Una auditoría del Ministerio de Educación encendió las alarmas sobre el manejo del Programa de Alimentación Escolar entre 2022 y 2026. Asignaciones presupuestales sin metodología técnica, posibles sobrecostos, contratación cuestionada y fallas tecnológicas motivaron el traslado de hallazgos a los organismos de control.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE), una de las principales estrategias del Estado para garantizar la permanencia de niños y jóvenes en las instituciones educativas, quedó nuevamente bajo cuestionamiento. Esta vez, las alertas provienen del propio Ministerio de Educación Nacional, que encontró seis grupos de irregularidades en la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA), responsable de orientar y gestionar el programa.
La ministra Ilva Myriam Hoyos Castañeda confirmó que los resultados de una revisión administrativa, correspondiente al periodo 2022-2026, fueron trasladados a los organismos de control. Los hallazgos comprometen aspectos fundamentales de la administración presupuestal, la contratación, la vigilancia territorial, la infraestructura tecnológica y la atención de las denuncias ciudadanas.
El panorama resulta preocupante porque no se trata de una dependencia administrativa secundaria. De la eficiencia de esta unidad depende, en buena medida, que millones de estudiantes reciban oportunamente los alimentos que complementan su jornada escolar. Por eso, las deficiencias identificadas no solamente representan posibles problemas de gestión, sino que plantean interrogantes sobre la protección de los recursos públicos y la capacidad institucional para cumplir con su propósito social.
“Los recursos destinados a garantizar el derecho a la alimentación de nuestros niños son sagrados. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) contribuye a su permanencia en las aulas y a garantizar en igual forma el derecho a la educación. Por eso no pueden comprometerse ni perderse por decisiones sin sustento técnico, contratos cuestionados ni falta de controles”, afirmó la ministra.
Uno de los hallazgos más delicados tiene que ver con la distribución de los recursos durante la administración anterior. Según el Ministerio, las asignaciones presupuestales se realizaron sin una metodología técnica que justificara los criterios utilizados para determinar cuánto dinero debía recibir cada territorio.
La ausencia de parámetros verificables habría debilitado la trazabilidad de los recursos y dificultado el control sobre su distribución. En un programa que exige priorizar a la población estudiantil más vulnerable, la asignación presupuestal no puede depender de decisiones sin suficiente respaldo técnico ni de criterios cuya aplicación no pueda ser comprobada.
A esta situación se suman sobrecostos estimados en varias Entidades Territoriales Certificadas (ETC), responsables de recibir y ejecutar los recursos. El Ministerio informó que realizó una auditoría técnica a las 97 asignaciones efectuadas a estas entidades, con el propósito de revisar las condiciones en las que se distribuyó el presupuesto.
La cartera también trabaja con los organismos de control en una nueva metodología que permita relacionar cada peso asignado con beneficiarios verificables, necesidades territoriales, comportamiento de las entidades y costos debidamente sustentados. El desafío será demostrar que el nuevo modelo corrige las deficiencias y no se convierte simplemente en otro procedimiento administrativo sin resultados concretos.
Contratos, proselitismo y posibles irregularidades
Otro frente de preocupación es el crecimiento de la contratación por prestación de servicios en la UApA. De acuerdo con la revisión ministerial, durante 2026 el número de contratos de esta modalidad aumentó más del 100 % frente a vigencias anteriores.
La situación adquiere mayor gravedad por las inconsistencias encontradas en los soportes de supervisión. El Ministerio identificó contratistas que presuntamente nunca se presentaron a la entidad y casos en los que no existían evidencias suficientes de actividades relevantes. Estos episodios abren interrogantes sobre los mecanismos de selección, seguimiento y verificación de las obligaciones contractuales.
La pregunta de fondo es cómo pudieron avanzar compromisos de esta naturaleza sin que los controles internos detectaran oportunamente las inconsistencias. La contratación pública exige resultados demostrables, especialmente cuando se financia con recursos destinados a garantizar derechos fundamentales de la población escolar.
Como respuesta, la UApA inició una depuración de su planta de contratistas y estructuró el equipo de trabajo para 2027 bajo criterios de resultados. También anunció medidas de austeridad que incluyen una reducción mensual del 9 % en los costos de su espacio de operación, equivalente a un ahorro cercano a los 1.200 millones de pesos, según la entidad.
La auditoría también identificó actividades de proselitismo político presuntamente realizadas por contratistas del equipo territorial. Los contratos de las personas vinculadas con estos hechos fueron suspendidos y las denuncias trasladadas a los organismos de control. Adicionalmente, se establecieron restricciones y mecanismos de vigilancia sobre sus reuniones con las comunidades.
Este hallazgo resulta especialmente sensible porque los equipos territoriales deben actuar con criterios institucionales, sin convertir la ejecución de un programa social en un escenario de promoción de intereses políticos.
Las deficiencias no terminaron en el presupuesto y la contratación. El Ministerio encontró que el Sistema Integrado del Programa de Alimentación Escolar (SIPAE) fue recibido sin operar, pese a que existía un contrato para su desarrollo.
Según la revisión, después de la firma contractual se establecieron cinco criterios de asignación incompatibles con las condiciones contratadas. El resultado fue una herramienta que no respondía a las necesidades de administración del programa y que dejó a la entidad sin un instrumento tecnológico funcional.
La UApA anunció una revisión gerencial del sistema, con entregables definidos, responsables y pruebas de funcionamiento. La recuperación de esta plataforma será determinante para mejorar la planeación, verificar los cálculos presupuestales y hacer seguimiento a la ejecución de los recursos.
El sexto hallazgo corresponde a las alertas ciudadanas. Las quejas relacionadas con la operación del PAE evidenciaron debilidades en la recepción, clasificación y seguimiento de las denuncias. Frente a ello, el Ministerio anunció el fortalecimiento de los canales oficiales y una mayor articulación con los organismos de control.
La reestructuración no reemplaza las investigaciones
La respuesta del Gobierno incluye una reestructuración administrativa, controles contractuales y ajustes tecnológicos. Sin embargo, estas decisiones no sustituyen la necesidad de establecer responsabilidades sobre las actuaciones que pudieron comprometer los recursos públicos.
El traslado de los hallazgos a la Contraloría abre la puerta a las verificaciones fiscales correspondientes, pero será necesario que las autoridades competentes determinen si existieron daños patrimoniales, incumplimientos o conductas irregulares y quiénes serían responsables.
Tampoco basta con anunciar ahorros, depurar contratistas o diseñar nuevas metodologías. La verdadera medida de la intervención será comprobar que los alimentos lleguen oportunamente, que las raciones cumplan las condiciones establecidas y que los recursos se traduzcan en una mejor atención para los estudiantes.
“Pese a las fallas heredadas, en este gobierno asumimos el compromiso de poner el Ministerio de Educación en orden, actuar con transparencia y proteger los recursos públicos. La alimentación, el derecho a la educación y el futuro de nuestros niños no se negocian”, concluyó Hoyos Castañeda.
El reto del Ministerio será convertir los hallazgos en correctivos verificables y resultados sostenibles. El PAE no puede seguir expuesto a fallas de planeación, contratación y vigilancia. Cada peso sin control y cada alimento que no llega a un estudiante representan una deuda institucional con la población que más necesita este programa.