El Ministro de Asuntos Exteriores chino emitió nuevas sanciones contra el Reino Unido. Esta vez afectan a nueve personas y cuatro organizaciones británicas que «maliciosamente difundieron mentiras y desinformación», según el comunicado del Gobierno del gigante asiático.
Estas «mentiras y desinformación» se refieren a una serie de denuncias hechas por varios políticos y entidades» sobre las violaciones de derechos humanos supuestamente perpetradas por las autoridades chinas contra los uigures, una minoría musulmana que habita la región de Xinjiang.
Los sancionados son algunos políticos conservadores y liberales, entre otros, que no podrán entrar a China ni hacer negocios con personas, empresas u organizaciones del país. Lo mismo ocurre con las entidades, que son la Comisión de Derechos Humanos del Partido Conservador, el laboratorio de ideas China Research Group, la organización Tribunal Uigur y el bufete de abogados Essex Court Chambers.
«China está firmemente determinada a salvaguardar su soberanía nacional y sus intereses de seguridad y desarrollo, y advierte al Reino Unido que no siga por este camino equivocado», aseguró el Gobierno chino en su comunicado. «Si no, China no tendrá más remedio que tomar más medidas».
El primer ministro británico defendió a los sancionados y alegó que «tienen un rol vital al poner luz sobre las horribles violaciones de los derechos humanos perpetradas contra los uigures. La libertad de hablar contra el abuso es fundamental, y por eso los defiendo».
El Gobierno chino niega tajantemente las acusaciones
El anuncio de China es una reacción a las sanciones impuestas hace poco menos de una semana por parte de varios países como Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá, que consideran que Beijing está violando los derechos humanos de la comunidad uigur.
El Gobierno chino niega tajantemente desde hace años las acusaciones. Sin embargo, cada vez son más las organizaciones que denuncian la situación en la región de Xinjiang.
Algunas de las denuncias incluyen la detención en campos de trabajo forzosos de al menos un millón de uigures, la esterilización forzada de miembros de la comunidad musulmana e incluso la tortura.
Beijing siempre ha defendido que esos centros son instalaciones de formación para desradicalizar a islamistas de la región.
