Por: Carlos Roberto Ávila Aguilar/ Esta semana en Colombia la gente de los estratos 1, 2 y 3, las empresas de servicios públicos y los entes territoriales, recibieron un fuerte golpe por la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto legislativo 580 del 15 de abril de 2020 por medio del cual se otorgaban subsidios a la población para el pago de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo hasta el 31 de diciembre de este año, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica.
Golpe no causado por la Corte Constitucional en ejercicio de sus funciones de revisión, sino por culpa inexcusable del Gobierno Nacional. Me refiero a todo el gobierno porque -como lo dijo el ministro de vivienda Jonathan Malagón en los micrófonos de la W radio- todos son un solo equipo y actúan en nombre del gobierno del Presidente Iván Duque.
Por tanto, fue un error garrafal del gobierno o talvez una estrategia maquiavélica, donde dos de sus ministros, Fernando Ruiz Gómez, Ministro de Salud y Protección Social y Mabel Gisela Torres Torres, Ministra de Ciencia, Tecnología e innovación no firmaran este decreto que beneficiaba al pueblo colombiano.
La Corte Constitucional en pleno y por unanimidad dijo al referirse al tema “que los ministros suscriban los decretos legislativos que se expiden en virtud del estado de emergencia económica, social y ecológica constituye una condición indispensable de validez de dichas normas, en la medida en que con este se garantiza, el principio democrático, durante el estado de excepción, pues se contrarresta el déficit de deliberación y se limita la facultad discrecional del presidente”. (Ver más)
La Corte no recibió en el proceso ningún tipo de justificación por parte del gobierno que permitiera explicar su ausencia, incapacidad o impedimento para conocer o suscribir el entonces Proyecto de Decreto Legislativo generando un sinsabor, pareciera que el gobierno lo tenía preparado y puso sus comodines a jugarle indecorosamente a la constitución, a los entes territoriales y al pueblo colombiano.
Esta norma declarada inconstitucional deja sin efectos su articulado y por ende su decaimiento causa consecuencias nefastas en el orden jurídico debido a las decisiones administrativas tomadas por algunos entes territoriales. Debe el gobierno remediar esta situación lo más pronto posible en beneficio de las comunidades más afectadas por esta grave situación e igualmente a los entes territoriales que creyeron en dicha política pública y a los cuales hay que reconocerles a sus alcaldes la decisión tomada por querer beneficiar a su gente.
Una de las decisiones que debería tomar el presidente de la República Iván Duque, es retirar del cargo a esos señores ministros y la secretaria jurídica de palacio quienes incumplieron sus deberes como servidores públicos, al no firmar ese decreto, o no tramitarlo, error grave para un gobierno, en otros países por menos han renunciado ministros.
No he visto que esas carteras del gobierno asuman la responsabilidad política de renunciar a sus cargos por afectar a más de 11 millones de colombianos beneficiados, ya que al quedar sin efectos jurídicos este decreto legislativo, pierden la capacidad los municipios y distritos para asignar subsidios hasta del 80% para el pago de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo para el estrato uno (1), del 50% para el estrato dos (2) y del 40% para el estrato tres (3).
Si bien es cierto en los meses de abril y julio, fueron beneficiados muchos colombianos, hoy en día se pierde este beneficio y la potestad para que las entidades territoriales hasta el 31 de diciembre de 2020, pudieran asumir total o parcialmente el costo de los servicios públicos, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y menos las condiciones para diferir hasta 36 meses el cobro del cargo fijo y del consumo no subsidiado a las entidades sin ánimo de lucro como zoológicos, tenedores de fauna, aviario, acuarios y jardines botánicos o entidades afines por parte de las prestadoras.
Los usuarios, la gente del común, el pueblo pierde en esta crisis. Ahora los entes territoriales no podrán continuar bajo esta norma subsidiando los servicios públicos con otro tipo de recursos, deben ajustarse y planear su organización presupuestal si desean y pueden mantener ese beneficio.
Alguien debe responderle al país por este error, además de los ministros y la jurídica de palacio, el Gobierno debe responder con acciones claras y entrar a dar soluciones jurídicas, económicas y sociales a esta grave situación que género, por el bien del país.
*Abogado Especialista en Derecho Público, Contratación Estatal y Derecho Penal y Magister en Derecho del Estado.
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