La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en un fallo de 220 folios solicitó investigar al senador Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y filtración de información reservada en una investigación que al alto tribunal le seguía al también senador Iván Cepeda.
En febrero de 2012 el expresidente Uribe, presentó una denuncia en contra Cepeda, en la que lo acusaba de supuestamente visitar las cárceles del país en busca de exparamilitares que rindieran declaración en contra de él y de su hermano Santiago Uribe.
En la denuncia fueron citadas las visitas que en su momento Cepeda realizó a los ex ‘paras’, Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve Pineda, quienes en su momento señalaron a los hermanos Uribe Vélez de conformar, supuestamente, el Bloque Metro en la finca Guacharacas (Antioquia).
En el trámite de la denuncia fueron varias las pruebas documentales, testimoniales e interceptaciones de llamadas las que su tuvieron en cuenta para finalmente llegar a la conclusión de que quien debía ser investigado era Uribe y no Cepeda.
Escándalo que salpica a Uribe
El magistrado José Luis Barceló explicó en su decisión, que para poder llevar a cabo la investigación, se hizo necesario “abrir una actuación reservada con la cual, como resultado de las interceptaciones telefónicas ordenadas, se obtuvieron miles de llamadas, documentos y testimonios” que hicieron más compleja la actuación de la Corte Suprema de Justicia.
En ese punto explica que como primera medida se escuchó en declaración al senador Iván Cepeda y a su defensa, quienes desde el principio negaron cualquier actuación irregular durante las visitas realizadas a varias cárceles del país. Visitas que aclaró se hicieron conforme a su labor como integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, cuya tarea se basó únicamente en analizar la situación carcelaria.
En sus alegatos afirmó que durante esas visitas, varios internos entre ellos exparamilitares lo buscaron para entregarle información sobre graves casos, y que fue allí donde Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve Pineda, le comentaron sobre la presunta responsabilidad del senador Uribe y su hermano con grupos paramilitares. Hechos que el mismo senador Cepeda afirma puso en conocimiento de las autoridades.
Dentro del proceso, igualmente se escuchó al expresidente Uribe y a su abogado Jaime Granados, y estos afirmaron que Cepeda si debía ser investigado toda vez que se había extralimitado en sus funciones otorgadas por la Comisión de Derechos Humanos al entrevistar a Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve Pineda.
Los testigos claves
Pablo Hernán Sierra, en su momento narró la existencia de supuestos vínculos de las AUC con los Uribe Vélez. Sierra también ha sido testigo en el caso de Luis Alfredo Ramos y Óscar Suárez Mira por la realización de una reunión en una finca de Albeiro Quintero en Bello. Sierra manifestó a la Corte que se entrevistó de forma voluntaria con Cepeda y que allí no existió ninguna petición de dinero u ofrecimientos de beneficios jurídicos.
“Lo anterior obliga a concluir que las declaraciones de Pablo Hernán Sierra a la Fiscalía en las diferentes investigaciones en donde ha respondido a interrogatorios (…) claramente no hacen parte de un plan criminal gestado entre él y el doctor Cepeda Castro”, señaló la Corte.
Otro testigo fue Juan Guillermo Monsalve, del cual la Corte Suprema de Justicia indicó que fue el mismo preso quien solicitó la intervención de Iván Cepeda, al denunciar ser víctima de amenazas ya que se le mencionaba como testigo de la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas.
“Cuando Monsalve se entrevistó con el doctor Cepeda Castro, no obstante las amenazas, estaba decidido a contar su verdad y, por ello, antes de buscar al congresista, directamente y por intermedio de su abogada se contactó con la Fiscalía de Justicia y Paz de Medellín, que documentaba el Bloque Metro, sin obtener la receptividad que esperaba”, agregó la Corte.
También fueron claves Ramiro de Jesús Henao, alias ‘Simón’ y Gabriel Muñoz Ramírez, alias ‘Castañeda’, de quienes se había indicado que Cepeda les había solicitado hablar contra Uribe Vélez, pero la Corte afirmó que se intentó distorsionar lo que pasó.
“Fue claro el esfuerzo por obtener de los testigos la afirmación en el sentido de que el doctor Iván Cepeda Castro les ofreció beneficios jurídicos y asilo político para que declararan en su contra, lo que finalmente no se logró porque los testigos no pudieron enfrentar las preguntas del magistrado ponente”, afirmó el togado.
Uribe, en ojo del huracán
En el proceso hay horas de grabaciones ordenadas legalmente y en varias de ellas aparece hablando el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
“Las llamadas (…) que el sistema Esperanza grabó con la voz del doctor Álvaro Uribe, fueron las originadas por él desde su número privado para tratar el tema de los testigos que le hacen señalamientos y la urgencia de buscar mecanismos para neutralizarlos”, dice la Corte.
La Corte solicitó investigar al senador Uribe por supuesta manipulación de testigos para hacer un montaje en contra del también congresista Cepeda.
Solicitó además a la propia Corte Suprema realizar un informe sobre el estado actual de la investigación que cursa contra Uribe por parapolítica y las presuntas omisiones de la Gobernación de Antioquia en la masacre en el corregimiento de La Granja en 1996; según denunció en su momento Jesús María Valle Jaramillo.
Se ordenó al Inpec proteger a los exparamilitares Pablo Hernán Sierra García, Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Areiza Arango, por presuntas amenazas contra su seguridad, así como evaluar el riesgo de sus familiares.
El alto tribunal solicitó a la Fiscalía investigar porque entre el 24 y el 30 de marzo de 2015 el sistema de interceptaciones de la Sala Esperanza no grabó unas llamadas telefónicas que se realizaron. Así como solicitó que se investigue la presunta filtración que se habría hecho al expresidente Álvaro Uribe de información reservada.
También se pidió investigar el presunto falso testimonio en el que habrían incurrido Ramiro Henao Aguilar, Gabriel Muñoz, Pedro Benavides, Wilser Molina, Mario Humberto Jiménez y John Granja, y la presunta manipulación de testigos que habrían hecho Juan Guillermo Villegas, Humberto Gómez y Wilser Molina.
Finalmente se ordenó investigar el presunto delito de trashumancia cometido por Wilser Molina en su elección a la Alcaldía de Amagá, e investigar al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos y a Santiago Uribe Vélez.
