Una vez aprobado el Acto Legislativo que permite cambiar las reglas de juego de la distribución de del pago que hacen las compañías petroleras y mineras por explotar yacimientos de recursos naturales no renovables, ahora la atención está sobre el proyecto de ley con el cual se reglamentará el mismo.
La iniciativa que presentará formalmente el Gobierno Nacional este lunes 3 de agosto al Congreso de la República, genera especial expectativa, debido a que la modificación que se hizo al Sistema General de Regalías (SGR) durante el gobierno de Juan Manuel Santos, no llenó las expectativas.
“Con la nueva reforma se debe aumentar la asignación a los municipios más pobres, facilitando que estos puedan ejecutar recursos y crear proyectos sin depender de la Gobernación y la ejecución departamental”, dijo el Representante a la Cámara, Ciro Fernández, integrante de la Comisión Quinta, célula legislativa que tendrá a cargo la discusión del proyecto.
Para el legislador santandereano, oriundo de una zona petrolera, “la propuesta de reforma nos permitirá atacar los cuellos de botella administrativos, al facilitar los procesos de tomas de decisión”.
¿Qué persigue la iniciativa?
Aunque la anterior modificación al régimen de regalías, mediante el Acto Legislativo 05 de 2011, estuvo motivada por la inequidad de su distribución, por el escaso impacto de las inversiones realizadas en términos bienestar y desarrollo regional debido al uso indebido y atomización de los recursos, así como por la orientación del gasto hacia sectores no prioritarios; las buenas intenciones del gobierno contrastaron con la realidad.
En esta ocasión la reforma al sistema se enfocará en mejorar los procesos de asignación y ejecución de recursos. En este sentido, a partir de la iniciativa, se aumentará la asignación directa a entidades productoras y habrá mayor inversión en los municipios más pobres. También se reducirán los tiempos y se actualizarán los procedimientos.
Para el congresista Fernández, “esta reforma debe garantizar más recursos y mejor disponibilidad de los mismos en los proyectos de carácter local y regional, avanzando en la descentralización y favoreciendo el desarrollo”.
Aclaró que, “es fundamental encontrar un punto medio entre las necesidades de los municipios no productores y los municipios productores. Creemos que este proyecto le apunta a conseguir ese objetivo”.
De hecho, el proyecto platea menos actores en las instancias de viabilidad, aprobación y ejecución de proyectos y seguimiento y control con énfasis en el desempeño de proyectos y alertas medianas tempranas preventivas.
La distribución de los recursos
Los dineros provenientes del Sistema General de Regalías -según lo dispone el Acto Legislativo 05 de 2019, se distribuirán así:
Un 20% para los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelante la explotación de recursos naturales no renovables, así como para los municipios con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos.
Los municipios donde se exploten recursos naturales no renovables tendrán además una participación adicional del 5% que podrán ser anticipados.
Un 15% para los municipios más pobres de país, con criterios de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y población, de los cuales, mínimo 2 puntos porcentuales se destinarán a proyectos relacionados o con incidencia sobre el ambiente y el desarrollo sostenible, que serán invertidos de acuerdo con una estrategia nacional de protección de áreas ambientales estratégicas por los municipios.
Un 34% para los proyectos de inversión regional de los departamentos, municipios y distritos, con criterios de necesidades básicas insatisfechas, población y desempleo, priorizando proyectos de alto impacto regional.
Un 1% para la conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación.
Un 10% para la inversión en ciencia, tecnología e innovación -a través de convocatorias públicas, abiertas, y competitivas- de los cuales, mínimo 2 puntos porcentuales se destinarán a investigación o inversión de proyectos de ciencia, tecnología e innovación en asuntos relacionados o con incidencia sobre el ambiente y el desarrollo sostenible.
Un 2% para el funcionamiento, la operatividad y administración del sistema, para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, la evaluación y el monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, para el incentivo a la exploración ya la producción.
Un 1% para la operatividad del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control que velará por el uso eficiente y eficaz de los recursos, fortaleciendo la transparencia, la participación ciudadana y el Buen Gobierno; de este, la mitad se destinará a la Contraloría General de la República.
El remanente se destinará al ahorro para el pasivo pensional y al ahorro para la estabilización de la inversión.
Lo novedoso de la reforma
El proyecto de ley mantiene el 25% de asignación directa por producción; un 15% de asignación local (desaparece el 80% para pobres y 20% para municipios de categorías 4, 5 y 6), en esta ocasión el monto se distribuye de manera equitativa a los municipios con NBI del 25% y se incluye a grupos étnicos.
También se mantiene el 34% de asignación regional, pero este monto se dividirá en 50% de participación departamental y 50% de participación regional. Se sigue con el 10% para Ciencia y Tecnología, solo que ahora se haría por bolsa de convocatorias.
La iniciativa plantea para los proyectos que quedaron pendientes del Acuerdo de Paz definidos en el Acto Legislativo 04 de 2017, un 7% de las regalías para el Ocad Paz, previstos para la vigencia del Acuerdo. Dichos recursos serán invertidos exclusivamente en la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET o, en su momento, la hoja de ruta que los incorpore, durante los años 2020, 2021 y 2022.
“Buscamos que los recursos de regalías se ejecuten de acuerdo con las líneas establecidas en los programas de gobierno territoriales y en beneficio de la construcción de paz. Por esta razón, existe un compromiso de garantizar el fortalecimiento del Ocad Paz y su dedicación al mejoramiento de las condiciones de vida en los municipios de Santander que más han sufrido la violencia”, reconoció el congresista.
Con respecto a la viabilidad, priorización y aprobación en asignación directa y local, el proyecto ya no tendrá que pedir permiso a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad). En tal sentido, la tarea estará en manos de las entidades territoriales y los recursos se distribuyen en municipios y departamentos.
En asignación regional, aunque se mantendrá la priorización y aprobación en Ocad, la secretaría técnica estará a cargo del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y los recursos serán distribuidos en regiones y departamentos.
El proyecto de ley hace parte de la agenda prioritaria del gobierno de Iván Duque.
