Por: Iván Andrés Vega Molina/ Hemos emprendido una empresa compleja con mis estudiantes de diversos semestres. La empresa no es otra que, tratar desde un perspectiva eminentemente académica y desde la técnica jurídica, un tema que aunque está en boca de sabios y comunes, pareciera que nadie tiene una idea clara de lo que significa; un concepto en el que, después del nombre de nuestro señor, se ha jurado en vano y prometido los milagros más inesperados de la eras actuales, un sustantivo que, en los discursos actuales, es la guardia pretoriana de avanzada de los políticos posmodernos y sus aspiraciones, quienes con más ínfulas que certezas, han prometido una batalla final en contra de esta figura arraigada inclusive a sus propias prácticas. En efecto, el título es obvio a esta presentación, me refiero a la corrupción.
Sin embargo, aun cuando todos estamos de acuerdo que es el principal cáncer que carcome la nación, por más que consulto a propios y ajenos, no he encontrado consenso cuando pregunto: ¿Qué es corrupción? Por cada individuo hay una respuesta, algunas con similitudes e inclusive otras totalmente contrarias.
Esta particularísima circunstancia de que no exista un concepto común, me hace pensar que, sin que exista una definición clara y asimilada socialmente de lo que son las prácticas distorsionadas y corruptas, va a resultar imposible que como sociedad, es decir como conglomerado de personas y no como Estado, podamos diagnosticar, evaluar y superar este fenómeno y, por el contrario, seguiremos dejando la batalla en contra de la corrupción en manos de los políticos, dando así razón a esa frase emanada del brillante ingenio de Groucho Marx cuando se refería a la labor de los políticos: “la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”.
Para definir corrupción necesariamente debo remitirme a Transparencia Internacional, entidad que lleva años documentando y escalafonando las razones por las cuales decimos que existen países más corruptos y otros menos corruptos. Esta entidad señala que: “La corrupción consiste en el […] abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones […].
En mi concepto, dicha definición se queda corta, en tanto que, se señalaría que la corrupción meramente busca el interés material o pecuniario y, en realidad, el beneficio particular bajo mi óptica es una consecuencia derivada de las prácticas distorsionadas, pero también se queda esencialmente corta cuando observamos los indicadores que se miden anualmente para calificar a un país. Así, por ejemplo, en el último testeo, uno de los aspectos en los que se hizo mayor énfasis fue la protección de los derechos humanos calificando con rudeza a los países en que estos no eran garantizados.
Como ejemplos de esta idea están los casos Venezuela, Nicaragua y, para quienes defienden a la nueva vedette de la política latinoamérica, el señor Nayib Bukele, El Salvador, a quien se le asigna un puntaje de 34/100. En tal sentido, existe entonces una relación directa entre la garantía de los derechos civiles y los índices de corrupción, esta idea básicamente se concreta en que, a través de la protección de las garantías fundamentales entendidas estas como límites al poder, es posible controlar el accionar del Estado, sus funcionarios o los particulares que cumplen funciones públicas.
Por otra parte, considero incompleta la definición ya que se desarraiga de la esencia del Estado, la cual no es otra que la garantía de los servicios públicos, tales como los servicios de justicia, salud o educación; por ello es que el Banco Mundial define la corrupción como el “uso indebido de servicios públicos para beneficio personal”.
Para mí, este es el criterio más evidente y afecta todo el sistema político y administrativo del Estado ya que se ha limitado el acceso a los servicios públicos sólo a quienes tienen un padrinazgo de algún político, consolidando la nefasta relación entre votos y funcionamiento del Estado, siendo la capacidad electoral la razón del poder político en la práctica. Entonces, por ejemplo, trámites esenciales como la expedición de una certificación de la calificación del Sisben, el servicio de vacunación o la pavimentación de una calle, no quedan sometidos a la rigurosidad del deber de prestación a cargo del Estado sino al relacionamiento de una comunidad con la clase política.
Entonces, ¿qué es corrupción? Empiezo mi serie de artículos uniendo cada una de las definiciones que he recogido de tan notables fuentes para señalar que, corrupción es el abuso del poder que atenta contra la garantía de los derechos fundamentales utilizando el deber de prestación de los servicios públicos a cargo del Estado en beneficio propio con la finalidad de concentrar el poder político; esta definición considero que describe de manera más amplia el círculo vicioso de la corrupción, “su finalidad es la concentración de poder político a partir, precisamente, del abuso del poder político”.
Ahora opinen ustedes.
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*Abogado, especialista en derecho constitucional, laboral y maestrando en derecho público.
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