Por: Leonardo Granados/ Los barranqueños fuimos sorprendidos por el mayor acto de corrupción de la CAS que otorgó licencia ambiental a la Empresa de Aseo Rediba S.A. mediante la Resolución del 28 -11- 2014 con Radicado DGL. No. 00001121, en la Vereda Patio Bonito área protegida DRMI San Silvestre de Barrancabermeja.
Esta empresa, una vez inicia su operación el 2 de enero del año 2015, comienza con vertimientos de lixiviados a cuerpos hídricos. En el mes de enero tenemos la primera mortandad de peces en los caños de Patio Bonito y los campesinos empiezan a denunciar como le están dañando sus humedales de donde captaban el agua para consumo humano por cuanto no tiene acueducto y sus niños empiezan a tener problemas gastrointestinales, manchas y sarpullido en la piel, diagnósticos que en su momento el pediatra Dr. Yesid Blanco determinó al valorar a los niños.
Fruto de las denuncias que interpusimos los ambientalistas por la contaminación con lixiviados donde Rediba vertía a los cuerpos de agua, estos desechos tóxicos generaron contaminación e impacto ambiental, una clara violación a la licencia ambiental y al código penal, por tal motivo la CAS mediante Auto SAA N°0807 de noviembre de 2015, impone medida preventiva a Rediba de la suspensión inmediata de la disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario denominado Ecoparque-Rediba. Así mismo, se ordena apertura de la investigación ambiental a Rediba. Por el presunto quebrantamiento de la normatividad ambiental, de esta forma la CAS requirió a Rediba por única vez para que corrigiera los incumplimientos de las obligaciones y exigencias de la licencia ambiental.
Ante el incumplimiento de Rediba a la medida preventiva, la CAS mediante Auto SAA N°0116 del 8 de abril de 2016, formuló cargos contra Rediba por incumplimiento a la resolución 001121 de 2014, a la etapa pre-operativa y operativa del relleno, vertimientos de lixiviados con aguas lluvias que por escorrentía terminaban en los cuerpos de agua, por no contar con canales perimetrales y dejo en firme la suspensión provisional de la disposición final de residuos sólidos en el relleno, por continuar los incumplimientos de la licencia ambiental.
Sin embargo, la Alcaldía expidió ilegalmente un decreto de emergencia sanitaria para autorizar de forma ilegal a la empresa a seguir disponiendo los residuos en el relleno sanitario, incurriendo en desacató a la autoridad ambiental, o como se conoce en penal fraude a resolución administrativa, ante lo cual Darío Echeverri responderá ante la justicia.
El 8 de junio de 2016, la Secretaría de Medio Ambiente realizó visita de seguimiento al relleno sanitario y descubrió que Rediba construyó una piscina de lixiviados por fuera del área de sustracción y de la licencia ambiental la cual se encontraba sin geomembrana y se filtraba el lixiviado discurriendo dicho toxico al caño moncholo contaminando esta fuente de agua que era de captación para consumo humano de la población de patio bonito, así quedó consignado en el informe de la Secretaría de Medio Ambiente del cual se puso en conocimiento de la autoridad ambiental. Dichas evidencias de un delito ambiental constituyen nuevas conductas agravadas que fundamentan la imperiosa necesidad de revocar la licencia ambiental al ser reincidente.
El pasado 13 de octubre de 2016 estando suspendido el relleno sanitario, desde la Corporación San Silvestre Green realizamos una denuncia en la FM de RCN mediante un video donde se evidencia como Rediba vertía lixiviados sin autorización de la CAS, con sus funcionarios a través de un carrotanque con capacidad para 3.500 galones, a las fuentes hídricas aledañas al relleno sanitario producto de los lixiviados producidos en el relleno, este hecho esta denunciado en la fiscalía mediante el radicado noticia criminal N°680816000136201605246 en la Fiscalía de Barrancabermeja, como lo demuestran los videos, laboratorios de la Secretaría de Medio Ambiente que determinaron mercurio en el agua y metales pesados y el informe de la policía ambiental.
La CAS mediante resolución N°00323 de abril de 2017, impuso una sanción a Rediba por valor de 2.400 millones de pesos por los incumplimientos de la licencia ambiental del año 2015 de la suspensión del auto 0708 de 2015.
No siendo poco con los vertimientos ilegales de lixiviados, Rediba incurrió en mayores daños ambientales en 2016 y 2017, estando en suspensión de actividades de disposición final ordenadas por la CAS, mediante Auto 0807 de 2015 y como ladrón en la noche se salió del área de sustracción invadiendo el área de especial importancia ecológica y realizó tala indiscriminada de árboles, intervención de cause ilegal, putrefacción del bosque húmedo tropical al represar las aguas por el taponamiento de caño moncholo y otros caños innominados.
Lo cierto es que la empresa ha incurrido en graves conductas punibles como se evidencian en las pruebas aportadas a la Fiscalía y con fundamento en la denuncia penal, la fiscalía especializada en delitos ambientales, imputó cinco delitos a la gerente de la empresa Rediba, Liliana Forero Cala. Lo grave es que la CAS desconoció la comisión de los siguientes delitos probados por la Fiscalía: Contaminación ambiental, daño a recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica, fraude procesal, ocultamiento y destrucción de material probatorio.
