Por: Leonardo Granados/ En el marco de esta investigación que hemos venido desarrollando en busca de la verdad oculta, de la información que el gobierno del exalcalde Elkin Bueno Altahona de Barrancabermeja no quiere que usted como usuario conozca y que los demás alcaldes durante los últimos 20 años han sido cómplices de este aparente atraco al pueblo barranqueño -frente a la escandalosa tarifa del ‘Alumbrado Público’, negocio millonario que viene metiéndonos la mano al bolsillo para enriquecer a tres familias de Bucaramanga- como se conoce en el plano penal, presuntos testaferros del exburgomaestre, entonces debemos recordar lo expresado por Michel Foucault, quien advertía al lector sobre la cuestión de la verdad y del poder: “Una cosa es el poder de la verdad y otra la verdad del poder”.
Hoy revelaré varias verdades ocultas a la opinión pública del poder local, una de las estrategias punibles de Elkin David Bueno Altahona, de cómo se planeó y diseñó la forma de meterle la mano al bolsillo de los barranqueños durante estos 20 años, desde la celebración del contrato de concesión Nº 0424 del alumbrado público con Iluminación Yariguíes en 1999, me refiero específicamente al contrato de fiducia, donde deberían consignarse los dineros excedentes del impuesto de alumbrado público recaudado por Electrificadora de Santander (ESSA), encargada de recaudar el 10% del valor del consumo de nuestros hogares o empresas, como tarifa obligatoria para enriquecer a los amigos pobres de Bucaramanga, quienes en efecto compartirían su riqueza para afianzar una fuerza política que desangraría a Barrancabermeja, denominada el ‘elkinismo’.
Es importante entender y ver con detenimiento lo que planearon. El primer punto de este entramado fue establecido en la cláusula cuarta, numeral 30 del contrato de concesión Nº 0424 de 1999, donde de forma olímpica el exalcalde Elkin Bueno, le otorga la facultad a Iluminación Yariguíes de seleccionar a dedo al Banco de Bogotá para que entre dos particulares se firmara el contrato de fiducia.
Es decir, entre su amigo Héctor Tiberio Valencia y el Banco de Bogotá, lo que significa en el mundo de la corrupción un ‘yo con yo’, de esta forma el Municipio perdería el control de la administración del impuesto de Alumbrado Público (Privatizándolo), para que dos particulares amigos suyos pudieran planear el robo del siglo en el Puerto y de esta forma violar lo que dice la Ley 80 de 1993, articulo 32 Nº 5, que dichos contratos de fiducia debían someterse a licitación pública para que el Municipio ejerciera el control de la administración del impuesto de Alumbrado Público, aspecto que explicaré más adelante.
Vean y observen lo grave -de lo que a mi parecer es un evidente acto de corrupción- que la Contraloría General de la Nación establece como hallazgos disciplinarios en la auditoria del año 2005, fecha para la cual debía haber sido suspendido dicho contrato de fiducia por este hallazgo. Sin embargo, ha seguido vigente durante estos 20 años porque silencian a órganos de control, clase política y medios de comunicación, afectando la ciudadanía y los empresarios de la ciudad.
Este modelo privado realizado por Elkin Bueno y sus amigos, incurriendo en actos de corrupción bajo la modalidad de sobrecostos en insumos, logística y dispositivos del sistema de alumbrado público.
Una de las estrategias más graves que hemos descubierto es la interventoría irregular. Quien le corresponde ejercer el control sobre el contrato de concesión -y éticamente debe garantizar la transparencia y eficiencia de la ejecución de los recursos del impuesto de alumbrado público- ha formado parte de esta corruptela. Así lo confirma la auditoria de la Contraloría, lo cual detallo así:
La Interventoría Inar Ltda., dirigida por el Ing. Pablo Inar Ortega, deja entrever muchas irregularidades, desde ‘darle por la cabeza’ a sus trabajadores, incumplir el contrato de interventoría, hasta lo que se conoce en el mundo de las interventorías irregulares, «me hago el ciego y que legalicen», pues la contraloría en la pagina 12 afirma:
«El interventor del contrato y el Secretario de Infraestructura se limitan a firmar las ordenes de pago por Administración, Operación y Mantenimiento, pero no verifican las cantidades de obras de expansión ejecutadas para cuantificar los valores unitarios, como tampoco, la revisión financiera sobre los aportes de capital…”.
Es decir, ¿el interventor y el Secretario de Infraestructura firmaban cheques en blanco? Como dicen en la costa, «ponga el valor que quiera que yo soy tu cómplice». Lo grave es que esto lleva 20 años y no pasa nada ni en la Fiscalía ni en la Procuraduría.
Sobrecostos = Corrupción: Hace referencia a un acto punible evidente claro, que debe ser atendido por la Fiscalía General de la Nación.
La Contraloría también estableció hallazgos de graves sobrecostos cobrados por Iluminación Yariguíes al Municipio por el servicio de alumbrado público, pero como el interventor está ciego, supuestamente no los vio.
