El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció una indagación por las presuntas irregularidades en el manejo de los dineros destinados al posconflicto, y advirtió que “el único lujo que no se puede dar Colombia es que colapse el proceso de paz, por la mala administración de recursos a la hora de su puesta en marcha”.
“Hoy estamos iniciando con toda contundencia la indagación de qué pasó con esos recursos de la implementación de la Justicia Especial para la Paz, y por supuesto de toda esa contratación que se ha venido dando, en donde tenemos un gran compromiso internacional y es ser transparentes, eficientes, pero sobre todo, rendirle cuentas a la comunidad internacional y rendirle cuentas a los órganos de control en Colombia”.
En la I Cumbre Empresarial: Responsabilidad del Sector Privado en la Lucha contra la Corrupción, el jefe del Ministerio Público aseguró que “no hay territorios vedados, ni fondos vedados para las instituciones de control en Colombia, para la Fiscalía, para la Contraloría, ni para la Procuraduría”.
Carrillo Flórez explicó que la Entidad inició indagación preliminar para analizar los contratos del Fondo Colombia en Paz y establecer si existe una alteración de honorarios, ineficacia o ineficiencia en el manejo de los recursos.
“Lo que es claro, y el país tiene que saber, es que todos estos son fondos públicos, aquí no hay dineros vedados a los controles en Colombia, incluso los que tienen que ver con la puesta en marcha de la paz”.
El Procurador sostuvo que la paz hay que financiarla e implementarla de cara al país, poniendo los recursos de manera absolutamente pública. “Aquí no caben ni bolsas confidenciales, ni secretismos alrededor del manejo de los recursos para la paz”, agregó.
El jefe del Ministerio Público pidió al Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, y al Contralor General, Edgardo Maya, acompañar a la Procuraduría en la presentación de un proyecto de ley que busca sanciones para las IPS y EPS que se nieguen a prestar los servicios de salud, o que destinen los recursos a objetivos diferentes a la garantía de los derechos de los colombianos.
El Procurador lamentó los resultados reflejados en un estudio realizado por la Universidad Externado de Colombia, según el cual un 58% de los empresarios encuestados aseguraron que si no pagan sobornos pierden los negocios, el 80% lo considera una práctica habitual y el 74,2% de los ejecutivos cree que comportamientos antiéticos son necesarios para ser exitosos. De acuerdo con el documento, entre 1999 y 2011 el costo de la corrupción fue 4% del PIB nacional.
“Esta es una lectura dramática que nos tiene que hacer reflexionar sobre el papel que debe jugar el sector privado como protagonista una lucha contra la corrupción, como lo hemos venido diciendo, no puede ser un problema de tres entidades de control aisladas de la justicia, sino que se requiere un cambio de mentalidad y de cultura en donde el sector privado asuma un rol fundamental”.
El sector privado y la corrupción
En la instalación de la cumbre, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, advirtió que la corrupción empresarial es uno de los delitos más perversos e hizo un llamado al sector privado para que no obstruya las investigaciones sino que coadyuven en los procesos.
“Necesitamos que desde el sector privado se desarrolle una sanción fiscal, un mayor compromiso con el sector público en la persecución de la corrupción y mecanismos de autorregulación”.
