Por: Diego Ruiz Thorrens/ El pasado 28 de julio, exactamente un mes después de la celebración y conmemoración del Orgullo LGBTIQ+, fue asesinado el líder LGBTIQ+ Jeison Andrés Vásquez en la Comuna 13 (San Javier), en el Barrio de Pablo Escobar de la ciudad de Medellín. El joven de tan solo 29 años de edad, profesional en comunicación social y periodismo de la universidad pontificia bolivariana “fue encontrado muerto con tres heridas de bala en la cabeza junto a sus pertenencias (por lo que se descarta un robo). Las autoridades ya se encuentran investigando todos los hechos. Todo indica que fue un crimen por odio homofóbico, debido a su orientación sexual, su activismo y su visibilidad”, registraron varios medios de comunicación nacional.
Un día antes a este crimen, el pasado 27 de julio, fue asesinada Nicolle Muñoz, joven Mujer Trans de la ciudad de Cali. Según testigos que auxiliaron a la víctima, Nicolle era “una trabajadora sexual de la zona y como era costumbre estaba parada en la Carrera 7 con Calle 21, hasta que un vehículo la recogió, dio una vuelta a la manzana y después el cuerpo de Muñoz fue tirado del vehículo. De inmediato las personas que se encontraban en el lugar fueron a auxiliarla, pero se percataron de que tenía varias heridas de arma de fuego en su humanidad”.
A pocas horas de ocurrido el crimen, la Santamaría Fundación, organización que trabaja por el bienestar y los derechos de las mujeres trans tanto del departamento del Valle del Cauca como de todo el país, denunció que las declaraciones ofrecidas por la Policía Metropolitana de Santiago de Cali – MECAL sobre este nuevo transfeminicidio presentaron inconsistencias que disienten con lo declarado por las y los testigos presentes al crimen. “Algo huele mal”, manifestó el equipo de Santamaría Fundación en redes sociales, y sus sospechas son justificadas: en tan solo 4 años, más de 40 Mujeres Trans han sido asesinadas, algunas de ellas, a manos de la misma Policía Metropolitana de Santiago de Cali. Lo más triste de todo, es que la mayoría de estos crímenes aun no inicia una investigación formal, o no son considerados como crímenes cometidos contra mujeres (transfeminicidios), quedando en la impunidad.
Los crímenes perpetrados contra la humanidad de Nicolle Muñoz y de Jeison Andrés Vázquez encienden (de nuevo) las alarmas sobre el escenario de violencia que golpean a personas de los sectores de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales y queers en todo país, violencias traducidas en una interminable lista de asesinatos, feminicidios y crímenes de odio que tienen como fin cosechar el miedo social entre personas sexualmente diversas y mermar, lacerar los derechos adquiridos.
En Colombia, a pesar del avance en el reconocimiento en derechos de los sectores LGBTIQ+, este miedo (que es justificable) se ve potenciado con la actuación de (algunas) instituciones del Ministerio Público, esencialmente, aquellos encargados de investigar crímenes de odio en razón de la orientación sexual, la identidad de género y las expresiones de género no heteronormativas. Muchas de estas investigaciones, de estos crímenes, se encuentran (o quedan) engavetadas. Otras, como se mencionó arriba, no inician una investigación formal. Y a todo esto, se suma el desprecio y la desidia manifiesta de muchos funcionarios pertenecientes a estas instituciones públicas cuando el crimen es cometido contra una persona LGBTIQ+.
Según decenas de testimonios de personas LGBTIQ+ víctimas de la violencia, documentados en múltiples informes sobre diversidad sexual y derechos humanos, “el desprecio y el maltrato de algunos funcionarios a los denunciantes y víctimas LGBTIQ+ es palpable, logrando en algunas ocasiones, responsabilizar a la víctima de la violencia que está denunciando”.
En el departamento de Santander, principalmente, su área metropolitana y en la región del distrito de Barrancabermeja, el panorama de crímenes y actos de violencia cometidos contra personas de las poblaciones LGBTIQ+, en especial, contra hombres de la población gay y personas de la población trans, no dejan de ser preocupantes. En lo corrido del año, a pesar de la visibilidad que adquirió uno de los crímenes que más sacudieron a la ciudad de Bucaramanga como fue el feminicidio cometido contra “la Leona”, según la corporación Conpazes, esta suerte de visibilidad no la comparten muchos de aquellos crímenes que ocurrieron anterior y/o posterior a este.
En lo que va trascurrido del 2022, se han identificado 2 homicidios contra hombres gais en razón de su orientación sexual y más de una decena de actos de violencia contra personas LGBTIQ+, crímenes caracterizados por la extrema violencia con que son cometidos y que no han sido visibles ni medios de comunicación ni mucho menos en redes sociales. Y lo peor de este escenario es que las cifras de crímenes de odio pueden ser más altas, debido a que la gran mayoría de las investigaciones se realizan con un total desconociendo del enfoque de género y diversidad sexual.
Ser LGBTIQ+ en Colombia no debe significar con “cargar una cruz”. Por ello, debe existir una voluntad institucional que sea real, certera, y que priorice, tanto la reducción de la criminalidad como la prevención del crimen, y para alcanzar estos objetivos, también se debe impulsar la promoción de derechos de personas con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género no heteronormativas en todos los escenarios y espacios a los que la educación, la justicia y la equidad social puedan acceder. No debemos normalizar y/o naturalizar los diferentes tipos de violencia que encontramos, violencia que con el pasar de los días continúa cobrando más vidas, vidas que se traducen en pérdidas que tienen un profundo impacto no solo en nuestra comunidad, sino en toda una sociedad que pareciera retroceder en derechos.
…
*Estudiante de maestría en derechos humanos y gestión de la transición del posconflicto de la escuela superior de administración pública – Esap seccional Santander.
Twitter: DiegoR_Thorrens
Facebook: Vihda Santander