(La línea roja determina los linderos de la licencia, la línea morada es el área donde realizaron tala indiscriminada e intervención de cause ilegal, taponaron con tierra a caño moncholo, lo que genero el represamiento del agua y se pudrió el bosque húmedo tropical, en el predio la herradura de propiedad del señor Luis Ernesto Ruiz, columnista de Vanguardia)
Uno no puede entender como la autoridad ambiental se hace el de la vista gorda, ante esta grave debacle ecológico en un área protegida creada por la misma entidad para la preservación de la Ciénaga San Silvestre. La verdad oculta es que la sanción a esta empresa gira alrededor de los 5 mil millones de pesos por estos hechos y a la fecha no se ha pronunciado la CAS en estos 4 años. Por dichas omisiones el exdirector de la CAS, Juan Gabriel Álvarez fue imputado por la Fiscalía el 28 de febrero de 2020, en el Juzgado Primero Penal Municipal de Barrancabermeja, noticia criminal con radicado Nº110016099034201500001.
Conforme a los hechos graves de violación a derechos colectivos y fundamentales interpuse ante La Corte Constitucional una acción de tutela en 2015 y en proceso de revisión el día 20 de abril de 2017, mediante fallo de tutela Sentencia T-227 de 2017, se ampararon los derechos a un ambiente sano, derecho humano al agua, a la salud, la vida y la moralidad administrativa, y sentenció:
“Ordenar a la empresa de servicios públicos Rediba S.A. que de manera inmediata:
1. Dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la licencia contenida en la Resolución DGL No. 1121 de 2014, en especial, de las obligaciones relacionadas con el plan de manejo ambiental y con las medidas sociales de compensación decretadas en favor de la comunidad de Patio Bonito”.
A la fecha la empresa Rediba no ha dado cumplimiento y en el 2019 la empresa multinacional Veolia compró a Rediba, por tal motivo asume los pasivos de la anterior, sin embargo, tampoco ha dado cumplimiento a la construcción del acueducto veredal y el sistema de aguas residuales para Patio Bonito como compensación en la licencia y por haber contaminado los humedales, como al igual no ha cumplido con el funcionamiento de la planta de lixiviados. Lo que constituye el presunto punible de fraude a resolución judicial, llevan 3 años de incumplimiento.
A su vez la Corte ordenó:
“Quinto. Ordenar a la Corporación Autónoma Regional de Santander que, en ejercicio de sus funciones:
2. De manera inmediata, inicie una investigación con el propósito de determinar: (i) el posible uso inadecuado de pólvora en el relleno sanitario para ahuyentar aves, (ii) la presunta intervención ambiental irregular de los predios aledaños al relleno, y (iii) el supuesto desconocimiento de los linderos estipulados en la licencia ambiental contenida en la Resolución DGL No. 1121 de 2014.
3.1. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta Sentencia, realice una valoración de los impactos ambientales y sociales que ha tenido la construcción y operación del relleno sanitario de Patio Bonito y, con base en ella, ejecute una revisión de los términos en los cuales se concedió la licencia ambiental, determinando si resulta necesario modificar o revocar, total o parcialmente, dicho acto administrativo.
Estos tres numerales los violó Rediba como se probó arriba, pero la CAS no ha dado aplicación a la Ley 1333 de 2009, ni a la sentencia de la Corte, aunque la orden fue inmediata, lleva tres años incurriendo en el delito de fraude a resolución judicial, pues la ley dice claramente que ante conductas graves y reincidentes debe revocarse la licencia ambiental.
Conforme lo anterior, realicé las peticiones a la CAS, solicitud de revocatoria de la licencia ambiental, por la violación grave de la Ley 99 de 1993 y el Decreto No 1076 de 2015, por parte de Rediba hoy Veolia, bajo los siguientes fundamentos:
Conforme el artículo 62 de la Ley 99 de 1993, establece las causales de la revocatoria de las licencias ambientales que al tenor refiere:
“Artículo 62º.- De la Revocatoria y Suspensión de las Licencias Ambientales…
La revocatoria o suspensión de una Licencia Ambiental no requerirá consentimiento expreso o escrito del beneficiario de la misma.
La suspensión de obras por razones ambientales, en los casos en que lo autoriza la ley, deberá ser motivada y se ordenará cuando no exista licencia o cuando, previa verificación del incumplimiento, no se cumplan los requisitos exigidos en la Licencia Ambiental correspondiente”.
El Decreto No 1076 de 2015:
Artículo2.2.10.1.2.3. Revocatoria o caducidad de la licencia, concesión, permiso, registro, o demás autorizaciones ambientales. La revocatoria o caducidad de la licencia, concesión, permiso, registro o demás autorizaciones ambientales definidos en la ley o en los reglamentos, se impondrá como sanción por parte de las autoridades, de acuerdo con el siguiente criterio:
a) Reincidencia en el incumplimiento de las medidas establecidas en dichas autorizaciones ambientales, siempre y cuando dicho incumplimiento sea grave”.
La conducta de Rediba ha sido reincidente y agravada, pues todos los delitos fueron cometidos en el área protegida del Distrito Regional de Manejo Integrado humedal San Silvestre, así lo contempla el Código Penal Colombiano en el artículo 331 y ss.., por eso le hacemos un llamado al Tribunal de Bogotá, para que imponga las sanciones por desacato a la sentencia de la Corte y la Procuraduría Ambiental y Agraria para que inicie el proceso Disciplinario contra estos funcionarios, y así Barrancabermeja no se siga impactando más.
Por eso insisto, se hace más que preciso diferenciar la ‘verdad del poder’ del ‘poder de la verdad’, es momento de hacer reflexionar al alcalde local, que debemos acabar con este relleno sanitario y dar cumplimiento al PGIRS, para proteger nuestra Ciénaga San Silvestre. Y no pretender fortalecer el relleno como absurdamente lo estipuló en el plan de desarrollo, pues se labra un destino para ser judicializado.
*Abogado.
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