Por: Diego Ruiz Thorrens/ En Colombia la violencia no da tregua, ni siquiera en tiempos de pandemia. Su espiral continúa atrapando a más y más personas, sin que al parecer nada ni nadie pudiese detenerle: niños, niñas, adolescentes, personas LGBTI y mujeres van siendo incluidas en los más recientes registros de violencia, homicidios y feminicidios en nuestro país. Tampoco escapan todas aquellas personas en contexto de vulnerabilidad que vienen siendo afectadas por nuevos actores de la violencia, dentro y fuera de los territorios. El desprecio por la vida es cada vez mayor. La violencia continúa fortaleciéndose, tomando mayor impulso su naturalización y normalización, dejando un inmenso vacío en nuestra sociedad y una sensación de desasosiego que pareciera nunca acabar.
Las pocas esperanzas que trajo el inicio del 2021 y el año nuevo ‘sin pandemia ni violencia’ se diluyeron con la misma rapidez con que llegaron. Tan solo unos pocos días del año trascurrieron cuando la violencia ya comenzaba arrojando nuevos casos de homicidios y feminicidios en muchas regiones del país. Las mujeres, sin importar su ciclo vital, continúan siendo las más vulneradas. En algunos departamentos (incluido Santander) el ‘año nuevo’ fue recibido con nuevas denuncias de violencia en razón del género.
A nivel departamental, municipios como Bucaramanga, San Juan de Girón, Floridablanca, Barrancabermeja, San Gil, El Socorro entre otros (el último, Charalá) comenzaron a registrar los primeros casos de violencia contra la mujer. Nuevas víctimas y nuevos testimonios comenzaron a emerger. La pandemia del Covid – 19 acentuó la pandemia de la violencia. Y ahora, la pandemia de la violencia reafirmó la pandemia de la desidia institucional y la violencia de Estado.
Los acontecimientos de últimos días confirman la gravedad en la cual se encuentran los derechos humanos en nuestro país, y en los que el actual gobierno poco a nada está haciendo para protegerlos. Algunos hechos han tenido mayor repercusión. Otros, lo han tenido en menor medida. Uno de los más graves y simbólicos (y que sigue teniendo gran mediación) está relacionado con el caso que fue presentado ante la corte interamericana de derechos humanos por la activista y periodista Jineth Bedoya y la nefasta respuesta del Estado Colombiano.
Caso Bedoya Lima y otra vs. Colombia
La brutal experiencia vivida por la respetada activista, que lleva más de 20 años exigiéndole al Estado justicia y reparación por los actos de violencia (violación) a los que fue sometida, y que debería significar la oportunidad de nuestro país para dignificar, no solo a Jineth, sino a todas las víctimas de la violencia sexual y violación en el marco del conflicto armado, terminó en el más cuestionable y vergonzoso hecho realizado (hasta el momento) por Colombia: el abrupto e injustificado retiro del Estado Colombiano de la audiencia ante la Corte IDH.
Esta reprochable acción solo puede ser comprendida como un acto de desprecio ante los hechos de violencia que sufrió Jineth y los cuerpos de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. De la misma manera, ramifica en otras y profundas implicaciones, como es el poco o nulo interés de nuestro país por brindar bienestar a las víctimas de violencia sexual y promover acciones de verdad, de justicia y reparación.
Este suceso, sumado a la posterior intimidación que vivió Jineth Bedoya de parte del señor Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el pretexto de alcanzar una ‘conciliación’ (utilizando redes sociales, Facebook, Twitter) deja un precedente que, tristemente, se asimila a las acciones que a nivel local realizan una y otra vez las instituciones públicas receptoras de las distintas denuncias que sufren las mujeres (como por ejemplo, las comisarías de familia) y que prefieren (al igual que lo hizo el señor Gómez) ‘conciliar’ entre víctimas y agresores, exponiendo a las víctimas a posteriores y mayores niveles de violencia.
Pero quizá el más preocupante de todos los precedentes, es que las víctimas de violencia sexual, fuera y dentro del marco armado colombiano, si desean alcanzar la reparación y la justicia, tienen que asumir toda clase de retos y obstáculos, algunos que impondrán la ley, otros que provendrán de las instituciones que están encargadas de “investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes”.
En Colombia, ¿Cuánto cuesta la vida de las víctimas de la violencia sexual? ¿Cuánto, su voz y su verdad?
(Fin de la primera parte).
*Estudiante de maestría en derechos humanos y gestión de la transición del posconflicto de la escuela superior de administración pública – ESAP, seccional Santander.
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