En Colombia llevamos años dando la misma discusión, aunque a veces pareciera que el criterio cambia según quién esté sentado en la Casa de Nariño.
Por: Álvaro Leonel Rueda Caballero | En 2019, durante el gobierno de Iván Duque, un bombardeo contra una estructura disidente de las FARC terminó con la muerte de ocho menores de edad. Esa operación le costó el cargo al entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, en medio de la presión política y de una moción de censura.
Años después, durante el gobierno de Gustavo Petro, pasó algo similar: su gobierno decidió realizar operaciones contra estructuras armadas, también murieron menores que habían sido reclutados por esos grupos y volvieron los pedidos de renuncia, las acusaciones y el debate sobre si el Estado debía o no usar la fuerza.
Hoy, con el gobierno de Abelardo de la Espriella, estamos otra vez frente al mismo dilema. Y creo que ya deberíamos ser capaces de hablar de esto sin convertir cada muerte en una nueva pelea entre corrientes políticas.
La muerte de un menor siempre será una tragedia. No hay uniforme, ideología ni gobierno que cambie eso. El Estado tiene la obligación de hacer todo lo posible para proteger a los niños: mejorar la inteligencia, verificar los objetivos, actuar con rigor y reducir al máximo los riesgos en cualquier operación militar. Y si hubo errores o responsabilidades, por supuesto que deben investigarse.
Pero hay una pregunta que no podemos dejar por fuera: ¿quién puso a esos niños ahí? Porque un menor reclutado es una víctima. Ese niño no eligió estar en una guerra, alguien lo sacó de su casa, lo apartó de su familia, lo llevó a una estructura criminal, lo indujo o lo obligó, y terminó usándolo para cometer delitos o participar en una confrontación que nunca debió ser suya.
Por eso, durante mi paso por el Congreso acompañé un proyecto de ley que buscaba fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes frente al reclutamiento y al uso de menores en actividades ilícitas. La iniciativa endureció las sanciones para quienes reclutan, inducen, promueven o coaccionan menores para cometer delitos y, al mismo tiempo, fortaleció los mecanismos de prevención porque proteger a nuestros niños también significa enfrentar a quienes los reclutan y ahí es donde el debate se vuelve incómodo.
¿Qué hacemos con una estructura criminal que usa menores? ¿Dejamos de perseguirla porque puede haber niños adentro? ¿O entendemos que, precisamente porque usa niños, el Estado tiene que combatirla con más determinación?
Para mí, la respuesta es clara: el Estado tiene que actuar. Tiene que hacerlo con inteligencia, con rigor y, por supuesto, dentro del marco de la ley. Por supuesto que también debe tomar todas las precauciones posibles para proteger a los menores, pero lo que no puede hacer es hacerse el de la vista gorda y dejar que los bandidos sigan saliéndose con la suya.
Porque si cada vez que un grupo criminal recluta niños la respuesta del Estado es quedarse quieto, terminamos creando un incentivo perverso: convertir a nuestros menores en el mejor escudo posible frente a la acción de la Fuerza Pública. Y eso sí sería una derrota enorme.
Lo que tampoco podemos hacer es cambiar de criterio según quién gobierne. No puede ser que cuando el presidente es de un sector político pidamos mano dura, pero cuando es de otro encontremos razones para cuestionarla. Si creemos que el Estado debe combatir estas estructuras, tenemos que sostenerlo cuando gobierna quien nos gusta y también cuando gobierna quien no nos gusta.
Yo lo dije el 20 de noviembre de 2025 y lo sigo pensando hoy: el verdadero crimen es el reclutamiento de nuestros niños.
Podemos lamentar profundamente la muerte de cada menor. Podemos exigir explicaciones, revisar cada operación y pedir que los protocolos sean cada vez mejores. Todo eso es legítimo y necesario.
Pero también debemos tener el valor de decir algo incómodo: la responsabilidad de que un niño termine en medio de una guerra no puede desaparecer de la discusión solo porque ese niño murió durante una operación contra quienes lo reclutaron. Si de verdad queremos sacar a nuestros niños de la guerra, no basta con lamentar su muerte cuando ya están en ella. Tenemos que impedir que los criminales sigan teniendo el poder de ponerles un arma en las manos.
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*Excongresista de la República – Abogado
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