Por: Andrés Rueda/ Es sorprendente darse cuenta cómo los poblados no paran de crecer, en un término de diez o quince años el perímetro de una ciudad pueda llegar a ampliarse, lo que antes era un potrero hoy puede ser un conglomerado de vivienda informal. Este fenómeno de crecimiento urbano (formal o informal) tiene lugar en la mayoría de las ciudades del país, lo que llevó a preguntarme acerca de la planeación del crecimiento de nuestras ciudades hoy. Se planea para evitar errores o para anticiparse a ellos.

La planeación es un ejercicio cuya intención es adelantarse a la presencia de algún problema mediante la programación de la ejecución de una serie de actos. La planeación físico espacial de las ciudades debe adelantarse al problema futuro y empezar a darle solución lo antes posible, problemas como la prestación de servicios públicos a un nuevo barrio o la gestión del riesgo por inundación o movimientos en masa.

El primer registro que se tiene del ejercicio de la planeación de las ciudades colombianas son las llamadas “Leyes de indias”, expedidas por la corona española para regular la fundación de nuevos poblados en la Colonia. A mediados de los años cuarenta del siglo pasado este ejercicio se da con los planes reguladores, instrumentos para planear el crecimiento de las grandes áreas metropolitanas como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, entre otras.

Después de la Ley Novena de reforma urbana de 1989 se emitió en 1997 la Ley 388 o Ley orgánica de ordenamiento territorial donde se le dio una visión más integral al proceso de planeación urbana de los municipios, este estableció que el desarrollo físico espacial de estas entidades territoriales se haría a través de una relación equilibrada entre la ruralidad y la zona urbana y que el instrumento con el que se le daría aplicación serían con los planes de ordenamiento Territorial o POT.

Así, con el proceso de descentralización que se empezó a dar con la Constitución de 1991 y la Ley Orgánica de ordenamiento territorial, el municipio sería la entidad con más relevancia en el desarrollo territorial pues en este recaería la competencia de ordenamiento y la planeación de zonas urbanas, y el instrumento para llevar esto a cabo sería el POT.

Cada municipio debe tener su propio POT (PBOT o EOT según sus habitantes), este debe ser actualizado cada doce años, sin embargo, se le podrán hacer ajustes cada cuatro u ocho años. En este se definen principalmente el uso del suelo (comercial, industrial, residencial), el perímetro urbano y su área de expansión; y se plantean estrategias para que, en base a la potencialidad o debilidad de cada municipio, sean más competitivos y atraigan más desarrollo.

Los POT se deben ejecutar durante el período de la correspondiente administración municipal, según lo establecido en los Planes de Desarrollo (Art. 18, Ley 388 de 1997), en procura de que los periodos administrativos en los municipios no estén en función de un proyecto de un mandatario (alcalde con su respectivo Plan de Desarrollo) sino que estén en función de un proyecto más general (POT) y así, mediante la planeación del desarrollo, aborden problemas que se puedan solucionar en periodos de tiempo más largos y evitar que la municipalidad cambie de objetivo general cada cuatro años.

Pase a lo anterior la conducta general es que cada alcalde no trabaje en un proyecto colectivo (definido en el POT) sino que lo haga en función de un proyecto personal (Plan de Desarrollo) pues en este se establecen proyectos generalmente de infraestructura que no están mencionados en los planes de ordenamiento territorial.

Lo anterior sucede generalmente porque los POT de la mayoría de municipios del país no están actualizados, así, los alcaldes aprovechan esta condición para justificar, a través de sus Planes de Desarrollo, proyectos que generalmente no son prioritarios para sus territorios como es el caso del Municipio de San Vicente de Chucurí, localizado en la vertiente occidental de la Serranía de los Yariguíes, en el Magdalena Medio santandereano.

Este municipio, de 39.133 habitantes (según el censo del DANE en el 2018) expidió su PBOT mediante Acuerdo N° 22 de 2003, y desde esta fecha hasta hoy ninguno de los alcaldes que han pasado por el palacio municipal lo ha actualizado.

Lo anterior quiere decir que los últimos Planes de desarrollo que se han dado en este municipio han sido en base a los objetivos formulados de un texto diseñado para solucionar las problemáticas diagnosticadas hace 18 años, lo que naturalmente resulta siendo un despropósito pues en 18 años las dinámicas de un territorio han cambiado; la población y las problemáticas de San Vicente son diferentes ahora.

Es de esta manera como se puede explicar que la alcaldía municipal de San Vicente de Chucurí lidere dos proyectos que no responden a las necesidades más importantes de la población de San Vicente de Chucurí, un poblado que no tiene un estudio de detalle del riesgo por avalancha de la quebrada que la atraviesa, que cuenta con una pésima prestación de los servicios domiciliarios y que tiene una vocación agrícola donde la mayoría de su población está localizada en la zona rural.

Dichos proyectos priorizados son la demolición y construcción de un nuevo palacio municipal y la gestión de lo que es llamado por el alcalde como Pamuca (Parque Mundial del Cacao) algo así como un parque temático homologo al parque nacional del café.

El doliente de estos dos proyectos es solo el alcalde municipal, y seguramente en el periodo administrativo siguiente llegará otro alcalde con deseos de hacer sus propios proyectos, cada alcalde tiene el deseo vanidoso de ejecutar un proyecto personal, que logre identificarlo y diferenciarlo de los demás.

De esta manera el crecimiento de la mayoría de nuestras ciudades y pueblos en Colombia se hace a través de las intervenciones que agenda (por interés propio) el alcalde de turno. Así, se hace indispensable la formulación y aplicación de los POT, para evitar que los alcaldes construyan en base a su vanidad y empiecen a construir un proyecto colectivo de ciudad que sea a largo plazo y que dé soluciones reales a los problemas diagnosticados técnicamente en una territorialidad.

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*Arquitecto investigador de la Universidad Nacional. Magister en estudios urbano-regionales.

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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