Por: Leonardo Granados/ En Colombia pertenecer al sector minero energético se ha convertido en una especie de ‘vacas sagradas’, se creen que son intocables y pueden abusar de los derechos de la población, como el derecho al ambiente sano, salubridad pública entre otros, y el Estado les pretende dar un trato especial que viene rayando en la impunidad, como decía el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, cuando un proceso quería dormirse en la Fiscalía, «lo enviábamos al sueño de los inocentes o al sueño de los mortales».
Hoy quiero poner en conocimiento público unas acciones de la Fiscalía General de la Nación que rayan en la suspicacia, por lo cual insisto, se hace más que preciso diferenciar la ‘verdad del poder’ del ‘poder de la verdad’, ya que, aunque parezca un simple juego de palabras, destaca un cierto orden lógico, el carácter histórico de las relaciones sociales y de las de poder que de aquellas brotan.
Por tal motivo se hace necesario recordar lo que establece la Constitución Política de Colombia conforme está preceptuado en el Artículo 250. La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías.
Es decir, la Fiscalía debe desarrollar la persecución penal contra quien viole la Ley Penal en Colombia, sea rico, sea pobre, sea persona natural o persona jurídica, nadie está por encima del imperio de la ley, la ley es para todos. Sin embargo, en la práctica, en Colombia parecen ser intocables algunas compañías petroleras y mineras que con tan graves delitos ambientales que perjudican a miles de personas, les dan un trato de ‘vacas sagradas’ y sus procesos son dilatados para ser enviados al sueño de los mortales.
Y empiezo a poner en conocimiento una grave situación. En el año 2017 presenté denuncia penal contra la empresa Terpel S.A. bajo el radicado Nº110016099034201700070 por contaminación de residuos de hidrocarburos y aguas residuales al caño El Zarzal, el cual desemboca en la quebrada El Zarzal y llega a la Ciénaga San Silvestre donde se capta el agua para el acueducto municipal de Barrancabermeja.
Esta planta está ubicada en la Vereda La Lizama del corregimiento La Fortuna de Santander. Es una denuncia por contaminación de fuentes hídricas y daños a recursos naturales, por vertimientos de aguas hidrocarburadas y aguas residuales sin contar con los permisos y plan de contingencia.
Analicen bien este hecho. Durante 25 años Ecopetrol S.A., le firmó contrato de suministro de combustibles a Terpel como distribuidor mayorista, afectando las áreas protegidas del Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI Yariguies y San Silvestre. Logramos mediante resolución 073 de 2018 expedida por la CAS, que cerró la planta de Terpel por tres días por no contar con los permisos legales para poder operar.
Pero así lo hicieron desde 1995, es decir, se firmó un contrato con Ecopetrol sin el lleno de requisitos legales como son, los permisos ambientales, donde existen evidencias de más de 20.000 galones de combustibles vertidos a los cuerpos hídricos. Esta investigación fue liderada por la Fiscalía 8 especializada en delitos ambientales de Bucaramanga, al igual logramos un proceso sancionatorio por violación a normas ambientales imponiéndoles una multa de $741 millones por parte de la CAS.
Aunque el proceso iba por buen camino a imputación penal, de forma suspicaz se dio un sospechoso giro en Bogotá, enviando este proceso al sueño de los mortales, como más adelante lo detallaré.
Aunado a lo anterior, impetré denuncia penal en contra de Ecopetrol en la Fiscalía bajo el radicado Nº110016099034201800075 lideradas en la Fiscalía 8 especializada en delitos ambientales, esta acción es por contaminación ambiental por vertimientos de residuos de hidrocarburos al río Magdalena, al Caño El Rosario con residuos de hidrocarburos, aromáticos policíclicos de hidrocarburos que son altamente cancerígenos, situación que hoy continúa, además por contaminación del aire por catalizador y material particulado que expulsan las cracking de la refinería de Barrancabermeja.
La tercer denuncia la instauré fue por el daño ambiental más grave de la historia realizado por Ecopetrol, el afloramiento de crudo del pozo Lizama 158 que contaminó la quebrada La Lizama, Caño Muerto y río Sogamoso, en marzo de 2018. Recordemos que murieron más de 6 mil especies entre aves, reptiles, mamíferos y un daño grave a la fauna y flora, y más de 10.000 peces muertos afectando a los pescadores y comerciantes de la zona del río Sogamoso. Dicha denuncia está bajo el radicado Nº110016099034201800044, liderada en la Fiscalía 9 especializada en delitos ambientales en Bucaramanga, investigaciones que venían avanzadas para imputación y se estaba explorando un principio de oportunidad.
Otra grave denuncia fue la contaminación en el sector El Dique de Yondó (Antioquia) por contaminación con residuos de hidrocarburo en 2019 por vertimiento de una planta de Ecopetrol donde se han afectado más de 40 familias de esta vereda que captan el agua, donde llegan los vertimientos de residuos de petróleo de Ecopetrol. Otra denuncia que instauré fue por la contaminación de fuentes hídricas en la vereda San Luis del corregimiento Peñas Blancas de Yondó (Antioquia) con el radicado Nº110016099034201900014, denuncias que estaban en la Fiscalía de Barrancabermeja y Bucaramanga las cuales se encuentran en indagación.
