Por: Javier Antonio Rojas Quitian/ Por estos días de aislamiento, de supervivencia, de temor por no tener que comer aun teniendo dinero y por supuesto de cambios macro y microeconómicos profundos en el país, ha tomado especial importancia el campo colombiano, los campesinos colombianos y no es para menos, aproximadamente el 23% de los habitantes del país residen en el campo y entre ellos producen cerca del 80% de los alimentos que consumimos diariamente en todo el territorio nacional.
Esto, en medio de una cantidad de necesidades y de obstáculos que a diario llevan al fracaso innumerables proyectos e iniciativas de emprendimiento agropecuario que nacen muertas por la falta de apoyo y de garantías de competitividad por parte del Estado. Por ello el mensaje a la clase dirigente del departamento y del país es claro, como lo menciona el expresidente Santos en su libro “Batalla por la Paz”, en Colombia se requiere urgentemente “volcar los esfuerzos del Estado hacia el campo, donde está la mayor pobreza y la mayor inequidad”.
Muchas son las necesidades del sector productivo rural y especialmente de los pequeños campesinos, carencia de buenas vías de comunicación, poca capacitación en buenas prácticas de manufactura y de producción, desigualdad para acceder y competir en los mercados, dificultad para acceder a buenos créditos, etc.
Pero a mi juicio, el primer problema que afecta a nuestros campesinos es que no son propietarios de la tierra. Zonas de protección, predios baldíos, sucesiones ilíquidas, derechos herenciales, entre otras, son figuras legales con las que se poseen las tierras pero que no permiten a los campesinos acceder a créditos bancarios para adelantar proyectos cada vez más grandes y tecnificados, tampoco acceder por hectárea a precios de venta generosos que haga atractivo el negocio de la tierra y que ayuden a superar la pobreza de las familias y por ende la pobreza de los municipios ya que sin títulos o escrituras de las tierras no hay recaudo por impuesto predial y por lo tanto poca o nula es la inversión social. Pobreza atrae más pobreza.
El Estado colombiano mediante Decreto 2363 del 7 de diciembre de 2015 creó la Agencia Nacional de Tierras (ANT) cuya misión como máxima autoridad de tierras, es consolidar y mantener el ordenamiento social de la propiedad rural, para mejorar las condiciones de vida de la población. En términos generales, esta Agencia “(…) garantizará el acceso a la tierra para los campesinos que no la tienen o que tiene muy poca e insuficiente para su sustento. Para quienes sí tienen tierra, pero no la tienen legalizada, la Agencia le ayudará a formalizar su propiedad. Y para quienes tienen tierra y la tienen formalizada, la Agencia garantizará que se le dé un uso adecuado en cuanto al cumplimiento de la función social de la tierra y la explotación ambientalmente responsable de la misma”. (Ver)
Ante este tema, nuestra dirigencia política local merece un “tirón de orejas” ya que, aunque la Agencia Nacional de Tierras fue creada en el país desde finales del 2015, época en la que Santander quedó incluida en la región nororiental con sede en Cúcuta, es la fecha que no hay una oficina en Bucaramanga que se ocupe masivamente de las necesidades de los santandereanos, el único punto de atención local se encuentra en Barrancabermeja sin las condiciones logísticas para atender todas las regiones del Departamento, haciendo muy difícil que tanto campesinos como alcaldes emprendan procesos exitosos para formalizar las propiedades.
Señores Senadores y Representantes, es necesaria en Bucaramanga una Unidad de Gestión Territorial de la ANT, pero es más necesario un plan nacional de formalización masivo de predios, para que mediante un proceso ágil contado en días o meses y no en años, nuestros campesinos ante el Estado y los bancos sean vistos como dueños de sus tierras, de sus predios, para que sean vistos como empresarios, este sería el primer gran paso para agradecerles por sostener al país y producir el 80% de nuestro alimento.
No nos acostumbremos a agradecer solo con aplausos.
*Exalcalde de Sucre (Santander), Administrador de Empresas, Especialista en Gestión Pública y Magister en Políticas Públicas y Desarrollo.
