Por: Alfonso Prieto García/ El confinamiento obligatorio de las clases sociales vulnerables, la pérdida de sus cotidianos ingresos producto de ocupaciones o labores informales, la incapacidad del Estado para atender el creciente contagio, atención debida y las funestas consecuencias de muerte, ante su imposibilidad familiar de atenderlas, el inoperante cubrimiento del Estado y de la infraestructura desprovista de los medios para manejar las crecientes cifras de inhumación o cremación, amén del impacto negativo y contradictorio de una legal condición de reclamación y protesta social cuyo costo de contagios y muertes desdice de sus verdaderos propósitos al no poder garantizar la protesta pacífica, sino la destrucción de los bienes sociales que utilizamos para la movilidad, el derecho a la vida, la salud, el trabajo, la integridad personal, familiar, del Estado y en general de Colombia, conduce a creer que existe muy pocas posibilidades de retomar una economía rota y con muchos remiendos, que deja una población superior a los 7.000.000 de familias en pobreza extrema, hoy medio llevadera, por la renta básica que el Estado otorga a las comunidades necesitas, con recurso de sus sobregiros o deudas obtenidas para su atención, que se  anuncian permanentemente, sin claridad de saber cómo sufragar los empréstitos internacionales en moneda extranjera, abocando una emergente reforma tributaria que no conduce más que a pauperizar la clase trabajadora de nivel de base y clase media trabajadora, por la facilidad de disponer los recaudos con el solo descontar por nómina y aminorar sus ingresos, empobreciendo las familias.

Que cómodo resulta salir a anunciar la extensión de esta renta temporal cada determinado tiempo, para aminorar el impacto del empobrecimiento extremo, sin prever la incapacidad económica y limitación de atención de necesidades de los colombianos al comprometer su operación en recursos necesarios para por lo menos tres periodos presidenciales futuros.

Esta gran brecha económica, debió estudiarse con más mesura y conscientes de conocer las posibles fuentes de sustitución o reposición del ingreso comprometido, de otras vigencias y grandes endeudamientos.

El panorama se obscurece cuando pensamos que la reactivación económica se da con retomar la laboriosidad de las ya existentes y muchas moribundas empresas, en su mayoría, subsumidas en una posible sobrevivencia, de las que se espera contribuyan a abrir el espacio laboral y productivo para el ejército de reserva resultante de las instituciones que se cerraron, disminuyeron su tamaño productivo, sectores económicos que hoy más que antes, revisaran el costo de sus productos para beneficiarse de ventajas competitivas, precios y niveles de calidad en los mercados internacionales que buscan igualmente realizar sus productos.

¿Cuántas nuevas, robustas e incluyentes empresas con opción de competir en los mercados de todas las latitudes se avizoran para atender estos fatales riesgos? ¿Cuántas estrategias de multi actividad y cooperación que dispongan las mejores condiciones de producción, promueve el Estado para recuperar la economía social a través de la generación de empleo real, bienestar social y seguridad laboral?

Es hora que el Estado utilice la política de portaniñera empresarial, como en viejos tiempos, invirtiendo de la mano con los gremios en empresas productivas de base tecnológica, como política pública de fomento (IFI) para que el sector privado, articulado y participando en la medida de sus capacidades en la propiedad, se constituya una inversión mixta que una vez se consolide su presencia y desarrollo, pase nuevamente al sector privado y retome el control a las instituciones.

¿Y qué está pasando con las grandes inversiones del estado en empresas industriales, sus rendimientos, participación en la propiedad, etc., porque no se evalúa un leasing de inversiones que oferte a nacionales y extranjeros, liberando recursos para nuevas inversiones? No todo puede ser tasas impositivas que agobian a la clase media principalmente.

Son muchas las opciones que pueden ser solución para disponer recursos y convertirlos en rentas extraordinarias necesarias para atenuar la pobreza extrema, para saber de una verdadera activación económica, no solo nos lleve a seguir conviviendo con una informalidad superior al 54% en nuestra ciudad, sino se pueda cerrar la brecha en la atención histórica de las necesidades crecientes de nuestros ciudadanos.

…

*Economista, Magister en Administración de Empresas, exconcejal de Bucaramanga, exdirector seccional UCC Bucaramanga, Asesor nacional de calidad UCC, Investigador Colciencias y Asesor de proyectos.

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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