Por: Pablo Arteaga/ La miseria política es más grande en nuestra región que la gran riqueza de los recursos naturales que abundan en ella. Es como si nos hubiese caído la peste de la desidia y el abandono y solo fuese permitido hacer del peculado y el enriquecimiento ilícito con los bienes públicos, la forma de sobrevivencia y el mejoramiento de la vida personal.
Tan grande ha sido el daño que hoy se añora a algún alcalde, no porque impulsara el progreso o la justicia social sino porque democratizó la corrupción, “roba y deja robar”, se decía como una verdad incuestionable.
Soy de los que milito y creo en otra forma de ejercer el servicio público para crear confianza en las comunidades sobre el valor de las políticas gubernamentales. No soy de los que como en forma mentirosa pregonara un mandatario de la región cuando para seducir a las comunidades, dejaba caer en sus reuniones la idea de que los “recursos públicos, son recursos sagrados”. Esas declaraciones sugestivas e impactantes solo tenían propósitos electorales. No era una convicción, una actitud sincera.
Soy de los que cree más en la participación real de las comunidades en la toma de las decisiones para distribuir y priorizar los recursos. Soy de los que cree que las iniciativas del sector privado son un elemento dinamizador del progreso, generador de empleo y riqueza social.
Se vienen grandes oportunidades para toda el Magdalena Medio y en las que la recuperación de la actividad petrolera, amigable con el medio ambiente, respetuosa de los derechos vitales de la comunidad, va a adquirir un gran papel. Así los señalan los indicadores económicos. Y esto traerá consigo incremento de la renta petrolera, en especial las regalías, para fortalecer los fiscos municipales. Esto al lado de los procesos de la plataforma logística multimodal hacen más esperanzador nuestro futuro como región, pero todo depende de nuestra actitud como ciudadanos, líderes y dirigentes empresariales.
No podemos seguir pensando y actuando como bandidos, como lo han hecho muchos mandatarios, concejales, empresarios y dirigentes comunitarios. No se puede seguir viendo las rentas del Estado como un botín familiar o de una bandola de concejales unidos por el cordón umbilical de la corrupción. Y para que esta ‘miserableza’ política se supere hay que devolverles a las comunidades el derecho a participar en la toma de las decisiones fundamentales en cuanto al manejo de los recursos públicos.
Claro que eso fastidia a los amigos del “voy por lo mío” y los que quieren enriquecerse en un “cuartico de hora”. Pero no importa ellos son parte de la gran enfermedad que tienen postrada la región hace décadas. Lo que importa es oficializar y sostener una filosofía de “consejos comunales” practicada con éxito en algún momento de la historia administrativa del país.
Le propongo al presidente electo Dr. Iván Duque Márquez, desde esta bella y atractiva región, la creación de lo que podrían ser los Consejos Territoriales de Participación Ciudadana, espacios de diálogo colectivos, francos y transparentes donde surjan hojas de ruta que comprometen a los administradores públicos, los empresarios y las comunidad en el diseño de la matriz de acción o plan de vuelo de cada municipalidad. Esto debe ser un compromiso de todos, en el fortalecimiento de estos. Un antídoto contra los asaltantes oficiales del erario público.
Esto es el ejercicio de la democracia desde los espacios propios del ciudadano que sabe y conoce de sus necesidades y puede contribuir en planes de acción focalizados por comunas, corregimientos, municipios o la región.
Pueda ser que el nuevo Gobierno Nacional le dé espacio a esta herramienta tan importante y fundamental que aportaría muchísimo a la construcción de la Colombia que soñamos.
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