El exministro de Justicia Yesid Reyes decidió no posesionarse en la JEP, advirtiendo que el nuevo gobierno y la nueva composición del Congreso dejan ver que vendrán cambios en la estructura esencial de ese organismo.
Reyes fue asesor del gobierno para temas de paz y seleccionado por el Comité de Escogencia para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Especial para la Paz. En una carta dirigida a la presidenta de la JEP anunció que da un paso al costado para continuar contribuyendo al proceso de paz desde la academia.
Aseguró que cree que puede ser de más utilidad opinando libremente que desde una magistratura que «no solo tiene limitaciones propias que el cargo impone, sino que ni siquiera cuenta con las herramientas necesarias para comenzar a funcionar de manera integral».
En la misiva, se declara un convencido de que el modelo de Justicia Transicional que se diseñó en el acuerdo de paz cumple con los más estrictos estándares internacionales y que es una herramienta útil para avanzar en la superación de un pasado conflictivo.
Texto de la dimisión
“Doctoras
Mirtha Patricia Linares
Presidenta de la JEP
Martha Lucía Zamora
Secretaria Ejecutiva de la JEP
Señoras Presidenta y Secretaria Ejecutiva:
Durante la fase final de las negociaciones en La Habana, y en varias reuniones que se llevaron a cabo después del referendo de 2106, tuve oportunidad de expresar mi opinión sobre algunos de los aspectos relacionados con la configuración del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Aprobados los primeros desarrollos constitucionales y legales del mismo, consideré que, dado el conocimiento del tema y mi formación profesional, podría colaborar con la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz, razón por la que decidí participar en el proceso de selección de quienes deberían integrarla como magistrados.
Pese a haber sido escogido en septiembre del 2017, no tomé posesión del cargo porque el Congreso de la República incluyó dentro de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz una norma que consagra algunas causales de impedimento, una de las cuales me afecta de manera directa. Si bien soy consciente de que esa disposición legal no entrará en vigencia hasta que la Corte Constitucional decida sobre su exequibilidad, no me parece correcto desconocer la ya expresada voluntad soberana del Congreso, ni asumir anticipadamente que la Corte Constitucional habrá de suprimir dicha norma; por eso, aun cuando formalmente podría haber argumentado que la ley no ha entrado a regir, preferí posponer mi posesión hasta que se produjera la sentencia de la Corte Constitucional que zanjara jurídicamente la discusión sobre la validez de las aludidas inhabilidades.
Convencido como estoy de que el modelo de Justicia Transicional que se diseñó en el acuerdo de paz no solo cumple con los más estrictos estándares internacionales, sino que además es una herramienta útil para avanzar en la superación de un pasado conflictivo que ha marcado las últimas generaciones colombianas, he dedicado estos meses a trabajar desde el ámbito académico en la difusión y explicación de figuras como la de la Justicia Transicional, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, la Jurisdicción Especial para la Paz, la ley de amnistía e indulto, y las diversas firmas de responsabilidad en el ámbito del derecho penal internacional.
Entretanto, desde el momento en que fui seleccionado como magistrado de esa jurisdicción hasta la fecha, han pasado muchas cosas: se expidió la Ley Estatutaria sobre cuya exequibilidad no existe todavía un pronunciamiento de la Corte Constitucional; la Jurisdicción Especial para la Paz fue instalada y la mayoría de sus funcionarios y empleados comenzaron a desarrollar sus labores, con apoyo en las pocas disposiciones legales que hasta ahora se han expedido para regular su operación; sus primeras decisiones, tanto en temas administrativos como judiciales, han sido objeto de cuestionamientos que han impactado negativamente su credibilidad; el Congreso de la República no ha aprobado las normas de procedimiento que regirán el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz; el resultado de las elecciones parlamentarias y presidenciales mostró que un sector importante del nuevo Congreso y el propio presidente electo, se inclinan por introducir ajustes en algunos temas relacionados con el acuerdo de paz, entre ellos varios que atañen directamente al funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Mi vida profesional ha transcurrido, fundamentalmente, entre la academia y el litigio, que tienen en común la confrontación racional de ideas. Ahora, cuando se plantea la posibilidad de discutir posibles modificaciones al componente de justicia del acuerdo de paz, creo que puede ser de más utilidad opinando libremente sobre ellas desde el ámbito académico, que desde una magistratura que no solo tiene limitaciones propias que el cargo impone, sino que ni siquiera cuenta con las herramientas necesarias para comenzar a funcionar de manera integral.
Las anteriores razones me mueven a comunicarles que no asumiré el cargo de magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz para el que fui seleccionado por el Comité de Escogencia en septiembre del 2017,
Atentamente,
Yesid Reyes Alvarado”.
