Opinión

Aprender a nombrar

Aprender a nombrar

Hay palabras que también nos enseñan a mirar. “Niña” representa una diferencia que durante siglos luchamos por reconocer y proteger. Por eso, ante la decisión del ICBF de privilegiar “niñez” en su lenguaje institucional, me pregunto qué perdemos cuando dejamos de nombrar aquello que una sociedad aprendió, con dificultad, a visibilizar y defender.

Por: Andrés Julián Herrera Porras | Algunas palabras parecen haber estado siempre ahí. Las pronunciamos con tanta naturalidad que olvidamos que también tienen una historia y que, detrás de algunas de ellas, se encuentran transformaciones profundas en la manera como una sociedad aprende a mirar la vida.

Niño, niña, infancia, adolescencia son hoy palabras corrientes, casi transparentes, pero no siempre significaron lo que significan para nosotros. Incluso la idea misma de infancia, tal como la entendemos actualmente, es relativamente reciente: no porque antes no hubiera niños, sino porque no siempre se reconoció que la niñez constituía una etapa particular de la existencia, con necesidades, experiencias y formas de protección diferentes de las del mundo adulto.

Durante siglos, un niño podía ser visto fundamentalmente como alguien que todavía no había crecido. La diferencia estaba en el tamaño, no necesariamente en la manera de comprender su mundo. La transformación consistió en empezar a reconocer que la infancia no era simplemente una espera antes de llegar a la vida adulta, sino una parte de la vida con valor propio. De allí surgieron, lentamente, nuevas preocupaciones por la educación, el cuidado, la protección y, mucho después, por los derechos de los niños. La sociedad no inventó a la infancia; aprendió a mirarla de otra manera.

Con las niñas ocurrió algo todavía más complejo. Durante mucho tiempo, lo masculino pudo presentarse como si fuera universal. Cuando se hablaba del hombre, se pretendía hablar de la humanidad; cuando se hablaba de los niños, se suponía que las niñas estaban allí incluidas. Parecía suficiente con una categoría general para nombrar a todos, aunque en esa generalidad hubiera experiencias que quedaban ocultas. Fue necesario que las mujeres fueran conquistando espacios de reconocimiento para que pudiéramos comprender algo elemental: la igualdad no consiste en hacer desaparecer las diferencias, sino en impedir que esas diferencias se conviertan en razones para negar dignidad, derechos u oportunidades.

Por eso me resulta difícil reducir a una discusión gramatical la polémica que ha surgido alrededor del lenguaje del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A mediados de agosto se conoció una orientación para privilegiar el término “niñez” en las comunicaciones institucionales. La controversia comenzó después de que una directriz de la Regional Huila planteara utilizar expresiones como “niños y adolescentes”, sin mencionar explícitamente a las niñas.

La directora del Instituto, María Carolina Restrepo, defendió posteriormente el uso de “niñez” como una categoría que comprende a todos y negó que existiera la intención de borrar a las niñas. La Defensoría del Pueblo, sin embargo, pidió conocer el alcance, los fundamentos jurídicos y técnicos y los posibles efectos de esa orientación sobre la visibilización de las niñas.

Conviene reconocer algo antes de criticar: “niñez” es una palabra correcta, amplia y necesaria. Nadie debería sostener seriamente que cada vez que alguien utiliza ese término está invisibilizando a las niñas. Una sociedad necesita categorías generales para poder hablar de aquello que comparte. El problema comienza cuando confundimos la capacidad de una palabra para incluir con su capacidad para describir todas las realidades que contiene. Que una categoría sea amplia no significa que todas las diferencias que caben dentro de ella hayan dejado de ser relevantes.

Decir “niñez” permite hablar de una etapa de la vida. Decir “niña” permite reconocer a una persona concreta dentro de esa etapa y, con ella, unas circunstancias que en determinados contextos pueden ser decisivas. No es lo mismo hablar de la infancia en general que preguntarse por las formas específicas de violencia que padecen las niñas, por su acceso a la educación, por los embarazos tempranos, por la explotación sexual o por las desigualdades que pueden atravesar su crecimiento. La palabra no resuelve ninguno de esos problemas, pero permite formular la pregunta desde el lugar correcto. Y eso no es poca cosa cuando hablamos de una institución cuya tarea consiste precisamente en identificar vulneraciones y proteger derechos.

