país.
Esto no significa que Colpensiones vaya a desaparecer mañana. Pero sí significa que un sistema de reparto afrontará una presión progresivamente mayor si disminuye proporcionalmente el número de trabajadores que cotizan mientras aumenta la población que debe recibir prestaciones durante más años.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, ha sostenido que Colombia tendrá que volver a modificar parámetros como edades, semanas y cotizaciones y ha advertido que los problemas estructurales del sistema no quedaron solucionados definitivamente con la reforma. Esa es, naturalmente, la posición de un gremio interesado en el debate, pero coincide con una pregunta que la demografía obliga a formular. Algo que no se ha tocado el incremento de cotización por la baja natalidad
¿Quién financiará las pensiones dentro de treinta o cuarenta años? Algo que quedó en la norma que no se ha hecho eco, debido a lo anterior se estima que para el 2040 las cotizaciones de los más jóvenes a pensión rondarán más del 35%
Ahorro con solidaridad
La solución tampoco puede ser abandonar a cada colombiano a su propia suerte, un sistema exclusivamente individual tendría enormes dificultades en un país con informalidad laboral, bajos ingresos y largas interrupciones en las cotizaciones.
Podemos proteger con recursos públicos a quienes realmente no lograron construir una pensión y, simultáneamente, incentivar cuentas individuales, ahorro voluntario, aportes adicionales del empleador, educación financiera y capitalización desde edades tempranas. Por ello considero, que el país necesita comenzar a pensar menos en quién administra las pensiones y más en cuánto estamos ahorrando para financiarlas.
Un sistema donde exista libertad de elección, donde el trabajador conozca el destino de sus aportes, donde quien no logre pensionarse tenga alternativas razonables, donde sus beneficiarios estén protegidos y donde una parte significativa del esfuerzo pensional repose en ahorro verdadero.
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*Abogado Litigante y Consultor. Especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, Riesgos Laborales – SST, Responsabilidad y Contratación Pública y Privada.
