Es algo que podría marcar el fin de décadas de litigio. El martes, el Gobierno de Canadá hizo público «el mayor acuerdo de la historia del país»: Ottawa pagará 31.000 millones estadounidenses en indemnizaciones y apoyo a iniciativas de protección hacia organismos indígenas.
Este acuerdo, fruto de varias demandas de grupos indígenas y de derechos humanos, está pensado para compensar un sistema gubernamental discriminatorio con los niños nativos canadienses y a todos los perjudicados como consecuencia.
«Hemos llegado a un acuerdo de principios históricos para compensar a los niños y familias de las Primeras Naciones que han sido perjudicados por la falta de financiación, algo discriminatorio», sostuvo Justin Trudeau, el primer ministro del país, a través de redes sociales.
La mitad de esta compensación económica se invertirá en indemnizaciones a los infantes afectados -junto a sus familias o cuidadores- y, la otra mitad, se destinará a la protección de la minoría indígena en la nación norteamericana.
Miles de menores nativos, separados de sus familias
Este es el resultado de 14 años de batallas legales, con denuncias que intentaban demostrar un racismo estructural en las instituciones canadienses. Las pruebas han acusado que, en lugar de dar apoyo económico a los niños indígenas, la estrategia más común era separarlos de sus familias -dándolos en adopción o mandándolos a internados-.
«Esto no está relacionado, ni lo estaba, con la educación recibida por parte de sus padres. Es un tema relacionado con la pobreza», acusó Cindy Woodhouse, jefa de las comunidades indígenas de la provincia de Manitoba y negociadora del acuerdo, durante una conferencia.
De acuerdo con la acusación, el Tribunal canadiense de Derechos Humanos falló que el Ejecutivo ha contribuido con esta situación en forma de discriminación. Los datos muestran que, a pesar de representar tan solo el 8% de la infancia del país, los niños indígenas ocupan más de la mitad de los centros y familias de acogida.
En esta línea, la mitad de los fondos del acuerdo están pensados para reforzar el sistema de los niños de las Primeras Naciones y, al menos durante los próximos cinco años, asegurarse que estos permanecen con sus familias.
Según los conteos, cerca de 115.000 menores fueron separados de sus familias desde 1991. Una de las razones por las que distintas organizaciones llevaron la causa ante los tribunales en 2007.
“Hemos esperado este acuerdo desde hace mucho tiempo. Los grupos indígenas del país han trabajado muy fuerte para alcanzarlo”, añadió Woodhouse, señalando la negociación como una victoria para los canadienses originarios.
Ya el 13 de diciembre, como indicio del acuerdo, el ministro de Relaciones entre la Corona y los Grupos Indígenas reconocía los fallos gubernamentales con los indígenas.
“Han sido 30 años de fracaso y discriminación hacia los niños autóctonos», señaló Miller, quien tras el anunció del acuerdo sostuvo que «las injusticias históricas requieren de reparaciones históricas”.
Miller fue uno de los negociadores que comenzaron con los diálogos tras recibir luz verde el tribunal en 2019. Las repetidas apelaciones de Ottawa no proliferaron, y el juez de instrucción marcó el 31 de diciembre de 2021 como fecha límite para alcanzar un pacto amistoso.
El escándalo de las fosas comunes de niños indígenas
Si bien las heridas del racismo contra los indígenas en Canadá son de largo recorrido, en 2021 alcanzaron uno de sus puntos álgidos. El año pasado, se descubrieron 1.200 fosas -sin nombres de los muertos- en cuatro antiguos internados de niños indígenas.
El descubrimiento se saldó con decenas de manifestaciones en todo el país. En Canadá, el legado colonial está especialmente en el foco de atención desde 2015, cuando la Comisión de la Verdad y la Reconciliación puso en relieve la separación de miles de niños indígenas de sus familias.
Durante décadas, al menos 139 instituciones educativas se basaron en conceptos como «asimilación por la fuerza» para niños nativos, algo que la Comisión denominó como «genocidio cultural», ya que era un intento de acabar con el legado y las tradiciones indígenas. Durante su estancia en estos internados, fueron miles los menores que sufrieron abusos sexuales, psicológicos y fueron víctimas del racismo.
«Nunca os olvidaremos», es uno de los mensajes que se puede contemplar en los monumentos dedicados a su memoria.
Con una doble complicidad, estos centros fueron financiados por el Gobierno federal y gestionados por grupos religiosos -principalmente católicos-.
«Esta indemnización podría haberse dado en el 2000 (…) Pero Canadá decidió no hacerlo. Y ahora tenemos decenas de miles de millones de dólares de deuda y, lo más importante, niños que han perdido sus vidas y, muchas veces, su infancia en el proceso», apuntó Cindy Blackstock, directora ejecutiva de la organización que inició el caso.
La fuerte estigmatización de la sociedad indígena en Canadá sigue siendo uno de sus principales problemas sociales. Algo que, como los mismos indígenas señalan, la memoria colectiva del país no olvidará. Desde el inicio de su funcionamiento, se estima que más de 6.000 niños indígenas murieron en internados escolares.