Por: Camilo Andrés Maldonado Bautista/ La crisis tocó fondo y no es una crisis cualquiera. Ya en este punto del camino, la afectación de la pandemia del Covid-19 sobre la economía es tan grave que derribó de manera estrepitosa la producción como la demanda de bienes y servicios, conllevando la quiebra, fracaso y cierre de miles de pequeñas empresas, salvo algunas que valientemente han sobrevivido y otras se han reinventado, buscando una manera de generar procesos que les permita acoplarse a la nueva realidad. Pero lo que encuentran, no es el apoyo del Estado, sino unas entidades que se han convertido en costosos obstáculos burocráticos, ante el silencio cómplice del mismo Estado.
En esta columna nos queremos referir específicamente al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), entidad encargada de realizar el control técnico-científico y vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias asociadas al consumo y uso de alimentos, medicamentos y dispositivos médicos de vigilancia sanitaria. Importante responsabilidad, pues tiene bajo sus funciones el fortalecimiento y adopción del modelo de gestión del riesgo en concordancia a las mejores prácticas internacionales, adoptadas por agencias sanitarias homólogas de referencia, así como de la comercialización de los productos y la legalidad de los mismos, dentro de los que se encuentran alimentos y bebidas, medicamentos y productos biológicos, cosméticos, productos para el aseo, dispositivos médicos y plaguicidas, entre otros. Por tanto, sus funciones son supremamente importantes para salvaguardar la salud de los ciudadanos.
Por consiguiente y siendo coherentes con esos altos fines de proteger la salud de la comunidad, entidades como el Invima, deben buscar en estos momentos de crisis, los mecanismos que les permitan sobretodo apalancar a estos pequeños empresarios que están en la búsqueda de generar nuevos productos, que requieren y solicitan el respectivo registro sanitario, se les atienda y despache de una manera más expedita, a menores costos y mejores incentivos.
Como van las cosas, los futuros emprendimientos se enfrentan a trámites burocráticos inoficiosos y peor, en tiempos de la pandemia, que todo es mediante procesos en línea y correos electrónicos, en contravía de la ley anti trámites, como lo evidenció el alcalde de Medellín y un grupo de investigadores de alto nivel con el respaldo de las Universidades de Antioquia, EIA y la Fundación San Pedro, quienes buscaban el aval de los ventiladores desarrollados por InspiraMed y ante su desesperante demora frente a la urgencia de salvar vidas, se requirió la intervención de la Procuraduría General de la Nación que ofició urgiendo la emisión del aval, a lo cual la entidad replicó que los científicos del proyecto no han requerido autorización de comercialización y por lo tanto el respectivo registro sanitario, sino un aval para pruebas en humanos, el cual “depende principalmente es del cumplimiento de los requisitos legales y técnicos por parte de los investigadores y no por la gestión propia del Invima”.
¡Qué respuesta en medio de esta crisis y dificultad de conseguir este tipo de elementos que permitirían salir con equipos a menor costo y de invención nacional!
Lo mismo ocurrió con miles de empresas que se dedicaron a fabricar tapabocas, trajes antifluidos, entre otros, perjudicados por las injustificadas demoras en la aprobación de sus registros sanitarios; pero sí abrieron con toda facilidad la puerta a millones de productos importados de China.
Por ello la gente se pregunta, ¿dónde está el apoyo al empresariado nacional y la protección de nuestra economía? ¿Esta es la forma de apoyar la reactivación económica?
Por el contrario, lo que deben hacer es colocar todo su equipo y tecnología científica en primera instancia a la aprobación y asesoría de los colombianos y no que estos estén implorando por absurdos trámites burocráticos que se convirtieron en francas talanqueras a la producción nacional.
Podemos imaginarnos cómo será el tratamiento para un anónimo pequeño productor que solicita un trámite ante el Invima, si este fue el trato y demora ante la presión del alcalde de Medellín, de universidades y fundaciones, quién podrá defender los derechos de estos miles de colombianos que desean generar riqueza y empleo y se enfrentan en solitario y anónimamente sin ningún respaldo político a estas entidades que en vez de ayudar al crecimiento los llevan a tomar el atajo de la ilegalidad.
Esta es una conclusión lógica, realista y de equidad.
*Economista y Especialista en Gerencia Pública.
Twitter: @camilo36858836
