Por: Javier Antonio Rojas Quitian/ La violencia interna que vivimos en nuestro país, ha dejado infinidad de víctimas, que directa o indirectamente, han tenido que soportar y padecer el accionar bélico de grupos narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares y del mismo estado.
Pero quizá, uno de los grupos poblacionales que injustamente ha sido involucrado y más ha tenido que soportar los embates de la guerra, es la población infantil. Miles de niños y adolescentes han sido reclutados contra su voluntad, por grupos ilegales, que los utilizan en actividades como la cocina y lavandería dentro de los campamentos o los entrenan para constituir las primeras líneas de combate, prácticamente son utilizados como sirvientes o carne de cañón.
El pasado 16 de septiembre, las fuerzas militares de Colombia bombardearon en zona rular y montañosa del Choco, un campamento guerrillero en donde fue abatido alias Fabián, cabecilla del Frente Occidental del ELN, pero desafortunadamente, en ese mismo bombardeo murieron 4 menores de edad, 3 de 17 años y un niño de 13 años.
Aunque no son claras las condiciones por las que se encontraban estos menores dentro del campamento, si queda en evidencia la clara violación por parte del ELN del Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe categóricamente la participación de niños menores de 15 años en la guerra.” los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se permitirá que participen en las hostilidades;” DIH.
Lo más cruel de esto, es que no es la primera vez que el Ministerio de Defensa efectúa bombardeos a campamentos guerrilleros, en donde fallecen menores de edad, el 3 de marzo pasado en operaciones en el Guaviare contra las disidencias de las FARC, también resultó herida mortalmente una menor de edad de 16 años y el país aún recuerda que en noviembre de 2019, siete menores de edad murieron, luego de un bombardeo en el departamento de Caquetá, lo que en su momento le costó el cargo al ministro de defensa de la época, Guillermo Botero.
Claro, nuestro mayor reproche es para los grupos subversivos, que violan las reglas mínimas de una guerra, descritas en el Derecho Internacional Humanitario y que inmiscuyen a niños y niñas indefensas en una confrontación que no es la suya, violando sus derechos, su dignidad y su libertad y robando de ellos la inocencia de su niñez y su adolescencia. Estos bandidos que reclutan menores merecen todo el peso de la ley y la fuerza de estado.
El diario El Tiempo publica un artículo en donde comparte unas cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en donde indica que en el 2018 fueron reclutados 149 menores, en 2019 fueron 97, y el año pasado, 71. El ELN sería el responsable del 38 por ciento de los casos; las disidencias de las FARC, del 34 por ciento, y el ‘clan del Golfo’, del 20 por ciento. El restante ocho por ciento habría sido reclutado ilegalmente por grupos como ‘los Caparros, ‘los Pelusos’ y otras bandas que delinquen en el país.
Pero el Estado también tiene responsabilidad sobre estos reclutamientos ilegales y asesinatos, primero, porque no hace nada por rescatar a estos niños y adolescentes que prácticamente se encuentran secuestrados por los grupos al margen de la ley, pues ningún niño puede decidir voluntariamente que desea irse a pelear en una guerra o pertenecer a un grupo armado y segundo porque en esas circunstancias, no debería autorizarse un bombardeo masivo, otras deberías ser las estrategias para capturar a los bandidos si se conoce su ubicación. El estado de esta forma también viola el DIH y los derechos de estos menores. La inteligencia militar de este gobierno luce imperfecta, torpe, ineficiente y carente de resultados.
Lo anterior, no es más que el resultado, de una equivocación mayor de nuestro gobierno, pues califican a estos menores como combatientes, como “máquinas de guerra”, y no se les da el calificativo que merecen, víctimas del conflicto, victimas del abandono estatal, victimas del atraso y la desigualdad social de nuestro país.
Para nuestro presidente un niño de 13 años que se encuentra en un campamento guerrillero es un “blanco legítimo por la amenaza que representa para la seguridad del país”, primero el estado les abandona si acceso a salud, educación y garantías sociales y luego como los niños terminan en las filas de la guerrilla, los manda matar.
Se equivoca sr Presidente, usted debió rescatar esos menores, restablecerles sus derechos e integrarlos nuevamente a la sociedad. Si a estos niños no los protege el estado, cuando sus familias no logran hacerlo, ¿entonces quien tiene la obligación de protegerlos y de rescatarlos de su desgracia?
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*Exalcalde de Sucre (Santander), Administrador de Empresas, Especialista en Gestión Pública y Magister en Políticas Públicas y Desarrollo.
