Por: Alfonso Prieto García/ Según Discapacidad Colombia, se calcula que el 20% de la población mundial presenta condiciones de disfunción física y psicológica, alcanzando cifras que superan los doscientos millones de un universo de mil millones de habitantes; este fenómeno tiende a aumentar por la condición de afectación climática, el índice de natalidad que disminuye con la condición socioeconómica y otros factores que como la inversión de la pirámide etarea o aumento de poblaciones adultas sobre las más jóvenes, facilitan la presencia de niveles superiores de morbilidad en la población adulta y con ella el riesgo a niveles crecientes de minusvalía o disfunción integral humana.
En Colombia existe subregistro de esta población discapacitada por inhibición, humildad, desconocimiento o resistencia a ser ubicados; cuenta con 1.342.222 personas en el RLCPD, registro y localización de ciudadanos con discapacidad base 2.017. Dada la histórica estadística, el gobierno nacional acaba de promover una nueva inscripción de población discapacitada en Colombia con las limitantes de acceso a los sistemas virtuales de comunicación y registro de una población importante de los estratos menos favorecidos donde se presenta una cifra significativa de los mismos, para el favorecimiento de estímulos y preferencias a las ofertas de bienes y servicios.
Singular situación se observa en la cultura, costumbre, normas y acciones de los colombianos y en particular los santandereanos al trato preferente con las personas discapacitadas. A pesar de que existen disposiciones claras sobre designación de áreas de parqueo, frecuente es encontrar usuarios que las utilizan indiscriminadamente sin que sean parte de este grupo preferente; muchos son los centros comerciales que no disponen ni demarcan el número de parqueos determinado por la norma de zonas azules, algunos ni cerca de los sistemas mecánicos de movilidad, ascensores, gradas o cintas de traslado, ni controlan el uso de estos, haciendo inocuo el propósito de la norma.
Cuantos edificios no disponen de accesos sin barreras arquitectónicas para la facilidad de movilización de los discapacitados; y que fácil sería exigir frente a cualquier modificación o solicitud de tramite institucional al Estado o en el mejor de los casos, una exigencia perentoria con plazo de ajuste a todos los edificios y construcciones nuevos y antiguos de esta importante medida.
Que conveniente sería que el Estado considere tratamiento especial para discapacitados especialmente de movilidad, en los teatros de tabla, salas de cine, presentaciones públicas centros comerciales y en fin todos los lugares que deben disponer un trato preferencial para atender con humanidad la movilidad y acceso de esta población.
Empecemos por una inclusión real donde caminar no sea un privilegio sino un derecho que se equipará con la ayuda de sus semejantes.
*Economista, Magister en Administración de Empresas, exconcejal de Bucaramanga y exdirector seccional UCC Bucaramanga
Twitter: @AlfonsoPrietoG3
