Por: Andrés David Negrete Dulcey/ Quiero pedir un minuto de silencio por todas las víctimas, sin ninguna distinción, todos son seres humanos y el Estado tiene el deber de protegerlos. Exijo del gobierno representado en nuestros dirigentes, garantías para el pueblo que marcha y para los policías y soldados que también son pueblo.
Desigualdad, pobreza, miseria, hambre, injusticia, falta de oportunidades, des institucionalidad: un gobierno indolente con mi gente, etc., no son simples calificativos, por el contrario, es verbo hecho realidad; realidad que viven miles y miles de colombianos día a día.
Usted se preguntará, ¿por qué la gente protesta? Porque quiere, puede y no le da miedo. Complejos son los motivos que conllevan los ya 6 días de marchas en toda Colombia; enlistarlos sería recordar nuestra historia patria y llenaría una lista muy larga de motivos que hierven[1] la sangre y avivarían más la protesta. Pero, hoy siguen vivas y más que nunca, son oportunas las exigencias sociales: transformar la realidad de nuestra nación, darle a nuestro pueblo un futuro promisorio en donde todos quepamos.
La academia y los textos dicen que el derecho a la protesta es el primer derecho, el derecho a tener derechos, por ende, es a través de la protesta que se busca que los demás derechos se cumplan.
Así está contemplada en nuestra Constitución Nacional, el pueblo puede reunirse para manifestarse pública y pacíficamente y a ejercer el control al poder político del gobierno (Art. 37 y 40 C.N.); y es que, tan así es, que la protesta permite el ejercicio de derechos como: a expresar nuestro pensamiento y opinión de manera libre, veraz e imparcial y a presentar peticiones al gobierno en interés general (Art. 20 y 23 ibidem); también, exigir del gobierno el cumplimiento de los fines esenciales por los cuales nos constituimos en República, esto es, la garantía de los derechos consagrados en la constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan y las autoridades están instituidas para la protección de la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos (Art. 1 ibidem); pues, la razón de ser y la base del funcionamiento de nuestra Nación es y ha de ser siempre el respeto a la dignidad humana (Art. 2 ibidem).
Por eso, la convocatoria que tuvo lugar el pasado 28 de abril, con éxito logro movilizar a miles de ciudadanos cansados de la situación social que atraviesa el país, hondamente afectada por la pandemia Covid-19 que dejo ver la realidad de muchas familias que viven en condiciones inhumanas sumado el descontento que genero la reforma tributaria de un gobierno que no pensó en la gente sino en sus intereses, disfrazados de un falso clamor social anunciando con bombos y platillos diferentes programas sociales cuando la realidad es que la solución no es una reforma.
Desafortunadamente, la movilización social se vio empañada por varios actos violentos y vandálicos todos fuera de lugar y sin ninguna conexión con la protesta, lo que generó del gobierno una respuesta represiva que con el pasar de los días el resultado ha sido preocupante; daños a locales comerciales, saqueos de supermercados y a pequeños locales, hurto de la mercadería y de un fin de objetos que son el plante de la gente comerciante de nuestras ciudades, destrucción de los centros de atención inmediata CAI, lesionados y lo mas lamentable la muerte de varios ciudadanos entre estos policías y sociedad civil. Injustificable.
*Abogado, Especialista Derecho Procesal.
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(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
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