Por: Javier Antonio Rojas Quitian/ Cuando estamos a 6 meses de las elecciones de congreso y 8 de la primera vuelta presidencial, se encienden las alarmas, por cuenta de un proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República y que busca modificar la ley de garantías, eliminando la prohibición de firmar convenios interadministrativos 4 meses antes de cada elección.
Específicamente, lo que buscan tumbar, es el inciso primero del parágrafo, del artículo 38 de la Ley 995 de 2005, la cual prohíbe a Gobernadores, Alcaldes, Secretarios, Gerentes y Directores de entidades descentralizadas, dentro de los 4 meses anteriores a la elección, celebrar convenios para la ejecución de recursos públicos, de igual forma les prohíbe participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo para reuniones de carácter proselitista en la que participen candidatos o sus delegados.
La ley de garantías, tal y como la conocemos nació en el 2005 como un “acuerdo” entre el entonces presidente Uribe y la oposición, intentando blindar la democracia, toda vez que Uribe en ese momento se preparaba para la reelección presidencial y resultaba evidente que, con todo el poder del estado se inclinaría la balanza a su favor. En razón a ello quedó prohibida 4 meses antes de las elecciones, la contratación directa, la inauguración de obras, la modificación en la nómina de empleados, así como la firma de convenios interadministrativos, la idea era impedir que se utilizaran los recursos públicos para favorecer candidatos.
Hace 4 años aproximadamente, cuando el presidente Santos, junto al congreso de la época, “tumbaron” la reelección presidencial, también se buscó la derogación de la ley de garantías, pero en aquella ocasión esta idea fracaso en razón a una férrea defensa que el Centro Democrático, que estaba en la oposición, realizó de esta ley, argumentando que querer tumbar la ley de garantías eran, “Trampas de los malos perdedores para poder asegurar victorias fraudulentas”
Paradójicamente, los mismos que hace 4 años defendían la ley, estando en la oposición, ahora que están gobernando, quieren tumbarla, les incomoda y justifican el hecho con la pandemia y con la necesidad que se vive en la calle. Este Gobierno completa ya casi 38 meses en el poder, no hubo tiempo antes, porqué esperar a las elecciones para llamar a los alcaldes y gobernadores para girarles los recursos, producto de convenios administrativos, será que quieren condicionarlos, queriéndose asegurar victorias fraudulentas.
Para nadie es un secreto, el desprestigio de los poderes ejecutivo y legislativo de nuestro país, llegarán a las próximas elecciones con la desfavorabilidad más alta de los últimos tiempos y parece que ellos lo saben, por eso se está apelando a jugar con las necesidades de los municipios y departamentos, organizando triquiñuelas que les permita quedarse en el poder.
Si se modifica la ley de garantías, estaremos frente al proceso electoral más amañado, fullero y chantajista del que haya registro, nuestros alcaldes tendrán que venderse, se convertirán en obreros electorales, buscando votos para los candidatos de las gobernaciones y la presidencia, a cambio de ser premiados con algún convenio para mostrar algo de gestión y llevar recursos a sus municipios que les permita satisfacer algunas necesidades locales y tratar de mejorar su alicaída imagen.
El gobierno sabe que no es muy ético tumbar esta norma, por eso presenta esta propuesta camuflada y un poco clandestina en el proyecto de ley del presupuesto general para el año 2022, pues tampoco ha tenido el carácter para presentarla formalmente y que se realice un debate serio y con altura sobre el tema. Lo que sí está claro, es que esta ley le incomoda al gobierno y le incomoda previo al proceso electoral, en el cual, según la norma, él no puede, ni debe participar.
La propuesta ya fue aprobada en primer debate por las comisiones conjuntas económicas del congreso y habrá que esperar el debate en la plenaria, ojalá, para el bien de la democracia, para que existan igualdad de garantías y que no se permitan el flujo de recursos públicos en las campañas electorales, nuestros honorables parlamentarios voten negativamente a esta propuesta, aquí se trata de defender y respetar la decisión del pueblo, no intenten amañarla.
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*Exalcalde de Sucre (Santander), Administrador de Empresas, Especialista en Gestión Pública y Magister en Políticas Públicas y Desarrollo.
