El exvicepresidente Germán Vargas Lleras puso el dedo en la llaga sobre posibles irregularidades en el Instituto Nacional de Vías (Invías) que según él, podrían costarle al país más de 200.000 millones de pesos.
Denuncia Vargas Lleras que el pasado 18 de diciembre, dos días antes de la inauguración del Puente Pumarejo, la directora de contratación del Invías, Catalina Téllez, suscribió una modificación del contrato original con Sacyr, la firma constructora de la obra, para incorporarle una cláusula en materia de solución de controversias.
“Digo inexplicable por cuanto Sacyr ya había presentado ante la jurisdicción contenciosa una demanda contra la nación para tramitar sus reclamaciones. ¿Por qué el Invías en vez de asumir una sólida defensa de sus intereses ante esa jurisdicción, aceptó la posibilidad de crear un tribunal de arbitramento para ‘agilizar’ el trámite de estas, que hoy ya son 15 y cuyas pretensiones podrían sumar 200.000 millones?”, escribió en su columna de opinión dominical.
El exvicepresidente afirma que tanto el anterior director de Invías como el subdirector de la red de carreteras se habían negado a aceptar esta solicitud de Sacyr, razón por la que le llama la atención que ‘misteriosamente’ se haya abierto esta puerta que, a su juicio, establece un precedente gravísimo para que los demás contratistas de obras públicas puedan exigir similar tratamiento.
Vargas Lleras recuerda que el contrato inicial se adjudicó por 614.000 millones y que ya ha sido adicionado en dos ocasiones en este Gobierno con cerca de $130.000 millones, lo que significa un 20% adicional.
“Esto es precisamente lo que no puede seguir ocurriendo. Que las firmas se ganen los contratos a un precio que luego resulta ‘ajustado’ por medio de adiciones y reclamaciones, la mayoría tramitada precisamente por la vía de tribunales de arbitramento”, agrega.
De esta manera, el exvicepresidente se cuestiona si conocía la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez este cambio en el contrato, también se pregunta lo mismo del director de Ivías, Juan Esteban Gil, y agrega que de ser así ¿por qué delegó la firma de la adición al contrato?
“¿Qué opinión les merecerá todo esto al Procurador, al Contralor General y, en especial, al doctor Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica? ¿Será que, por este camino, y como ocurrió con el canal de Panamá con esta misma empresa, la obra terminará costándole al país el doble del valor del contrato?”, añade el vicepresidente.
