La norma fue aprobada con 75 votos a favor, 41 en contra y 14 abstenciones, luego de una sentencia de la Corte Constitucional que ordenaba la despenalización y regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, siempre que la gestante haya sido víctima de una violación.
Las mujeres que hayan quedado embarazadas pueden interrumpir la gestación hasta las 12 semanas y, excepcionalmente, hasta las 18 en caso de niñas, adolescentes y mujeres indígenas y del área rural.
La medida aún debe contar con la aprobación del Ejecutivo. La promulgación quedará en manos del presidente, Guillermo Lasso, quien tiene un plazo de 30 días para publicar la normativa en el registro oficial o bien para bloquearla parcial o íntegramente. El mandatario ha dicho que personalmente no apoya el aborto, pero aseguró que estaba a favor de una regularización en algunos casos.
No se requerirá que las mujeres afectadas denuncien la violación, pero deben firmar un consentimiento.
Los médicos pueden objetar a realizar el procedimiento por motivos de conciencia.
Activistas denuncian cortos márgenes de tiempo
Medios de prensa nacionales destacaron las inconformidades de las activistas proaborto, quienes denunciaron que los límites de tiempo son demasiado restrictivos y obligarían a las mujeres a continuar buscando abortos ilegales, mortales en muchas ocasiones.
Fuera del recinto legislativo, Sarahi Maldonado, del colectivo feminista Las Comadres, expresó que «la Asamblea ha fallado una vez más a niñas, mujeres, sobrevivientes y víctimas de violencia sexual». «Pusieron más barreras para que las niñas estén obligadas a dar a luz y busquen abortos ilegales», añadió.
Por su parte, quienes no apoyan la medida, también se manifestaron frente al hemiciclo. «La vida no se puede negociar», subrayó Paul García junto a los grupos antiaborto. «Quieren asesinar a otra víctima dentro del vientre de la madre».
Hasta la fecha, el aborto en Ecuador es ilegal salvo cuando la vida de la mujer está en riesgo o cuando el embarazo es producto de una violación a una mujer en situación de discapacidad intelectual. La práctica puede ser penada con entre seis meses y dos años de cárcel para las mujeres que se sometan a ella y con hasta tres años de cárcel para quienes ayuden a practicar abortos no regulados.
La aprobación de la medida este 17 de febrero se da en medio de un amplio debate sobre el aborto en el país y tras cuatro modificaciones al proyecto de ley inicial, que pedía un margen de 28 semanas para interrumpir el embarazo para mujeres y un plazo indefinido para niñas.
