Por: Camilo Iván Rincón León/ La seguridad ciudadana, entendida como las acciones que pretenden salvaguardar de manera efectiva a los ciudadanos por la sistemática comisión de delitos que hoy se vive en el país afectan la integridad física, mental y material de los colombianos.
La provisión de seguridad a los ciudadanos es una de las funciones administrativas y fundamentales del Estado; sin embargo, la realidad colombiana se ha caracterizado por la dificultad de la nación en cumplir este objetivo, lo cual se ha venido mitigando con esfuerzo y dificultad a través de la seguridad o Vigilancia Privada.
Es por ello, que la ausencia de Estado, traducido en falta de autoridad y orden, dio origen a flagelos tales como: pobreza, desigualdad, grupos subversivos, narcotráfico, delincuencias organizada y paramilitarismo en todo el territorio nacional.
Desde el año 2002, se ha venido promocionando la idea fortalecer el diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana en el país, pero transcurrido ya casi 20 años, los discursos demagógicos sobre seguridad dejan una deuda histórica de víctimas en la realidad de la vida cotidiana del país, dejando un manto de duda y concluyendo para el suscrito siguiente: “¿la seguridad ciudadana será un caballito de batalla de los procesos electorales del siglo XXI en Colombia?”.
De otra parte, advirtiendo, que no se trata un asunto de “xenofobia”, el éxodo de venezolanos se convirtió en un tema de preocupación nacional e internacional, pues según Migración Colombia, en el año 2008 se presentó un incremento de ingresos de ciudadanos venezolanos del 70% al país, pues de 796.234 ingresos se pasó a 1.359.815 de entradas de venezolanos a territorio colombiano.
Las anteriores cifras, aparentemente inofensivas, han tenido una connotación del incremento del problema socio económico y la seguridad en el país, pues la tasa de desempleo y necesidades básicas por satisfacer de los habitantes del territorio nacional ha incrementado considerablemente desde el año 2018 y dejando claro la existencia de una acumulación de un proceso de mala gestión administrativa y política de una migración sin orden y control que viene sucediendo en Colombia.
No existe duda, la inseguridad es una realidad que golpea a la mayoría de las ciudades capitales en Colombia, tales como Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga, entre otras, porque más allá del posible “amarillismo” de algunos medios de comunicación, la inseguridad se convirtió en un flagelo que está a la orden del día, dejando a la mayoría de los ciudadanos en manos de los delincuentes y al amparo del Altísimo, pues resulta imposible colocar un policía por cada ciudadano.
¿Entonces qué hacer? Considero, que primero se requiere un dialogo político nacional e internacional sensato y aterrizado, sin discursos “populistas” que permitan coordinar acciones de control y establecer medidas de seguridad concretas frente a los diferentes problemas socio económicos relacionados con la pobreza, con el fin de satisfacer las necesidades básicas primarias; segundo frente a la delincuencia organizada no debe existir tregua alguna por parte de las autoridades y entre los ciudadanos debemos generar un espíritu de solidaridad, dejando a un lado la indiferencia social, y tercero se requiere brindarle herramientas suficientes a la policía nacional, Fiscalía y jueces de control de garantías, pues la seguridad ciudadana es un asunto de todos y para todos.
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*Abogado especialista en derecho administrativo y contratación estatal.
Twitter: @CamiloRincon_10
