La jueza Joan E. Donoghue, presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ubicada en La Haya, Países Bajos, dio a conocer el día de ayer el fallo sobre el caso que enfrenta a Colombia con Nicaragua, en el que el país centroamericano alegaba una presunta violación a la soberanía y al derecho internacional por parte de Colombia.
En la resolución, la CIJ estableció que el país, efectivamente, violó la soberanía de Nicaragua mediante la autorización de permisos de pesca e investigación. Sin embargo, el tribunal internacional señaló que las operaciones de la Armada Nacional en el Mar Caribe no son un motivo de violación del derecho internacional. Esto, por considerar que la evidencia que presentó el Estado centroamericano frente a este punto no fue suficiente. “Con esto se manifiesta que Nicaragua ha fallado en demostrar, por lo tanto se descarta ese punto”, según leyó la jueza.
Igualmente, el fallo determinó que Colombia tiene derecho a una zona contigua en San Andrés y, al mismo tiempo, desestimó la contrademanda interpuesta por nuestro país con respecto a los derechos de pesca de la comunidad Raizal. Sobre ese punto, la CIJ solicitó a las dos naciones suscribir un tratado bilateral.
Tras la decisión del tribunal internacional, existe una gran incógnita; ¿qué viene ahora? El equipo de defensa de Colombia, en cabeza del Agente Carlos Gustavo Arrieta, explicó que, a la luz del fallo y de ahora en adelante, la Armada Nacional podrá hacer presencia en la zona, siempre y cuando se adelanten operaciones enmarcadas en la lucha contra los delitos transnacionales y el narcotráfico.
A la comunidad Raizal se le mantendrán sus derechos de pesca, siempre y cuando sea en las 12 millas náuticas establecidas desde la costa de San Andrés, así como sus derechos de libre tránsito para llegar a los bancos de pesca en aguas colombianas, en lo que Nicaragua no podrá interferir.
Al respecto el profesor y director del Grupo de Investigación de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, Ricardo Abello, sostuvo que “tiene que haber un acuerdo entre los dos Estados, porque no se logró probar que los Raizales realizan sus faenas de pesca en una zona económica exclusiva nicaragüense”.
Este fallo resuelve una de las demandas interpuestas por Nicaragua contra Colombia ante la CIJ. La otra, sobre la delimitación de la plataforma continental, sigue en pie y la CIJ podrá citar audiencias orales en el curso de este año. En ese caso, la Corte aceptó la contrademanda de Colombia que busca reformar el decreto de puntos y líneas de base, instaurado por Nicaragua, que mide sus espacios marítimos en el Mar Caribe.
Frente a este panorama, el docente e investigador en derecho internacional, Enrique Prieto-Ríos señaló que los tratados a negociar estarán en manos del próximo gobierno.
“Lo que se esperaría es que el gobierno entrante pueda llegar a una solución diplomática. Lo mejor sería pactar un tratado con Nicaragua de acuerdo a los parámetros de la CIJ y garantizar la pesca artesanal, porque Colombia tuvo problemas técnicos frente a ese punto anteriormente”, concluyó, en línea con lo expuesto por varios expertos.
