Diez años del Acuerdo de Paz: Defensoría destacó avances y reafirmó la necesidad de cumplirlo integralmente como política de Estado para superar las brechas en la garantía de derechos. Principales avances, desafíos y recomendaciones para garantizar los derechos de las víctimas y transformar los territorios afectados por la violencia, presentó la Defensora del Pueblo, Iris Martín Ortiz.
- En la Audiencia Defensorial por los diez años de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, la Defensoría del Pueblo presentó un balance, con los principales avances, desafíos y recomendaciones para garantizar los derechos de las víctimas y transformar los territorios afectados por la violencia.
- El informe reconoce resultados en materia de reincorporación, justicia transicional y desarrollo rural, pero también advierte sobre los retrasos en la reparación integral, la Reforma Rural Integral y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y sobre las dificultades para garantizar la seguridad de las comunidades y sus liderazgos. Su implementación sigue siendo un compromiso constitucional que trasciende los gobiernos.
La Defensoría del Pueblo realizó la Audiencia Defensorial La paz se construye por la vida: un compromiso constitucional, un espacio de reflexión sobre los primeros diez años desde la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016, las transformaciones alcanzadas y los compromisos que deben orientar su puesta en los próximos años. El encuentro convocó a víctimas del conflicto armado, personas firmantes de paz, liderazgos comunitarios y étnicos de diversas regiones del país, expresidentes de la República y representantes de instituciones nacionales e internacionales.
Durante la jornada, la entidad presentó el informe defensorial Las víctimas en el centro, un compromiso constitucional: diez años del Acuerdo de Paz, que reconoce los avances alcanzados durante esta década y planteó la necesidad de fortalecer las herramientas institucionales construidas para garantizar los derechos de las víctimas, enfrentar las desigualdades y superar las condiciones que han favorecido la persistencia de la violencia en los territorios.
La audiencia también abrió espacios para escuchar las perspectivas de las víctimas del conflicto armado, las personas firmantes de paz, comparecientes de la Fuerza Pública y representantes de los Pueblos Étnicos y del campesinado. En la conversación “La paz para los territorios”, moderada por la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, estas voces compartieron un escenario de reflexión sobre los desafíos de la puesta del Acuerdo de Paz.
El balance muestra que, de los 1.367 sujetos de reparación colectiva reconocidos, solo 63 (4,6 %) han terminado su plan. Asimismo, de los 1.068 planes de retorno, reubicación e integración local de víctimas de desplazamiento forzado, solo 31 (2,9 %) han completado sus acciones. A esto se suma que ocho de cada diez víctimas no han accedido al Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI).
Estas cifras reflejan uno de los principales desafíos identificados por la Defensoría del Pueblo: pese a los avances alcanzados durante esta década, persisten dificultades para traducir los compromisos del Acuerdo de Paz en medidas de reparación integral y en la garantía efectiva de los derechos de las víctimas.
“La reparación es una obligación, no un gesto. En diez años, menos del 5 % de los 1.367 sujetos de reparación colectiva terminó la ejecución de su plan de reparación. Ocho de cada diez víctimas no han recibido atención psicosocial. Tres de cada cuatro personas desplazadas no han superado su situación de vulnerabilidad”, afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
El Acuerdo de Paz, firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno nacional y las antiguas FARC-EP, permitió poner fin al conflicto armado con esa organización y avanzar en la dejación de armas de más de 14.100 personas. También hizo posible la creación de mecanismos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, así como herramientas para la reincorporación, la participación democrática y la transformación rural.
En materia de reincorporación, 10.943 personas permanecen vinculadas al proceso, el 76 % de las acreditadas. Cerca de 7.000 personas firmantes han terminado el bachillerato, el 99 % está afiliado al sistema de salud y se han desarrollado 6.206 proyectos productivos individuales y colectivos. Estos resultados representan avances importantes para la construcción de proyectos de vida alejados de la violencia.
En justicia transicional, el informe reconoce los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que adelanta 11 macrocasos y ha emitido cinco condenas por graves crímenes cometidos durante el conflicto armado. La Defensoría destacó la necesidad de acelerar los procesos pendientes, fortalecer la participación de las víctimas y garantizar el cumplimiento efectivo de las sanciones propias, tanto en sus componentes restaurativos como en las restricciones de derechos que contemplan.
En ese contexto, la entidad invitó a un debate técnico, plural y constructivo sobre la JEP, sus resultados, sus dificultades y los ajustes que puedan ser necesarios para potenciar su capacidad de brindar justicia para los millones de víctimas que sufrieron los crímenes que están en proceso de judicialización.
En la ruralidad también se registran resultados relevantes. La pobreza multidimensional en las áreas rurales y dispersas de los municipios priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) pasó del 47,2 % en 2018 al 26,1 % en 2025, aunque esta reducción no puede atribuirse exclusivamente al Acuerdo de Paz. En materia de formalización de tierras, se registran 3.349.711,66 hectáreas, equivalentes al 47,85 % de la meta prevista.
Sin embargo, persisten retrasos en la ejecución de las iniciativas PDET, así como dificultades para garantizar acceso a servicios, proyectos productivos y mejores condiciones de vida a las comunidades rurales. El informe también destacó los compromisos de las familias vinculadas a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y la necesidad de que el Estado cumpla los acuerdos adquiridos con ellas, además de fortalecer los programas de sustitución frente a la magnitud actual de estos cultivos.
Cumplir integralmente el Acuerdo de Paz significa proteger la vida, superar las desigualdades, ampliar la democracia, reparar a las víctimas y garantizar que los derechos reconocidos se hagan realidad en los territorios. Ese es el compromiso constitucional que debe orientar la siguiente etapa.
Foto: Defensoría del Pueblo /
