Por: Javier Quintero Rodríguez/ Algunos dicen que somos un país de leguleyos y es posible que tengan razón. Nuestro entramado institucional está diseñado para que los jueces y magistrados tengan la última palabra en cualquier decisión económica, política, social, ambiental o de cualquier otra índole, lo que constituye un claro desbalance del sistema de pesos y contrapesos necesarios en un Estado de Derecho.
En días recientes, la honorabilísima Corte Constitucional ha emitido unos fallos que revelan el carácter propio de la entidad. Por un lado, declaró inexequible el decreto 580 que, en medio de la terrible pandemia y fundamentado en el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica para todo el territorio nacional, faculta a las autoridades locales a dar alivio a sus ciudadanos para el pago de los servicios públicos en unas proporciones que lo hacían progresivo.
Es decir, a menor estrato, mayor porcentaje subsidiado. Aunque todo tenía coherencia y en muchos lugares el alivio llegó por varios meses a quienes debía llegar, diecisiete firmas de ministros resultaron poco para la corte, ya que la falta de dos de ellas fueron razón suficiente para destruir la loable gestión. Tristemente, el bienestar de millones sigue dependiendo de un papel firmado.
En otra brillante deliberación, la misma corte tumbó el decreto que permitía la reducción de aportes pensionales de 16% a 3% por dos meses. La medida, que pretendía sostener el empleo de las empresas del país y mantener un mejor flujo de caja ante la crisis del coronavirus evitando así mayores despidos forzosos, ahora queda en vilo y provoca una inestabilidad jurídica y financiera para las empresas. No han calculado los magistrados los empleos perdidos producto de sus decisiones y los dramas humanos que se desprenden de las mismas.
Para redondear la faena, la Corte Constitucional también “tumbó” el artículo del decreto que facultaba, no solo al congreso, sino a las tres ramas del poder público a deliberar y tomar decisiones durante la pandemia a través de medios virtuales. Apenas lógico y necesario que los órganos más altos del poder público, en una coyuntura tan especial como esta, en la medida de las posibilidades y anteponiendo el ejemplo del cuidado propio, puedan trabajar y tomar decisiones en beneficio de la nación. Pero, alguna coma mal puesta tenía el artículo y nos quedamos de nuevo con un congreso que no sabe cómo sesionar.
La omnipotente Corte Constitucional se dedicó a tumbar todo lo que le sirve a la gente, y por eso la gente se siente tumbada. ¿Quién puede parar la leguleyada cuando esta es la última palabra? ¿Cuándo volveremos a hablar de una reforma a la justicia comenzando por las altas cortes?
*Economista, MBA.
Twitter: @javierquinteror
