La reserva temporal del macizo de Santurbán vencerá el 4 de marzo del 2027, luego de que el Ministerio de Ambiente revocara la resolución que ampliaba su protección hasta 2029, apuntó la Defensoría del Pueblo.
Ante el riesgo de que el macizo de Santurbán pierda parte de su protección ambiental mientras continúan pendientes estudios fundamentales sobre sus fuentes hídricas, la Defensoría del Pueblo le solicitó al Tribunal Administrativo de Santander decretar medidas cautelares urgentes que impidan una disminución injustificada de las garantías de conservación de este ecosistema estratégico para el abastecimiento de agua en el nororiente colombiano.
La entidad presentó esta solicitud mediante una coadyuvancia a la acción popular promovida por organizaciones sociales y la ciudadanía en defensa del agua y del Páramo de Santurbán. Con esta intervención, quiere que las autoridades ambientales pongan en marcha acciones oportunas para proteger el territorio, sin esperar a que venza la reserva temporal el 4 de marzo del 2027.
La preocupación de la Defensoría surge tras la expedición de la Resolución 1277 del 28 de septiembre del 2026, mediante la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible revocó la Resolución 0970 del mismo año. Esta última había fijado el área efectiva de la reserva en 75.432,42 hectáreas y extendido su vigencia hasta marzo del 2029. Sin embargo, con su revocatoria, el plazo de protección se redujo en dos años y algunas de las áreas incorporadas quedaron por fuera de esta figura de conservación.
Según el documento presentado ante el Tribunal, el propio Ministerio señaló que la revocatoria respondió a una irregularidad procedimental y no a cambios en los fundamentos técnicos, científicos o ambientales que justificaron la ampliación de la reserva. Para la Defensoría del Pueblo, esta situación exige la activación de medidas preventivas que eviten una disminución injustificada de la protección de las fuentes hídricas y los ecosistemas estratégicos de Santurbán.
A esta situación se suma el tiempo requerido para completar los estudios técnicos. De acuerdo con la información presentada por el Ministerio ante el Tribunal, los estudios que deben sustentar la decisión definitiva requieren dos fases de un año cada una y, a septiembre del 2026, aún no habían sido contratadas, por lo que no podrían culminar antes del vencimiento de la reserva temporal, previsto para el 4 de marzo del 2027.
Reporta la Defensoría del Pueblo que en abril de 2026, un estudio del Servicio Geológico Colombiano, basado en muestreos realizados entre los 2.000 y los 3.500 metros sobre el nivel del mar, encontró que el agua de las zonas altas y el agua subterránea asociada a algunas labores mineras presentaba una composición química similar, lo que indica que podrían tener un mismo origen.
Si bien estos resultados no permiten establecer cómo fluye el agua subterránea ni determinar el grado de afectación de fuentes hídricas específicas, para la Defensoría del Pueblo esta incertidumbre científica justifica la aplicación del principio de precaución y la realización de estudios complementarios para prevenir daños ambientales graves o irreversibles.
La Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal acoger las medidas planteadas por los accionantes para que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no revoque, modifique en sentido regresivo ni deje expirar sin decisión definitiva la reserva temporal de Santurbán.
Además, solicitó ordenar al Ministerio que, en un plazo máximo de 60 días y antes del 4 de marzo del 2027, evalúe si los instrumentos de protección vigentes son suficientes, con especial atención a las áreas que quedaron por fuera de la reserva tras la revocatoria de la Resolución 0970 del 2026. Si se requieren medidas adicionales, el Ministerio deberá adoptarlas con justificación técnica y jurídica, sin que se reduzca el nivel de protección existente.
La entidad también pidió que el Ministerio informe sobre el estado de los estudios técnicos y presente un cronograma de las actuaciones pendientes. Asimismo, solicitó que garantice la participación previa, informada y efectiva de las comunidades, de modo que no se limite a socializar decisiones ya tomadas.
Ante la proximidad del vencimiento, la Defensoría le solicitó al Tribunal resolver con la mayor celeridad posible y considerar una medida de urgencia, para evitar que los tiempos administrativos se traduzcan en daños graves o irreversibles sobre las fuentes hídricas de la región.
Foto: Defensoría del Pueblo /