Lo grave de esta denuncia es que los hechos de la contaminación constituyen un pasivo ambiental desde el año 2010, que ha afectado a familias campesinas, fauna y flora de esta zona, es decir, llevan 10 años soportando la desidia de la compañía petrolera que ni ha indemnizado a las familias afectadas y tampoco han realizado la descontaminación y ahora Ecopetrol pretende eliminar los elementos probatorios, porque fue denunciada.
Finalmente, una denuncia que también se llevaba en la Fiscalía 9 especializada de delitos ambientales en Bucaramanga, tiene que ver con la contaminación con hidrocarburos realizada en el Parque Natural las Quinchas en Puerto Boyacá, por parte de la empresa Ocensa S.A., de la cual forma parte Ecopetrol, hechos sucedidos en el mes de julio de 2018, contaminando la quebrada La Cristalina y los suelos de la vereda La Cristalina, y aunque iba avanzada la investigación, dio otro giro el proceso.
Debo significar que las Fiscales 8 y 9 se han destacado por importantes resultados en la defensa del medio ambiente, han sido eficaces en sus procesos y generan un marco de justicia ambiental en la región.
En este resumen de investigaciones de supuestos delitos ambientales propinados por Ecopetrol, Ocensa y Terpel, generan serias suspicacias las actuaciones de la Directora Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, Diana Carolina Garzón Prada, quien el 4 de febrero de 2020, mientras se elegía a Francisco Barbosa Delgado como Fiscal General en la Corte Suprema de Justicia, expide la resolución 092 del 4 de febrero de 2020 donde suprimen la Fiscalía 9 especializada en delitos ambientales de Bucaramanga, en la cual cursan las investigaciones del Pozo Lizama 158 y contaminación de las Quinchas, que fueron enviadas a Bogotá y le quitan procesos a la Fiscalía 8, específicamente la de Ecopetrol y su contaminación de la refinería de Barrancabermeja y la contaminación de Terpel y deciden trasladarlas para Cúcuta y Medellín, es decir, entre más lejos de las víctimas, mejor. Esto nos genera mucha suspicacia porque eran investigaciones avanzadas, ad portas de imputación, así lo certifican las fiscales asignadas.
Aunado a lo anterior, preocupa lo denunciado por el relator de las Naciones Unidas, Michael Forst, la semana pasada, cuando se trata de acuerdos con la Fiscalía todas las partes que firman aportan recursos. A su vez, la Fiscalía se compromete a priorizar casos y poner especial atención en reforzar su capacidad investigativa y de judicialización en la represión de delitos que afecten las operaciones de las empresas, como está registrado en el convenio entre las Estructuras de Apoyo y Ecopetrol, que desde 2015 a la fecha se han firmado convenios por 24 millones de dólares, es decir, un promedio de 84 mil millones de pesos.
Me pregunto en mi sano juicio, ¿esto no genera un conflicto de intereses? La Fiscalía va a enjuiciar a sus amigos que cooperan con sus investigaciones con la pequeña cifra de $84 mil millones.
Lo que si deja claro esta resolución es que se pretende generar un marco de impunidad de las ‘vacas sagradas’ frente a los delitos graves en áreas protegidas generados por Ecopetrol y sus amigas petroleras, por lo cual considero importante que Francisco Barbosa Delgado como nuevo Fiscal General asuma una posición de transparencia en estos procesos.
Se que se hizo a sus espaldas y no es responsable de estos hechos, pero si tiene la responsabilidad ética y moral de volver a crear la Fiscalía 9 especializada en delitos ambientales de Bucaramanga para luchar en contra de los delitos ambientales de las petroleras y como los del páramo de Santurbán que vienen creciendo y ahora sin persecución penal.
Resalto la investigación de la Universidad de los Andes quienes refieren que, “Durante esta investigación se analizaron cinco convenios de colaboración entre Ecopetrol y la Fiscalía. Los documentos explican que cada uno de los firmantes aportará recursos para el funcionamiento de la Estructura de Apoyo, EDA, de la Fiscalía. Un ejemplo es el convenio 3011412, vigente entre el 24 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, por 17 mil millones de pesos. Ecopetrol entregó 8.680 millones de pesos que se destinaron al “sostenimiento de las Estructuras de Apoyo [de la Fiscalía]: pagos de servicios públicos, mantenimiento equipo electrónicos pasajes terrestres, servicio de correspondencia, servicio de telefonía celular, suministro de alimentación y servicios generales”. La Fiscalía aportó 7.244 millones de pesos para salarios de los funcionarios judiciales.
Está claro que entre la Fiscalía y Ecopetrol existe una relación convencional de un flujo de caja muy alto que no refleja la imparcialidad con la que se tiene que liderar la investigación penal. Preocupan los términos como lo establece el artículo 175 del Código Procesal Penal, modificado por el artículo 49 de la Ley 1453 del 2011, que contempla que la Fiscalía tendrá un término máximo de dos años contados a partir de la recepción de la noticia criminal para formular imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación.
Vale la pena decir que este término máximo será de tres años cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados y cuando se trate de investigaciones por delitos que sean de competencia de los jueces penales del circuito especializado, el término máximo será de cinco años. En este sentido, enviar las investigaciones a ciudades lejanas es un claro ejemplo del «sueño de los mortales».
Quienes ostentan el poder dentro de la Fiscalía al manipular el destino de estas investigaciones, se sienten como cabalgando sobre un tigre, pero les recuerdo señores de la Fiscalía que el tigre no es vegetariano.
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