Aquí es donde el asunto deja de ser meramente lingüístico. El lenguaje no crea la realidad como si bastara con pronunciar una palabra para hacer aparecer algo que antes no existía, pero tampoco se limita a poner etiquetas sobre una realidad completamente terminada. Las palabras ordenan nuestra mirada. Permiten distinguir, agrupar, reconocer y establecer prioridades. El derecho lo sabe bien: una categoría jurídica no es una decoración del texto normativo. De la manera como se nombra a una persona o a un grupo pueden depender obligaciones, responsabilidades, medidas de protección y formas concretas de intervención estatal.

Por eso resulta significativo que sea precisamente el ICBF quien protagonice esta discusión. No estamos hablando de una conversación privada ni de una preferencia estilística de un columnista. Estamos hablando de una institución que trabaja con personas concretas y que durante años ha utilizado en su propio lenguaje expresiones como “niñas, niños y adolescentes”.

Incluso en junio de este mismo año el Instituto hablaba oficialmente de “niñas, niños y adolescentes” al anunciar la creación de un equipo nacional para responder a situaciones de reclutamiento y otras violencias. No parece entonces descabellado preguntar qué cambió y por qué ahora esa distinción resulta menos necesaria.

La pregunta merece hacerse sin convertirla en una acusación. La directora del ICBF tiene razón en una cosa: utilizar “niñez” no elimina por sí mismo los derechos de las niñas. Sería exagerado afirmar lo contrario. Una palabra no borra una persona y ningún derecho desaparece porque una institución utilice una categoría diferente para referirse a sus titulares. Pero también sería ingenuo pensar que las palabras institucionales son completamente irrelevantes. La propia Defensoría ha advertido que el lenguaje puede convertirse en un factor de inclusión o exclusión y ha recordado que la legislación colombiana exige incorporar una perspectiva de género en los ámbitos relacionados con niños, niñas y adolescentes.

Hay, además, una paradoja que vale la pena señalar. Hemos pasado buena parte de la historia tratando de ampliar aquello que consideramos digno de ser nombrado y reconocido. Primero aprendimos que la infancia no podía quedar reducida a una etapa de preparación para la adultez. Después aprendimos que las mujeres no podían seguir escondidas detrás de un supuesto universal masculino. Más adelante comprendimos que dentro de la infancia también existen experiencias diferentes, atravesadas por el género, el territorio, la pobreza, la discapacidad, la violencia o la pertenencia cultural. Cada distinción no necesariamente ha significado una división; muchas veces ha sido la condición para comprender mejor una desigualdad que antes permanecía oculta.

Por eso me preocupa cierta fascinación contemporánea por las categorías que pretenden resolverlo todo mediante una palabra general. Hay algo cómodo en decir que una expresión incluye a todos y, por tanto, ya no necesitamos detenernos en las diferencias. Pero la vida humana no suele ser tan cómoda. Las categorías generales sirven para reconocer lo común; las particulares sirven para comprender aquello que no puede ser explicado únicamente desde lo común. Una cosa no debería eliminar a la otra.

Tampoco creo que la respuesta sea llenar los documentos oficiales de fórmulas interminables. El lenguaje institucional debe ser claro, preciso y comprensible. Hay usos del llamado lenguaje inclusivo que terminan convirtiendo la comunicación en una carrera de obstáculos y que, paradójicamente, dificultan aquello que pretendían facilitar. No toda diferencia necesita una palabra nueva ni toda palabra tradicional necesita ser reemplazada. El problema está en otro lugar: en saber cuándo una distinción es innecesaria y cuándo dejar de hacerla significa perder capacidad para reconocer una realidad.

En este caso, la diferencia no parece menor. Una niña no enfrenta necesariamente las mismas formas de violencia, discriminación o vulnerabilidad que un niño. La Defensoría precisamente pidió al ICBF aclarar si se habían valorado los efectos de la orientación sobre la visibilización de las niñas y señaló que una formulación que las omita expresamente podría dificultar la identificación de formas específicas de violencia. Si una institución necesita distinguir esas situaciones para proteger mejor, entonces la palabra “niña” no es una complicación del lenguaje: es una herramienta para mirar.