Quiero que analicen la forma como nos ‘tumbaron’ -y se hace llamar “Bueno”- siendo esta una conducta perversa y corrupta. Y no es su primera vez en el campo de la corrupción, el escenario le es familiar y esto lo pueden apreciar en el cuadro Nº 8 de la auditoría realizada por la Contraloría que relaciona un marco comparativo de precios unitarios entre Iluminación Yariguíes y Luces de Floridablanca.
Son sorprendentes las cifras de sobrecostos del 61%, pero tomaré una línea como referencia, las luminarias de 70W para que ustedes comprendan este escándalo de aprovechamiento ilegal de recursos públicos, como los transforman en bolsillos privados.
Para esta modernización de luminarias de mercurio a luminarias de sodio de 70W, Iluminación Yariguíes instaló 14.500 unidades, con un sobrecosto de 137.000 mil pesos por cada una, lo que significa en plata blanca que se robaron la colosal suma de 1.997 millones 302 mil 500 pesos. Se calcula que el presunto robo integral supera -en ese tiempo- los $4 mil millones.
La pregunta que usted se debe estar haciendo es, ¿por qué este tipo de personas no están en la cárcel y sus propiedades en manos de la Fiscalía?
Porque precisamente con estos dineros de mal proceder se silencian los órganos de control y la clase política, los concejales también han estado calladitos, posiblemente con la boca llena que les impide hablar, esto produce tristeza de patria chica al ver la representación política de la ciudad. Esto tiene que cambiar.
Fíjense ustedes como es la corrupción tan descarada en Barrancabermeja por parte de la politiquería ‘elkinista’. Lo digo con claridad: Este año se imputaron 10 alcaldes por sobrecostos del 35% en mercados en medio de la pandemia, por subirle 1.500 pesos a una libra de frijol. La Fiscalía General de la Nación, frente a este acto ilícito contra el pueblo barranqueño tiene que enviar a la cárcel a los dueños de Iluminación Yariguíes, como son:
Héctor Tiberio Valencia, Leonardo Plata Orostegui, Alfredo Espinosa, el exalcalde Elkin David Bueno Altahona, el interventor Pablo Inar Ortega y los secretarios de infraestructura, quienes se prestarían para estos actos de corrupción que evidencian presuntamente concierto para delinquir, peculado, entre otros delitos.
Finalmente, quiero precisar la posible responsabilidad que tiene el alcalde local, quien conforme al mandato legal le corresponde acabar con este negocio ilegal y corrupto, es así que mediante respuesta a un derecho de petición confirma lo que afirmó la Contraloría, que no hubo proceso de licitación pública, de modo que le corresponde al alcalde acabar con el contrato de fiducia entre el Banco de Bogotá e Iluminación Yariguíes conforme lo preceptúa la ley y exigir a ESSA, consignar el recaudo del impuesto de Alumbrado Público a la Secretaria de Hacienda y obtener nuevamente el control la Administración Municipal de este impuesto. Analicen la respuesta:
Para mayor claridad y precisión jurídica, la primera y posible irregularidad es que no hubo proceso de licitación pública, esto genera nulidad de dicho contrato de fiducia y la Ley 1386 de 2010 en su artículo 1º les ordena a los alcaldes corregir estas irregularidades:
“…Artículo 1o. Prohibición de entregar a terceros la administración de tributos. No se podrá celebrar contrato o convenio alguno, en donde las entidades territoriales, o sus entidades descentralizadas, deleguen en terceros la administración, fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones, e imposición de sanciones de los tributos por ellos administrados. La recepción de las declaraciones así como el recaudo de impuestos y demás pagos originados en obligaciones tributarias podrá realizarse a través de las entidades autorizadas en los términos del Estatuto Tributario Nacional, sin perjuicio de la utilización de medios de pago no bancarizados.
Las entidades territoriales que a la fecha de expedición de esta ley hayan suscrito algún contrato en estas materias, deberán revisar de manera detallada la suscripción del mismo, de tal forma que si se presenta algún vicio que implique nulidad, se adelanten las acciones legales que correspondan para dar por terminados los contratos, prevaleciendo de esta forma el interés general y la vigilancia del orden jurídico. Igualmente deberán poner en conocimiento de las autoridades competentes y a los organismos de control cualquier irregularidad que en la suscripción de los mismos o en su ejecución se hubiese causado y en ningún caso podrá ser renovado.
La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República deberán de oficio revisar los contratos de esta naturaleza que se hayan suscrito por las entidades territoriales.
Está claro que el alcalde local tiene la obligación de poner en conocimiento de la Procuraduría estas irregularidades, sin embargo, supongo que no lo va hacer porque los implicados apoyaron su campaña. Lo cierto es que al Procurador Provincial, Jairo Dueñez Prieto, ya se le solicitó iniciar la correspondiente acción preventiva a efectos de aplicar la ley y acabar con este negocio corrupto, de lo cual espero en los próximos días su intervención inmediata.
Por estos antecedentes, la protesta pacífica del no pago de Alumbrado Público sigue firme y esta semana se reparten las peticiones para las firmas ciudadanas, para exigirle al alcalde local acabar con este negocio.
*Abogado
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