Por: Paola Guarín/ Sin lugar a dudas, la Procuraduría General de la Nación impulso el proyecto ley que el pasado 17 de junio fue aprobado por la plenaria del Senado y la Cámara de Representantes, el proyecto que modifica el código disciplinario único, dejando claro que él va por qué va, también se aplica en las justas legislativas.
Analizando el contexto actual, es evidente que el ente de control quiere desatar dudas y limbos que estaban contemplados en este régimen legal, como el caso Gustavo Petro y la presunta violación de derechos humanos, frente a cargos de elección popular. La iniciativa implica cambios generales en los aspectos procesales del proceso disciplinario y aumentar las garantías que deben tener los funcionarios de elección popular al momento de ser juzgados.
De comprobarse faltas que cometan los funcionarios de elección popular serán investigadas, juzgadas y sancionadas cuando realicen actos de corrupción, incurran en violaciones a los DD. HH. u otras acciones disciplinarias, según esta nueva reforma.
Sin embargo, si se analiza de fondo la motivación de este proyecto de ley y las competencias que se el adscriben a la procuraduría con esta nueva iniciativa, modificaría sustancialmente aspectos constitucionales, desconociendo la función constitucional de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y el principio de división funcional de los poderes públicos.
Por otra parte, es evidente el desespero que se vislumbra en el poder ejecutivo de fortalecer esta entidad, con un fin presuntamente electoral con el fin de debilitar y fortalecer la próximas contiendas políticas, siendo este escenario un argumento mas solido de las bancadas independientes y opositores del actual mandato ejecutivo, que hoy por hoy, genera incertidumbre jurídica, al conferir a la Procuraduría General de la Nación atribuciones como un cuerpo que forme parte de la rama jurisdiccional, ni puede desempeñar las funciones que a ella le corresponden, como se pretende vislumbrar en esta iniciativa legislativa.
Por último, es evidente que el querer robustecer la procuraduría, tiene más allá de lo evidente un contexto electoral y político, ya que presuntamente, con la creación de nuevos cargos, el ejecutivo y su ancha mermelada, podrá nombrar a su antojo, funcionarios en provisionalidad, sin ningún tipo de concurso previó.
Dulce realidad frente al agrio contexto de desempleo y pocos espacios de meritocracia, enviando una clara señal frente a la crisis que hoy se enfrenta el país en temas de desempleo y falta de oportunidades.
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