Y quizá allí está el verdadero asunto. No deberíamos convertir esta discusión en otra batalla entre izquierdas y derechas, entre quienes supuestamente quieren “imponer” palabras y quienes quieren defender un lenguaje “natural”. Ambos extremos pueden equivocarse. Es ingenuo pensar que cambiar las palabras transforma automáticamente la realidad, pero también lo es creer que las palabras no tienen ninguna consecuencia sobre la manera como pensamos. El lenguaje no lo puede todo, pero tampoco es nada. Entre el poder mágico de las palabras y su completa inocencia existe un espacio mucho más interesante: el de las palabras como formas de atención.

Por eso no se trata de prohibir “niñez”, ni de convertir “niña” en una bandera política. Se trata de conservar la posibilidad de utilizar cada palabra allí donde resulte más precisa. Podemos hablar de niñez cuando queremos referirnos a todos; podemos hablar de niñas cuando una realidad particular exige que las veamos como niñas. La igualdad no debería obligarnos a borrar las diferencias, del mismo modo que reconocer las diferencias no debería impedirnos afirmar una igual dignidad.

Tal vez hemos olvidado que una sociedad también progresa cuando aprende a mirar mejor. La historia de la infancia puede leerse, en parte, como la historia de aquello que fuimos capaces de reconocer: primero descubrimos que los niños no eran adultos pequeños; después comprendimos que las niñas no podían quedar escondidas detrás de una idea masculina de lo universal. No parece sensato que, justo cuando todavía existen tantas situaciones en las que ser niña determina la forma concreta de experimentar la violencia, la pobreza, la educación o la protección, consideremos que nombrarlas es un asunto menor.

No creo que el ICBF quiera borrar a las niñas. Tampoco creo que decir “niñez” las haga desaparecer. Pero sí creo que una institución pública debe ser especialmente cuidadosa cuando decide dejar de utilizar una palabra que permite identificar a un grupo concreto dentro de la población que tiene la obligación de proteger. Antes de considerar innecesaria una palabra, convendría preguntarnos qué realidad nos ayudó a reconocer cuando empezamos a utilizarla.

Después de todo lo que nos ha costado aprender a mirar, no deberíamos tener tanta prisa por dejar de nombrar. Porque cuando una niña necesita protección, cuando una niña sufre violencia, cuando una niña tiene miedo, cuando una niña sueña con su futuro, no estamos hablando solamente de “niñez”. Estamos hablando de una niña. Y hay momentos en la vida de una sociedad en los que pronunciar esa palabra, lejos de dividirnos, nos ayuda a unirnos para verlas.

Apuntaciones:

  • La paz que cambia de gobierno. Diez años después de la firma del Acuerdo de Paz seguimos discutiendo si aquello fue una política de Estado o el proyecto de un gobierno. Santos ahora le pide al presidente cumplir lo acordado. En Colombia hasta la paz parece tener que empezar de nuevo cada cuatro años.
  • Tumaco y los amigos que vuelan. Mientras el Comando Sur de Estados Unidos muestra helicópteros sobre Tumaco en X (@Southcom) y habla de cooperación militar, desde Colombia se explica que se trata de asistencia técnica. Más allá de las explicaciones, cuando se trata de soberanía, no debería ser otro gobierno el que termine contándonos qué está pasando en nuestro propio territorio.
  • Después del terremoto. En Chocó, unas familias tienen que enfrentar las consecuencias de un terremoto y otras abandonar sus casas por los enfrentamientos entre grupos armados. Hay lugares de Colombia donde la tragedia parece no dar tregua. Y ese sí es un desastre que no puede atribuirse a la naturaleza.

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*Abogado. Lic. Filosofía y Letras. Estudiante de Teología. Profesor de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Miembro activo del grupo de investigación Raimundo de Peñafort. Afiliado de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino.

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Instagram: @ungato_pensante

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor)

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