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Opinión

Ojo por ojo…

CORRILLOS
Última actualización: 2020/06/24 at 9:28 PM
CORRILLOS hace 5 años
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Por: Carlos Roberto Ávila Aguilar/ Nuestro país desde el nacimiento de las instituciones Republicanas, sigue marcando una línea de violencia generalizada. Las personas tienen incrustado en su ADN esa herencia, marcada y aumentada por la falta de presencia del Estado y de las desigualdades sociales y económicas.

En las principales ciudades del país, los problemas de seguridad son cada vez más graves. La fuerza pública no alcanza a reaccionar ni a cumplir su compromiso constitucional de garantizarnos la protección de nuestras vidas, de nuestros bienes y tranquilidad; los esfuerzos de los gobiernos no son suficientes, entendiendo la imposibilidad de tener un policía para cada ciudadano. 

El clamor de un pueblo es sentirse seguro, deseamos tener una justicia eficaz ya que con ella se cierra el ciclo de la delincuencia, si la justicia y los gobiernos no operan efectivamente, no hay confianza ciudadana. La gente infortunadamente al no creer en acciones efectivas de la policía, fiscalía o jueces de la república, abusan, no respetan y otros busca como defenderse, tomando la ley por sus propias manos, “ojo por ojo, diente por diente”, apelando a la venganza, inaceptable en un Estado Social de Derecho.

Esta institución jurídica del Código de Hammurabi, “ojo por ojo, diente por diente”, conocido como la Ley del Talión, busca una proporcionalidad entre la acción realizada y la respuesta al daño, es decir, equidad y reciprocidad con el crimen cometido, esta norma es considerado en algunos países islámicos como un principio jurídico de justicia retributiva.  En la legislación colombiana como en otras del mundo, no opera, no funciona, no se aplica, ya que va en contra vía del Derecho Internacional Humanitario, los Derechos Humanos y del Hombre.

El deber ser de nosotros como ciudadanos es mantener incólume nuestra democracia, los ciudadanos debemos respetar el imperio de la ley y creer en las garantías constitucionales, el orden, el respeto por la Vida y la permanencia de las instituciones. El ciudadano desea acatar estas premisas, pero la gente se siente frustrada al no ver acciones efectivas de las autoridades que garanticen seguridad y tranquilidad. El desempleo, la falta de oportunidades, la pobreza extrema, la corrupción, se suma la ausencia de principios y valores en la sociedad y el desequilibrio emocional, mental y social de personas destruidas por la violencia del país, aumentan la delincuencia y por ende la inseguridad.

Preocupa la proliferación de supuestas organizaciones civiles ilegales, que actúan como pandillas, tratando de imponer a la fuerza y mediante actos violentos, su querer o el querer de quien los manda, al parecer con ceguera institucional y la falta de acciones contundentes, imperando el terror y el abuso.

Causa repudio toda acción violenta, sea de la fuerza pública como de grupos insurgentes. Por ejemplo, el caso de una niña indígena de la comunidad Embera Chamí, Risaralda, que fue presuntamente violada por militares o el caso de Floridablanca, donde encapuchados golpeaban a unas personas a machetes en plena vía pública o hasta la persona que en Bucaramanga arrojó violentamente a la calle alimentos de primera necesidad en plena pandemia. Y como muchos otros casos en el país, las autoridades están en la obligación de investigar y resolver con todo el rigor y peso de la ley.

Debemos estar unidos y rechazar estas acciones, la violencia no es el camino, nunca lo ha sido y no podemos aceptarlo; aceptarlo sería ser cómplices y permitir que esto avance hasta el punto que las autoridades pierdan el control, ya paso, revisemos la historia.

Sigo creyendo que la paz y la convivencia pacífica es la solución y el Estado debe priorizar su inversión en educación, salud, cultura ciudadana y otros, para lograr la seguridad; también debemos poner de nuestra parte, y dejar los sesgos, o conflictos políticos polarizadores, porque todos, tanto rojos, como azules, amarillos y verdes, de colores y sin colores, todos, necesitamos vivir seguros, tranquilos y en paz.

Los entes territoriales son responsables por la seguridad de sus habitantes, es necesario gestionar recursos nacionales para complementarlos con los recursos locales, es así y como ejemplo traigo a colación algún recuerdo de mi gestión como Alcalde de Floridablanca, donde logramos poner en marcha medidas importantes para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Trabajamos articuladamente entre comunidades e instituciones, logramos mayor presencia de la policía y el ejército en la ciudad para atender a los ciudadanos, implementamos políticas claras para apoyar a los organismos de seguridad, las visitas a barrios y veredas los intensificamos, escuchamos a la gente, a las poblaciones vulnerables y víctimas, se iniciaron trabajo en conjunto con las instituciones educativas en temas sociales con la prevención del delito, avanzamos con el programa jóvenes a lo bien y otros tantos.

Así mismo, entregamos CAI fijos y móviles, cámaras de seguridad y central de monitoreo, fortalecimos los frentes de seguridad, logramos gestionar a nivel nacional más vehículos para la policía, entre motos, carros, camiones, busetas y otros elementos que sirven para la gestión de seguridad, logísticamente tuvimos más acción en barrios y veredas, es decir, estuvimos en la calle con la gente, haciendo presencia institucional, recuperando la confianza, la que hoy necesitan y reclaman los ciudadanos de sus alcaldes, gobernadores y del presidente, así fuimos contundentes y no permisivos.

Los invito a no tomar la ley por sus propias manos, esa decisión de vengar o actuar al margen de la ley, trae consecuencias dolorosas, ya que la justicia también le caerá y si hubo exceso en la respuesta, o en la acción, tendrá que ser castigado con la ley, hasta que demuestre que actuó bajo alguna causal de ausencia de responsabilidad penal.  

Y para concluir, recordemos a Gandhi quien nos enseñó: “la humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia” y “ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego”.

*Abogado Especialista en Derecho Público, Contratación Estatal y Derecho Penal y Magister en Derecho del Estado.

Twitter: @CarlosRobAvila

Facebook: Carlos Roberto Avila Aguilar

Correo: carlosrobertoavila@hotmail.com

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